Un tribunal chino ha condenado a muerte a un viceministro de Seguridad Pública y a otro funcionario de igual jerarquía en el área de la Justicia, además de ser privados de sus derechos políticos y la confiscación de todas sus propiedades.
Transcurridos dos años de la suspensión de esta condena, puede ser conmutada la pena por cadena perpetua sin opción a libertad bajo fianza. Se argumenta que estas medidas se adoptaron por cuanto los implicados aceptaron sobornos multimillonarios y, aprovechándose de sus cargos, obtuvieron beneficios personales.
Frente a lo acontecido en el país asiático en estos dos casos puntuales, es de preguntarse si fuera de esas fronteras se aplican iguales sanciones a funcionarios de empresas que, mediante coimas, se hacen beneficiarios de jugosos contratos y llevan a cabo otras acciones nada recomendables. Se ha publicado que empresas chinas utilizan sobornos y más deshonestidades para asegurar proyectos que, además, no se cumplen debidamente.
En América Latina, estos procedimientos no son desconocidos. En Ecuador, hay casos que alarmaron a la opinión pública, en los cuales operó el brazo de la justicia para atrapar a los culpables, en otros —como es lo usual— los implicados se encuentran prófugos.
La corrupción es un fenómeno que ha proliferado en algunos países más que en otros; en el nuestro, es verdadera pandemia, donde la impunidad campea descaradamente, hasta llegar a constituir uno de los factores adversos para no poder alcanzar el tan ansiado desarrollo.
Se ha llegado al colmo de presentarse como candidatos a elección popular personas que portan grilletes, como si ello fuera un honor, con el trillado argumento de que son perseguidos políticos. Triste es el deterioro de los principios éticos y morales. El mayor clamor ciudadano es que haya sanción efectiva para los corruptos.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN CENTRAL
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