Frente a frente, sin recelo, pequeños agricultores de municipios del Norte Integrado encararon a los ministros de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) por la negativa a la adopción de material biotecnológico en los campos agrícolas Santa Cruz. Sucedió, hace días, en San Pedro, quinta sección municipal de la provincia Obispo Santisteban.
“El pedido de acceso a biotecnología no tiene vuelta hacia atrás. El pequeño productor se cansó de ‘pelear’ con la sequía, las heladas, las inundaciones y las plagas en los cultivos. Pedimos la tecnología no por locos, lo hacemos para reducir costos de producción y optimizar la productividad para garantizar la seguridad alimentaria y generar excedentes para exportar. Se viene una crisis alimentaria global y, como país, tenemos que sacar ventajas”, reflexionó Eliazer Arellano, representante de los productores del Grupo Norte Chané-Peta Grande.
Insinuó que la lentitud en la aprobación ha llevado a muchos agricultores a contrabandear variedades de semillas transgénicas, principalmente de soya y maíz, de países vecinos. “De manera ‘camuflada’ ya se produce y se consume estos granos en Santa Cruz y Bolivia”, anotó el dirigente agrícola.
Demetrio Pérez, productor y expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), también fue frontal. Reforzó que en nuestro medio ya se consumen granos transgénicos producidos de manera ilegal.
“Somos ‘piratas’, si lo somos. Estamos ‘pirateando’ eventos que ni siquiera se conocen y que nadie los garantiza. Cuando era presidente de Anapo era pecado hablar de transgénico, ahora estamos discutiendo y lo que exigimos, como productores, es que el Gobierno se apodere de esta demanda y que no sea el productor”, apuntó Pérez.
Si bien no estuvo presente en el encuentro en San Pedro, a decir del presidente de la Cámara de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, expresó que este sector no renunciará a la exigencia de acceso y uso de la biotecnología por una cuestión de sobrevivencia y desesperación. “En los últimos años el clima nos jugó en contra y lo que se genera en ingresos con la magra producción, con suerte, alcanza para cubrir deudas con los bancos y los proveedores de insumos agrícolas. Con los materiales biotecnológicos vamos a evitar el riesgo quiebra, reducir costos de producción y ganar en productividad para garantizar, en el caso del maíz, la seguridad alimentaria de este grano esencial en la nutrición animal de varios sectores pecuarios del país”, dijo.
Reconoció que, si bien hay avances en el debate sobre aspectos técnicos y experiencias científicas en cuanto a biotecnología, una diversidad de productores -chicos, medianos y grandes- han incorporado de forma ‘clandestina’ eventos no autorizados en campos de soya, maíz y algodón, que provienen de Argentina, Brasil y Paraguay.
Barrientos estima que del total de la superficie cultivada de soya en el oriente cruceño un 40% corresponde a variedades de semillas Intacta; en maíz, entre un 65 y 70%; y en el caso del algodón, un 100%. “Esa es la realidad. Por eso, como Cappo, hemos pedido una ley para regular el uso zonificado de biotecnología y homologar los eventos, en dichos cultivos, que pasaron ensayos de campo y se siembran en países vecinos. El hombre de campo quiere salir adelante, no le interesa la política ni la ideología, quiere ser parte de la reactivación económica”, refirió.
En la otra vereda
En San Pedro, los titulares del MDRyT y del MDPyEP, Remmy Gonzáles y Néstor Huanca, respectivamente, compartieron información respecto a los alcances del crédito SIBolivia, la provisión de insumos agrícolas y acopio, a cargo de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), y la normativa vigente sobre eventos de biotecnología.
En este último tema, Gonzáles explicó a los productores los procedimientos que se deben seguir en el marco de la normativa vigente para el tratamiento de solicitudes. Informó que una petición de análisis y evaluación presentada por productores para la aprobación de un evento biotecnológico, se encuentra en tratamiento el Comité Nacional de Bioseguridad.
Cabe recordar que el Gobierno anuló los Decretos Supremos 4232, 4238 y 4348 aprobados en el régimen transitorio de Jeanine Áñez para producir alimentos transgénicos. La disposición 4232 autorizaba de manera excepcional al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados en diferentes eventos, destinados para el consumo interno y comercialización en el exterior.
Lo usan cansados de pérdidas
Desde Anapo, el gerente general Jaime Hernández, insinuó que, de acuerdo con testimonios de dirigentes de pequeños productores de San Julián y de Cuatro Cañadas, se estima que del total del área cultivada de maíz un 70% es transgénico y, en el caso de la soya transgénica Intacta, un 50%. Aclaró que es producida, principalmente, por pequeños productores.
A su criterio, utilizan dicha tecnología porque están cansados de pérdidas productivas y económicas debido a condiciones climáticas adversas y al ataque agresivo de plagas cómo el gusano cogollero (en el caso de maíz) y también por la competencia desleal que genera el contrabando con maíz transgénico que ingresa de Argentina. “Los pequeños productores usan esta tecnología para ver de mejorar su productividad en los cultivos de maíz y soya”, complementó.
Hizo notar que al no estar autorizados estos eventos transgénicos -maíz BT y soya Intacta- para la producción agrícola y de semillas, la única forma de ingreso a los campos es a través de semilla ilegal que ingresa de contrabando, principalmente de Argentina.
En ese entorno, Hernández considera que es importante una decisión política para viabilizar la aprobación de eventos transgénicos en maíz y el evento Intacta, en soya, para que los productores puedan utilizar estas tecnologías de forma legal para aprovechar el máximo potencial, con genética adaptada a las condiciones de suelo y ambiente. “Eso va permitir un salto tecnológico con un aumento de productividad, para generar excedentes exportables”, manifestó.
Desde la Federación Departamental de Productores de Algodón (Fedepa), su presidente Jesús Arce, remarcó que desde 2003 el sector solicitó, sin éxito, el uso de la biotecnología para poder expandir la frontera agrícola algodonera hasta 50.000 hectáreas y que en los siguientes cinco años se logre mejorar el rendimiento promedio nacional de 9 a 33 quintales por hectárea. “Se debe considerar que el algodón no es un alimento y es utilizado para producir fibra para confeccionar textiles y para algodón hidrófilos para fines medicinales. Del aceite fácilmente podemos obtener biodiesel”, anotó.
Algodoneros locales estiman que un 90% de la producción actual en la región es transgénica.
Sin datos reales comprobables
Para el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, es lógico pensar que el productor necesita cuidar su inversión y generar certidumbre y estabilidad económica. “Es real y comprobado que la utilización de materiales genéticamente mejorados optimiza la producción y la productividad en las superficies cultivadas, reduce costos de producción. Por lo tanto, los motivos son claros, cuidar su patrimonio y obtener mejoras económicas”, afirmó, al aclarar que no existen comprobaciones y mucho menos datos reales sobre las declaraciones del supuesto uso de biotecnología en predios agrícolas.
Relievó que la implementación de eventos genéticamente modificados utilizados en otros países no es la solución a la problemática estructural del país. “La ventaja del uso de la biotecnología es que las mejoras se desarrollan en función a las características de suelos, climas, regiones, plagas, etc, y los eventos de Brasil, Argentina o Paraguay no están desarrollados para nuestra región productiva, por lo tanto, los resultados tampoco serán los mismos, además, de ser parte de un ilícito como el contrabando”, expresó Justiniano.
Regular uso mediante una ley
La Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno (Uagrm) estima que la superficie cultivada, de forma ilegal, con maíz genéticamente modificado en Santa Cruz alcanza un 80%, por lo que consideran urgente regular, mediante una ley, el uso de esta biotecnología.
Infieren de que en Bolivia actualmente se produce de manera ilegal, se importa e ingresa, vía contrabando, maíz transgénico. “Se está consumiendo maíz genéticamente modificado, pero paradójicamente no se permite el uso legal de esta tecnología”, aducen.
En la misma línea, Wolf Rolón, agrónomo con especialidad en Desarrollo Rural, cree que urge la necesidad de regular el uso interno de maíz de organismos genéticamente modificados, cuyo cultivo ilegal alcanza al 80% de la superficie cultivada en Santa Cruz.
El Deber
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