Autoridades de la Judicatura piden archivar juicio político

En el ejercicio de su derecho a la defensa, Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), los vocales Juan José Morillo, Ruth Barreno; y  María del Carmen Maldonado, expresidenta del CJ,  interpelados en la Asamblea Nacional,  piden al pleno el archivo del juicio político por haber desvirtuado técnica y jurídicamente  que el CJ no incumplió funciones.

Murillo:  en 2004 el ahora interpelante Luis Almeida (PSC) “ya metió  las manos en la justicia con su voto como diputado para nombrar la “Pichi corte”.

“El honorable que nos interpela ahora debe pagar 13 millones de dólares a favor de los jueces defenestrados tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  !Claro, el honorable aún no ha pagado! ”, señaló Murillo en el pleno.

Cuestionó los concursos para jueces y fiscales realizados en la administración de Gustavo Jalk,  asesor  presidencial (de Rafael Correa). «Por eso el Consejo de Participación Transitorio presidido por el doctor Julio César Trujillo los cesó en funciones,  porque habían secuestrado la justicia».

Juan José Morillo:  uno de los hallazgos encontrados en la evaluación a los jueces de la CNJ en 2019 fue un incremento injustificado del patrimonio de los magistrados. El CJ solicitó a la @ContraloriaECU  un examen especial.

El actual CJ ha tenido que asumir  las “travesuras” de Gustavo Jalkh.  “Hemos pagado 5.2 millones de dólares en sentencias por las destituciones ilegales a servidores judiciales».

Hallazgos de la evaluación:  “Existía inconsistencia e incremento de patrimonio injustificado de algunos jueces. Por eso el CJ solicitó en mayo de 2019 que se realice un examen especial al patrimonio de los jueces de la CNJ”.

En la CNJ  se estaba violando el principio de trasparencia porque no se cargaban las sentencias. La ciudadanía no tenía acceso a más de 25 mil expedientes para saber qué estaba haciendo la CNJ.

Barreno: La sentencia de la Corte Constitucional  no señala que la remoción de los jueces, producto de la evaluación en 2019, haya incurrido en violación a la independencia judicial.