El Gobierno del presidente Luis Arce debe dialogar sobre la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo para evitar un conflicto social en Bolivia, coincidieron dos economistas consultados en Tarija.
Según el economista Gabriel Gaite, hay temor porque los aportes de los empleados públicos y trabajadores sean utilizados por el gobierno, a través de esa entidad, para solucionar el problema del déficit fiscal desde hace 10 años.
«Por eso se genera la protesta de varios sectores, entonces al Gobierno solo le queda que la Gestora Pública no funcione y derogue o modifique la Ley 065 de Pensiones. Si no dialoga, todos los sectores se van a movilizar porque quién les garantiza que no harán el mal uso de aportes de más de $us 23.000 millones», dijo Gaite.
El expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Víctor Hugo Figueroa considera que el gobierno de Arce debe negociar con los sectores movilizados y algunos proponen que en el directorio de la Gestora Pública ingresen sus representantes para supervisar su buen funcionamiento.
A esta posible salida, indicó el economista, se suma la necesidad de modificar la Ley 065 de Pensiones debido a que data de 2010.
«No es un problema de jubilados, la gente piensa que esto va afectar a los que ya se jubilaron. Es un problema que va afectar a los trabajadores activos y pasivos porque el Estado no puede ser juez y parte, cuando su función es regular y supervisar», comentó.
A criterio de Figueroa, con la Gestora Pública, el gobierno no puede ser árbitro y jugador en un partido donde se juegan aportes privados que son de toda una vida laboral de los empleados públicos y trabajadores.
En 1997 se denunció en el Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (Focssap) un mal manejo de los aportes por la apropiación indebida de Bs 2,5 millones por el exgerente Dante Escóbar.
El ex funcionario, detenido en la cárcel de San Pedro, fue capturado en 1998 en Argentina, donde hasta cambió su fisonomía para eludir a la justicia.
«Tenemos esa mala experiencia con el manejo de recursos que son privados por esa entidad estatal, es difícil pensar que el gobierno no vaya a utilizar el dinero de los aportantes, aunque ya lo hizo en la administración de las AFP´s», expresó Figueroa.
Gaite se sumó al cuestionamiento al decir que existe desconfianza de los aportantes en la Gestora Pública.
El Deber.
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