COFE dice que la tijera del gobierno no tiene límites y presenta recurso de inconstitucionalidad
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) rechazó la aprobación del artículo de la Rendición de Cuentas referido al nuevo régimen de certificaciones médicas y presentará un recurso de inconstitucionalidad. El sindicato aseguró que el objetivo del gobierno “es recortar derechos y recaudar a costa de la salud de los trabajadores públicos”.
Para COFE, el nuevo sistema de certificaciones médicas constituye una “rebaja salarial” e, incluso, asegura que abogados constitucionalistas han afirmado que tanto para el derecho constitucional como administrativo, el nuevo sistema “es inconstitucional”.
Por tal motivo, el sindicato estatal presentará un recurso de inconstitucionalidad.
La tijera del gobierno no tiene límite
Para COFE, “la tijera del gobierno de coalición no tiene límites y avanza sobre los derechos y las políticas sociales, perjudicando a los trabajadores en los momentos en los que la situación económica de la familia es más compleja, ya que cuando se transita una enfermedad, se generan gastos adicionales que afectan la economía familiar”.
El sindicato entiende que los cambios que se le realizaron en el Parlamento al proyecto original del Poder Ejecutivo establecen que, durante la enfermedad, habrá nueve días en el año (alternados o consecutivos) que no generan descuento, mientras que a partir del décimo día se percibirá el 75% del salario. Lo cual, para COFE, significa “una rebaja salarial del 25%”.
“Para el gobierno de coalición, calculadora en mano, esto significa un posible ahorro de 90 millones de dólares. Detrás del discurso de desprestigio al trabajador estatal se encubre el objetivo central de achicar, recortar y violentar los derechos de los trabajadores públicos”, indicó la Confederación.
Asimismo, rechazan el hecho de que la medida se aplique sobre la administración central y los servicios descentralizados, que han sufrido, en estos últimos dos años y medio, “la política de ajuste más regresiva del gobierno”.
“Estos ajustes provocará recortes de inversiones, cese de contratos, recorte de más de 3.000 puestos de trabajo, cierre de oficinas en todo el país principalmente en el interior, desmantelamiento de los servicios, supresión de políticas sociales en los momentos más críticos de la pandemia, y reducción de gastos de funcionamiento, entre otros”, indica el sindicato.
Para la confederación, el objetivo central del gobierno “es claro: profundizar el sistema de desigualdad, engrosando la riqueza de quienes más tienen, perjudicando y extrayendo directamente del bolsillo de los trabajadores, jubilados y pensionistas ese aumento brutal de la concentración de riqueza”.
Afirman que el nuevo régimen de licencias médicas “es una disposición más del gobierno que avanza en ese sentido”.
Desde COFE han realizado propuestas concretas que “ninguna fue considerada por el gobierno ni los legisladores”.
“Consideramos que el foco debe estar en otro lado y no en el recorte y perjuicio generalizado”, opinan.
El gremio coincide con el gobierno que a las situaciones de abuso se las debe combatir, pero no a través de un sistema que perjudica al conjunto de trabajadores públicos.
“El BPS ha reconocido las dificultades para gestionar el nuevo sistema de licencias médicas en el sector público. A esto se suma que, al momento de la certificación médica, en cada prestador de salud no se identifica al médico tratante, lo cual genera más dificultades para gestionar el nuevo sistema”, considera el sindicato.
Argumentan que la nueva Ley de Rendición de Cuentas, que fue votada por los legisladores de la coalición, no tránsito ningún ámbito de negociación colectiva, “incumpliendo la Ley 18.508, de negociación colectiva del sector público”.
Propuestas
Entre las propuestas que presentó COFE, se encuentran: la de instalar los servicios de prevención y salud en los organismos públicos; un análisis serio y profundo de la determinación de las causas de las enfermedades y la vinculación a la tarea desempeñada, adoptando las medidas preventivas necesarias; dotar de personal y recursos adecuados al departamento de certificaciones de ASSE de forma que puedan realizarse los controles necesarios ante una situación de enfermedad; que los organismos convoquen a las juntas médicas en los plazos previstos; que se establezca la destitución del funcionario en caso que se falsee la realidad; instrumentar el cruzamiento de datos obligatorio de todos los organismos públicos con el BPS y un sistema de auditoría y control adecuado; e instrumentar un sistema gradual donde en una primera etapa el foco sea la mejora de los controles y seguimiento para luego, de ser necesario, analizar otras formas de abordar la situación”.
COFE lamenta que sus propuestas hayan sido ignoradas por el gobierno, cuya posición se centraba únicamente en el número final de recorte presupuestal.
lr21.com.uy
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