La Procuraduría General de Colombia suspendió este martes de su cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por un video en el que expresa, de forma indirecta aunque clara, su apoyo a la candidatura del izquierdista Gustavo Petro en las próximas elecciones presidenciales.
La procuradora general colombiana, Margarita Cabello, consideró que Quintero incurrió en «la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas«.
«La Procuraduría tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e inhabilidad, a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular», argumentó.
La ley colombiana impide a funcionarios públicos participar en política electoral.
La procuradora también anunció la apertura de una investigación y suspensión provisional a otros tres cargos públicos: Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué; Gustavo Adolfo Herrera, concejal de Calarcá (Quindio); y Grenfell Lozano Guerrero, personero de Nátaga (Huila).
El video
En el video en cuestión, publicado por el propio Quintero en Twitter, el alcalde acciona la palanca de cambios de una camioneta y dice «el cambio en primera».
Fin del contenido de Twitter, 1
«El cambio en primera» es uno de los eslóganes que está usando la campaña de Pacto Histórico, la alianza de izquierdas liderada por Petro.
Al ser este candidato el favorito en las encuestas, la frase expresa su ambición de ganar las elecciones presidenciales en la primera vuelta, que se disputará el 29 de mayo.
Para lograr esto y evitar ir a una segunda vuelta, necesita obtener más de la mitad de los votos.
Tras conocer su suspensión, Quintero escribió varios mensajes en la red social Twitter, entre ellos: «Ha iniciado el golpe de estado en Colombia», «Uribe y Cabello acordaron sacarme del cargo» o «La democracia está en riesgo».
FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES
Análisis de Daniel Pardo, corresponsal de BBC Mundo en Colombia
La procuraduría colombiana tiene un notable poder y suele mostrarlo, sobre todo, en los procesos de sanción y destitución de alcaldes y gobernadores en un país donde la corrupción y clientelismo parecen estar a la orden del día.
Cuando Petro era alcalde de Bogotá, un político afín al uribismo, Alejandro Ordoñez, era el procurador general. Y lo destituyó en un polémico caso que llevó a Petro, quien denunció un golpe de Estado, a la plaza pública y promover su discurso. Luego fue restituido, pero su figura se empoderó.
Ahora, otra política que formó parte de un gobierno uribista, Margarita Cabello, exministra de Justicia del presidente, Iván Duque, destituye a un también polémico -y antiuribista- alcalde de Medellín.
Los argumentos legales de las destituciones bien pueden sonar razonables. Su impacto político, sin embargo, es incalculable.
Incluso si las apelaciones a las que tiene derecho Quintero resultan en su restitución rápidamente, el hecho político, a tres semanas de la primera vuelta de las presidenciales, ya se dio. Y es difícil saber cuáles pueden ser sus implicaciones.
Redacción / BBC News Mundo
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