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Sáb. Nov 23rd, 2024
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Los mineros apoyan a Castillo y demandan la formalización de sus labores artesanales.

El presidente Castillo niega todo cargo de corrupción en su contra y pide el apoyo de organizaciones sociales contra ataques en su contra.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, se reunió el martes en el Palacio de Gobierno con miles de obreros de la minería y representantes sindicales del Puerto del Callao para atender sus urgencias y recabar apoyo popular contra el proceso de vacancia que procesa el Congreso en su contra.

Representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú) presentaron demandas al presidente para la legalización de su actividad y las nuevas normativas que exige la práctica artesanal.

La respuesta del presidente Castillo fue reconocer que “existen decretos y normas que son lesivos para nuestros hermanos obreros y deben corregirse”. Para ello, señaló, instalarán una mesa técnica con el objetivo de atender tales asuntos.

“Tenemos la voluntad política de atender sus necesidades postergadas. La formalización minera le hace muy bien al país, al empresario minero, al trabajador y a sus familias”, dijo Castillo desde el Patio de Honor del Palacio.

Allí también arribaron unos 300 dirigentes de distintas bases sociales del Callao, entre representantes de gremios de salud, movimientos juveniles de pesca artesanal y asociaciones de vecinos.

Ante ellos anunció que en menos de 10 días realizarán un Consejo de Ministros Descentralizado en esa región para discutir los temas más acuciantes.

Ambos grupos reafirmaron el apoyo al mandatario para su permanencia en el poder, a pesar de los intentos opositores para imputarle cargos por presunta corrupción.

“Ha pasado más de un año y no hay pruebas de nada, pero se siguen creando historias contra mí y el Gobierno. Ratifico que no le he quitado ni un sol al país”, insistió Castillo.

Por su parte, el Congreso de Perú acordó “invitar” ante el pleno al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que rinda cuentas “sobre sus declaraciones en las que invocaba a organizaciones sociales a tomar acciones violentas”, refiriéndose al llamado a marchar masivamente hacia Lima, la capital, en defensa del presidente y el orden constitucional.

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