El demoledor de edificios

La crisis de seguridad es aprovechada por grupos interesados en desestabilizar el país. El ultra-correísmo utiliza la identidad étnica y la violencia contra la mujer como argumento reivindicatorio para seducir a su electorado.

La incapacidad e ineficacia del gobierno para enfrentar problemas acumulados como el desabastecimiento de medicamentos, el libre ingreso a la educación superior, las mafias en hospitales del IESS, los niveles desbordantes de desempleo, el narcotráfico o el efecto nubloso de un feminicidio en las instalaciones de la Policía, apresuran la inconformidad en amplias capas sociales. Las estigmatizaciones y debilidad de la administración pública no permiten un entendimiento cabal de varios sucesos que han congestionado las redes sociales del espacio virtual sin resolver el verdadero desmoronamiento institucional heredado y la deshumanización reinante.

Por presión en Twitter, los cambios ministeriales y la propaganda persuasiva parecen decisiones obnubiladas más que soluciones coherentes a la guerra contra el narcotráfico y la equilibrada administración pública. El desgaste de instituciones no se puede resolver con la demolición física de edificios o con la imagen de postal navideña de funcionarias mujeres detrás del presidente Guillermo Lasso para justificar la ausencia de políticas de Estado.

La impunidad de la justicia tampoco contribuye con la ciudadanía. Las tentativas golpistas de algunos comunistas indoamericanos pasan desapercibidas por jueces y fiscales disuasivos. El indigenista Leonidas Iza reclama para sí que se indemnicen a las supuestas víctimas de sus estallidos callejeros sin mencionar a militares y policías asesinados. Un demoledor palurdo de Carondelet con carta abierta para volver a incendiar Quito.

Así las cosas, las autoridades funcionales intentan conservar su poder y repetirse hasta el final de sus días. Con unos legisladores anacrónicos que invitan a sacar ventaja del dolor ajeno y hacer activismo con la revictimización del feminicidio mediatizado (caso Bernal). Para sorpresa de muchos, la inconformidad del ciudadano está ausente. El periodismo no puede renunciar a estimular en la gente el cuidado y respeto de lo público: el castigo justo a los incendiarios de ciudades y caminos. A reclamar por la torpeza de demoler edificios y no exigir calidad profesional en la burocracia.