En el país, los homicidios registraron el número más bajo desde 2007. Sin embrago, los feminicidios van en aumento y casi 51.000 mujeres al día sufrieron violencia.
Como siempre ocurre durante la semana del 8 de marzo, fecha en la que se conmemora en todo el mundo el Día de la Mujer, junto con las celebraciones llegan las evaluaciones y las preguntas: hacia dónde vamos, qué queremos, cómo pretendemos proteger – y posiblemente mejorar – nuestro lugar en el mundo. Aunque cada país tiene sus peculiaridades al respecto, algunos temas son idénticos en todas partes, como el de la violencia.
Brasil no se queda atrás, y de hecho llama la atención que en el espacio de unas horas hayan salido a la luz dos informes cuyos datos muestran claramente la esquizofrenia de nuestro tiempo. Por un lado, en el país de la samba, el índice de homicidios se ha desplomado como no lo hacía desde 2008, y por otro, los femicidios van en aumento. En resumen, se mata menos, pero cuando ocurre son sobre todo las mujeres que caen.
Según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública divulgados la semana pasada, el número de homicidios en 2022 cayó un 1%, con 40,8 mil personas asesinadas, el número más bajo desde 2007.
Sin embargo, otro informe del mismo Foro publicado casi al mismo tiempo, titulado “Visibles e invisibles: las mujeres como víctimas en Brasil”, fotografía una realidad preocupante.
En 2022, casi 51.000 mujeres al día – el equivalente a un estadio de fútbol lleno – sufrieron violencia, en sus más variadas formas: desde intentos de asesinato a amenazas con armas, pasando por palizas, pero también insultos verbales. En 2021 se registró un feminicidio cada siete horas en Brasil. Las más vulnerables son las mujeres negras (48%), con bajo nivel de escolaridad (49%), con hijos (44,4%), divorciadas (65,3%) y en el grupo de edad de 25 a 34 años (48,9%). Casi la mitad de las víctimas admitieron que no denunciaron el delito por falta de confianza en la policía. Por lo tanto, es necesario un nuevo pacto social para restablecer la relación de confianza con las instituciones. Una de las recomendaciones del Foro Brasileño de Seguridad Pública es que se aplique una ley aprobada en 2022 que obliga a destinar el 5% del presupuesto del Fondo Nacional de Seguridad Pública a la lucha de la violencia contra las mujeres.
En el gobierno de Jair Bolsonaro, los fondos asignados al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos para la protección de las mujeres cayeron de 100,7 millones de reales, casi 20 millones de dólares, en 2020 a 30,6 millones de reales, seis millones de dólares, en 2021.
En su programa electoral, Luiz Inacio Lula da Silva destacó que el estado debe “garantizar la protección integral de la dignidad humana de las mujeres, así como desarrollar políticas públicas de prevención de la violencia.” El próximo 8 de marzo, el ministro de Justicia, Flávio Dino, anunciará una serie de medidas en favor de la defensa de las mujeres. Entre ellas, el regreso de la “Liga 180″, un número de teléfono que les permitirá la denuncia de sus agresores y pedir ayuda. “Reforzaremos las políticas del Ministerio de la Mujer en diversas áreas”, anunció el ministro, “y será un 8 de marzo con muchas novedades, entre ellas la ampliación de las Casas de la Mujer en muchas ciudades brasileñas”.
La Casa de la Mujer brasileña fue creada por el gobierno de Dilma Rousseff en 2015 como parte del programa ‘Mujer: Vivir sin Violencia’ un proyecto para integrar las políticas públicas para las que sufren violencia domestica. Los centros ofrecen asesoramiento psicológico, jurídico e incluso médico a los cientos de mujeres amenazadas casi siempre dentro de su núcleo familiar.
Siempre el 8 de marzo, Lula anunciará un proyecto de ley para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Según datos del censo brasileño IBGE y del Informe Anual de Información Social (REIS) las mujeres negras en Brasil ganan un 71% menos que los hombres blancos. Una situación, esta, que no hace más que ampliar la ya amplia brecha social. La reforma laboral aprobada en 2018 incluía una multa para las empresas que pagasen de forma diferente a hombres y mujeres por igual trabajo. Sin embargo, el valor de la multa fue mínimo y el resultado acabó siendo el opuesto al que se pretendía. En 2021, un proyecto de ley que aumentaba la multa a cinco veces el valor de la diferencia salarial pagada por el empleador fue bloqueado en la Cámara de Diputados. Según Simone Tebet, Ministra de Planificación, “necesitamos multas elevadas, la ley es sólo un primer paso, pero sabemos que la discriminación es cultural y estructural. Estudios del Banco Mundial afirman que es posible erradicar la pobreza en el mundo igualando los salarios entre hombres y mujeres.”
Desde su toma de posesión, Lula se ha centrado en construir un gobierno con el mayor número posible de voces femeninas. Once de sus ministros son mujeres, al igual que las recientemente nombradas presidentas de los dos bancos públicos brasileños, la Caixa Econômica Federal y el Banco do Brasil. Entre las mujeres nombradas destaca también como ministra de Igualdad Racial Anielle Franco, hermana de Marielle Franco, concejal del partido de izquierda Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) y activista por los derechos humanos asesinada en 2018 en Rio de Janeiro. Aunque nunca se descubrió al mandante, los investigadores detuvieron a un grupo de milicianos como autores materiales del asesinato. El hecho de que uno de ellos, Ronnie Lessa, viviera en el mismo bloque de apartamentos de Bolsonaro suscitó más de una pregunta en la prensa brasileña. El ministro Dino hizo abrir una nueva investigación de la Policía Federal en febrero, con la esperanza de detener a los mandantes y hacer justicia a una mujer que en Brasil se había convertido en un símbolo de la defensa de los derechos humanos y de las minorías.
Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, las mujeres brasileñas siguen viendo pisoteados sus derechos. Hace unos días fue noticia la detención en San Pablo de una mujer de 40 años por someterse a un aborto clandestino.
Se trata de un problema que afecta al menos a un millón de mujeres, según datos presentados en una audiencia pública en el Supremo Tribunal Federal (STF) en 2018. Una mujer muere cada dos días a causa del aborto clandestino en el país. Las víctimas son por lo general de bajos ingresos y negras que no tienen acceso a la seguridad de las clínicas clandestinas utilizadas por las más ricas. En Brasil, sólo se puede abortar legalmente en caso de violación, riesgo para la vida de la madre o si el feto es acéfalo. En los demás casos, las mujeres se arriesgan a una pena de uno a tres años de cárcel. En junio pasado, un documento sobre el aborto elaborado por la Secretaría de Atención Primaria del Ministerio de Salud causó polémica al afirmar que “no existe el aborto legal” en Brasil, contradiciendo lo que establece la legislación. El texto también hablaba de la posibilidad de investigar penalmente a las víctimas de violación y a las mujeres embarazadas que aborten en caso de riesgo de muerte.
En febrero, Cida Gonçalves, ministra de las Mujeres, ministerio recreado por Lula (antes estaba asociado al de Familia y Derechos Humanos), declaró en una entrevista al sitio de noticias UOL que la discusión sobre el tema no ocupa un lugar destacado en la agenda del presidente: “Es una discusión para el Congreso. Es el Congreso el que puede debatir, alterar y modificar la ley existente”. Y cuando se le preguntó qué pensaba ella como mujer, la ministra dijo que su opinión no era relevante. “Cuando te conviertes en ministra”, afirmó, “representas a tu gobierno y tienes que dejar tus opiniones personales en otro lugar”. De hecho, el tema del aborto es espinoso porque podría privar a Lula del apoyo político de la llamada bancada evangélica en el Congreso, que apoya a Bolsonaro desde hace años, pero que podría ser indispensable cuando se voten las nuevas medidas económicas de su gobierno, ya criticadas por muchos economistas ortodoxos.
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