Las industrias de Santa Cruz sufren ya restricciones de gas natural para autogeneración de energía eléctrica y denuncian que el Gobierno resta este energético al sector para priorizar la exportación a los mercados de Argentina y Brasil.
Con el Decreto Supremo 4794, de septiembre del año pasado, el Gobierno restringió el uso del gas natural para los industriales con el fin de que YPFB pueda venderlo a mejores mercados. De esa manera, el sector debe dejar de emplear gas para la autogeneración de energía en las empresas y conectarse al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Luis Fernando Strauss, gerente de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), señaló que con la norma el Gobierno dispuso un plazo mínimo a las industrias, para que se conecten al Sistema Interconectado Nacional y tengan energía eléctrica por el tendido eléctrico convencional. “Esto no fue consultado con el sector empresarial y desconoce todos los esfuerzos e inversiones de nuestras industrias, quienes creyeron en el compromiso del Gobierno desde el 2014”, dijo.
Recordó que entre 2011 y 2014 había problemas en el sector y baja oferta de energía eléctrica, por lo que el Gobierno promovió -con el Decreto 1996- que las industrias instalen plantas con gas natural para la autogeneración de energía.
Las industrias bolivianas, creyendo en el compromiso del Ejecutivo, realizaron inversiones millonarias con la compra de generadores y otras tecnologías modernas para la autogeneración de energía eléctrica a través del gas natural.
Esto permitió que las industrias tengan una fuente de energía estable y continua, sin cortes de electricidad por el alto consumo. Esto a su vez resultó de beneficio para la población, al acceder a productos bolivianos a un menor precio e hizo olvidar los temores de cortes de energía en los hogares.
Sin embargo, Strauss señaló que ahora el Gobierno actual está quitando el gas a las industrias para priorizar la venta al exterior, ya que la reglamentación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Autoridad de Electricidad ratifica la restricción.
“Nos preocupa que el Gobierno le quite el gas a los bolivianos para entregar a extranjeros, la disposición final del Decreto 4794 dice que YPFB tiene la libertad de comercializar el gas que dejan de consumir las industrias a los mercados que pagan más recursos. Eso es Brasil y Argentina. Formalmente, el Gobierno le quita gas a los bolivianos para entregárselo a los extranjeros”, lamentó Strauss.
Para la Cainco, pese a que hubo un referéndum sobre el gas y el país peleó por la nacionalización de los hidrocarburos con la premisa de gas para el mercado interno por encima de la exportación, ahora el Gobierno cambia de política. “Las restricciones comienzan con la industria, y mañana puede ser con el ama de casa que no tenga gas para su cocina o el taxista GNV para su movilidad”, advirtió Strauss.
Señaló que las empresas que invirtieron millones en plantas de autogeneración de energía eléctrica y no pudieron aún recuperar la inversión. Además, observó que la conexión al SIN ahora para tener suministro eléctrico encarecer los costos con un aumento de 40% con lo cual se le resta competitividad a las empresas. “Donde queda el lineamiento del Plan Nacional de Desarrollo de fomentar la Sustitución de Importaciones”, cuestionó.
Aseguró que desde el sector privado no se ven resultados en la política hidrocarburífera de Bolivia y hay problemas. “Hemos pasado en los últimos 15 años de un superávit de más 5.000 millones de dólares y el año pasado hemos cerrado la gestión con un déficit de 1.000 millones de dólares en la balanza del sector hidrocarburos”, remarcó.
Por otra parte, la Cainco cuestiona por qué YPFB no realiza una certificación de reservas de gas natural con una empresa seria desde hacer cuatro años como manda la ley . “Se está acabando el gas y lo poco que hay se lo da a los extranjeros”, preguntó el ejecutivo de Cainco.
“La política de hidrocarburos en Bolivia fue ineficiente y es culpa del Gobierno Nacional no haber fomentado las inversiones para nuevas exploraciones y explotación de reservas de gas. No es culpa de las empresas la mala política de hidrocarburos sino la de nuestros gobernantes. No podemos pagar los platos rotos por su ineficiencia, quitándonos el gas para autogenerarnos energía eléctrica”, puntualizó Cainco.
Strauss subrayó que el Gobierno está obligado a garantizar el consumo y mercado interno del gas de manera permanente e ininterrumpida para el consumo industrial y doméstico. Esto no lo dice un simple Decreto Supremo, sino la propia Constitución Política del Estado, la Ley 3058 “Ley de hidrocarburos” y la Ley 3740 “Ley de desarrollo sostenible del sector de hidrocarburos”.
Cainco pide al Gobierno que reflexione y deponga la medida asumida en el Decreto Supremo 4794 y se permitan a las industrias seguir con la autogeneración de energía con gas natural.
Se solicita reconocer las inversiones y esfuerzos que hicieron las familias empresarias, quienes le pusieron el hombro al Gobierno el 2014 en adelante, cuando se estaba por ingresar a una posible crisis energética. Página Siete solicitó a la oficina de prensa del Ministerio de Hidrocarburos una reacción sobre la posición de Cainco, pero no recibió respuesta.
Página Siete
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