Alza del costo de materiales; diésel y deudas acumuladas pone al borde de la quiebra a empresas constructoras || La Cámara Departamental de la Construcción de Chuquisaca advierte sobre el riesgo de quiebra de las empresas constructoras ante el incremento de costos

Sucre, 24 de septiembre (ANV).- El presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de Chuquisaca (CADECO), Sergio Aramayo, alertó sobre la crítica situación que atraviesa el sector de la construcción a nivel nacional y local debido al incremento en los costos de materiales, el alza del diésel, las deudas acumuladas de más de un año y la falta de actualización de los presupuestos de licitación por parte de los municipios.

Ante este escenario de desequilibrio económico-financiero, Aramayo advirtió que las empresas se encuentran en riesgo de quiebra y que las obras públicas corren el peligro de quedar paralizadas, por lo que instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a establecer mesas técnicas de trabajo para encontrar soluciones viables.

De acuerdo con el representante del sector, el incremento de los costos de construcción hace inviable que las empresas ejecuten los proyectos bajo los montos de contrato actualmente estancados, ya que tendrían que asumir pérdidas de entre el 30% y el 40% del valor de la obra.

Aramayo explicó que, si bien las empresas con contratos anteriores al 31 de marzo pueden acogerse al Decreto Supremo 5597 para el ajuste de precios de materiales, aquellas que firmaron contratos a partir del 1 de abril quedan desprotegidas.

«Pero ahora no hay ningún decreto vigente para las empresas que han firmado contrato desde el primero de abril», señaló, argumentando que las entidades públicas tenían la obligación de actualizar los precios referenciales, los cuales no deben tener una vigencia mayor a 120 días según las normas básicas de contratación.

La situación es especialmente compleja en el municipio de Sucre, donde las obras se adjudicaron con presupuestos del año pasado que ya resultaban bajos en su momento. A esto se suma el impacto del Decreto Supremo 5716, que incrementa el precio del diésel y encarece directamente el transporte y los insumos de construcción.

Aramayo enfatizó la necesidad de que el reajuste de precios deje de ser una medida excepcional y se convierta en un mecanismo permanente en la contratación pública para garantizar la sostenibilidad de los proyectos.

«No estamos buscando rentabilidad o riquezas para las empresas. Estamos cuantificando montos mínimos para poder construir», concluyó, al tiempo que destacó la unidad del bloque de la construcción, que incluye a la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Empresas de Chuquisaca, en la búsqueda de soluciones conjuntas.