En marihuanales dispersos en el territorio del país, la mano de obra indígena va desplazando a la campesina, a raíz de que el trabajo que ofrecen es mucho más barato. Esta es una de las conclusiones citadas por el académico e investigador social Carlos Peris, quien señaló que el estudio que realizaron al respecto, revela además el papel que cumple el factor policial en el negocio en cuestión.

“En entrevistas con cultivadores de marihuana,  son los más interesados en que el rubro sea legal. porque en la actualidad, la ilegalidad del producto favorece a la Policía, que cobra altos montos por supuesta protección”, señaló Peris a la emisora 1020 AM.

“Líderes campesinos en San Pedro, dicen que hoy en día el negocio dejó de ser rentable, porque pagan coimas a policías, y por eso (los financistas) van con indígenas que incursionan en la siembra y son más fáciles de explotar“, agregó.

Peris significó que la ilegalidad del cultivo de la marihuana es altamente favorable a las autoridades que cobran a cultivadores, para permitirles la explotación del negocio.

De acuerdo con los datos relevados en el campo, puntualizó, los policías cobran hasta 5 millones de guaraníes (de coima) por hectárea. Considerando que en promedio cada familia de cultivadores tiene 11 hectáreas, esto suma cifras siderales solamente por “protección” para los cultivadores.

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