La OIT definió éste como el problema “más urgente” en la región, a la vez que el FMI advirtió de las previsiones económicas negativas para este año.
A menudo, a los habitantes de países latinoamericanos se los escucha decir “no me alcanza” o “no llego a fin de mes”. Estas afirmaciones que inicialmente se daban más entre personas desempleadas o atravesando alguna situación en particular, hoy en día se ha extendido a buena parte de la sociedad, sin importar el país.
La Organización Internacional del Trabajo abordó esta cuestión en su último informe y advirtió que “la calidad del empleo y los insuficientes ingresos laborales y totales generados por los trabajadores y sus familias” constituyen el problema “más urgente” en la región.
Mientras algunos optan por migrar hacia norteamérica en busca de mejores condiciones de vida -incluso, siendo conscientes de los peligros a los que se exponen- muchos otros no cuentan con los recursos suficientes para emprender estas travesías y se ven obligados a permanecer en su país, inmersos en un círculo vicioso del que no logran salir.
Y es que, casualmente, no es sólamente un tema de trabajo informal y bajos salarios lo que los aqueja sino que, a ello, se debe sumar un factor no menor: la crisis inflacionaria global que se desató tras la pandemia del coronavirus y de la cual el mundo aún no logra recuperarse.
Este escenario ha derivado en un poder adquisitivo mermado y restringido en la mayoría de la población latinoamericana que, a su vez, dio lugar a lo que se conoce como el “fenómeno del trabajador pobre”.
La OIT utiliza este término para referirse a “aquellas personas que, aún teniendo empleo, -incluso formal- pueden encontrarse en situación de pobreza”.
Datos de 2021 del Banco Central expusieron que los salarios mínimos en la región van en discordancia con la realidad económica de los países y no se actualizan en línea con las tendencias y previsiones de cada temporada.
En El Salvador, por ejemplo, el ingreso básico es de USD 243 mientras que en Honduras es de USD 331 y en Guatemala, de USD 403. En esa misma línea se ubica el salario mínimo de Panamá, que alcanza los 380 dólares aunque destacan en los extremos los casos de Costa Rica, con USD 640 y de Nicaragua, con USD 213.
Por su parte, estos lugares registran índices muy bajos de desempleo, siendo del 2,6% en la dictadura de Daniel Ortega, 8,7% en el país de Xiomara Castro, 9,9% en la nación de Laurentino Cortizo y 11,8% en la gestión de Rodrigo Chaves. No obstante, la informalidad ronda el 50 por ciento.
El hecho de que la mitad de la población empleada lo haga de forma no registrada deriva del delicado contexto social y la falta de recursos de la población, que los obliga a aceptar trabajos con salarios más bajos, sin acceso a la seguridad social y -generalmente- en malas condiciones y vastas desprotecciones.
“Los empleos paupérrimos no colaboran con la economía”, comentó al respecto el economista Felipe Argote que explicó que los estados latinoamericanos aplican “un concepto muy antiguo de que para preservar los empleos”, los trabajadores deben conformarse “con muy poco” y esto impulsa la informalidad.
De todas formas, quienes sí acceden o accedieron a un trabajo formal tampoco pueden dormir tranquilos. En Panamá, una pensión de 700 dólares -que representa poco menos del doble de un salario mínimo- “está hipotecada”: apenas alcanza para cubrir los gastos de la casa, los servicios básicos, y la comida que, a su vez, están cada vez más caros.
Este es otro de los problemas más latentes en la región. Los sueldos se ubican por debajo del costo de la canasta básica -en algunos países la diferencia llega al 40 por ciento- lo que imposibilita llevar una vida adecuada.
En ese sentido, el Fondo Monetario Internacional emitió un nuevo informe en el que brindó sus previsiones para el año en curso y expresó su preocupación de que la inflación latinoamericana se enquiste en un punto “inaceptablemente” elevado.
“Las presiones de precios que acompañaron la pujante actividad económica el año pasado parecen ya haber alcanzado su nivel máximo pero la inflación subyacente -que excluye elementos volátiles como alimentos y energía- se mantiene en niveles persistentemente elevados”, escribieron Gustavo Adler y Nigel Chalk del Departamento para las Américas del organismo.
Para revertir esta tendencia y evitar que la inflación en los países de la región pueda llegar hasta al 13,6% -exceptuando los casos de Argentina, Venezuela y Haití, donde ya superan el 100%, 250% y el 30%-, los expertos llamaron a los Ejecutivos a trabajar en forma conjunta con los bancos centrales.
“La política fiscal podría asumir un mayor protagonismo mediante una orientación más contracíclica este año” o, en otras palabras, adoptar una postura más restrictiva que ayude a “desacelerar la demanda interna y permita que las tasas de interés comiencen a bajar más pronto”.
Ello no significa recortar los principales programas sociales o el gasto en salud, educación e infraestructura pública, resaltó el documento, ya que son los hogares de ingresos más bajos los principales perjudicados.
Por Inés Ehulech / INFOBAEACERCA DEL CORRESPONSAL
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