Tsunami de candidaturas y peligro de blanqueo para elecciones de 2023

Se calcula que alrededor de 90 mil candidatos participarán en las elecciones seccionales de 2023. Se advierten problemas para controlar el gasto electoral y el blanqueo de dinero.

El 5 de febrero de 2023 los ecuatorianos deberán escoger alcaldes, concejales, prefectos y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entre alrededor de 90 mil candidatos, según las proyecciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este excesivo número de candidatos preocupa al organismo de control que tiene aprobadas a 264 organizaciones (partidos políticos nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales) en todo el Ecuador.

Para Alfredo Espinosa, miembro del colectivo Voces por la Democracia, este alto número de candidatos se debe a la flexibilidad del Código de la Democracia. El magíster en estudios culturales con enfoque en política cree que los requisitos para la creación de organizaciones políticas son mínimos y eso conlleva a la participación de candidatos que no tienen la formación necesaria para asumir un cargo de elección popular.

 ¿Qué buscan los candidatos?

Los representantes de las distintas organizaciones políticas no necesariamente buscan ganar la elección ni llevar a cabo programas de trabajo en beneficio de la sociedad, opina Espinosa, sino hay otros intereses detrás de sus candidaturas:

Algunos candidatos, asegura Espinosa, quieren utilizar las plataformas electorales, la tarima, las visitas, para darse a conocer en sus localidades y conseguir un puesto de representación, pese a que sus partidos políticos son una especie de “cáscara vacía”, sin contenido por dentro. Estos perfiles lo que buscan son puestos de poder locales.

No es lo mismo Juan Pérez, que Juan Pérez excandidato a una alcaldía, así haya tenido el 0,5% de la votación, insiste el experto en temas electorales y, cree que el objetivo de estas personas es incursionar en la política como medio para “adecentar” sus hojas de vida.

“Se crean perfiles ficticios de políticos” continúa el politólogo, para quien estas participaciones no se enfocan en la función pública de cara a servir o trabajar por la comunidad. “En la práctica no cuentan con trayectoria y adolecen de legitimidad”, asegura Espinosa.

Partidos de transacción

El número más alto de organizaciones políticas son las cantonales con el 63% del total registradas en el CNE.

Espinosa cree que el ruido que generan estos grupos políticos locales les permiten mover las aguas para crear alianzas y plegarse a organizaciones políticas más grandes con las que puedan negociar. Es una lógica transaccional, aunque esas alianzas se diluyen concluida la campaña.

Publicidad gratuita

El artículo 202 de la Ley Orgánica Electoral conocida como Código de la Democracia dice que el Estado, a través del presupuesto del CNE, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral.

Este dinero va al Fondo de Promoción Electoral que el CNE entrega directamente a los medios de comunicación llevando un registro de las apariciones de los candidatos en todo tipo de propaganda. En este rubro no se incluyen las redes sociales.

Espinosa cree que muchas candidaturas sirven para obtener publicidad gratuita y volverse parte de la opinión pública.

Un cambio en ciernes

En el primer Consejo Consultivo de Organizaciones Sociales del CNE del 7 de abril de 2022 uno de los temas recurrentes tuvo que ver con las alianzas políticas.

Enrique Pita, vicepresidente del CNE, dijo a LA HORA que están revisando la normativa para fortalecer acuerdos que permitan aglutinar a varios grupos en movimientos más grandes, con ideales similares.

Pita considera importante aminorar la cantidad de candidatos y que la ciudadanía pueda escoger entre opciones más consolidadas y evitando la dispersión de los programas y proyectos. (GVL)

 Preocupación por dinero ilícito en las campañas

Controlar la recepción de aportes y contribuciones de dinero y recursos de origen ilícito, algo que se prohíbe en el artículo 219 del Código de la Democracia, es algo difícil de lograr con semejante número de candidatos. El analista político, Alfredo Espinosa, considera que la fiscalización del CNE es débil. Esto, porque en el país no se ha implementado el equipo técnico, humano y logístico para hacer una verdadera fiscalización electoral. Eso, según advierte, deja un sistema sensible de ser penetrado por el narcotráfico.

“Falta una metodología clara para la investigación y control del gasto electoral que actualmente no deja de ser solo un check list de facturas”, insiste Espinosa.

Ojalá esa falta de control no nos someta a la permeabilidad de “arroces de otros colores” dice Espinosa refiriéndose al caso Sobornos 2012-2016 en el que hubo aportes ilegales a la campaña electoral de Alianza PAIS.

En 2019 un estudio realizado por el equipo de la Consejería del Luis Verdesoto, exmiembro del CNE, ya alertó sobre los peligros del ingreso del dinero de origen ilegal en la política.

Ese informe determinó que las consecuencias serían autoridades locales contaminadas y fácilmente corrompibles. También puso énfasis en que la infección comenzaría en los gobiernos locales y que, sin un control adecuado, podría crecer rápidamente a otras esferas de poder.

Entre los ejemplos que cita la investigación sobre blanqueo de capitales en las campañas está la compra de votos por grupos irregulares, financiamiento de espectáculos públicos, fiestas exageradas o pagos a través de fotos tomadas de las papeletas de votación.

Actualmente fuentes cercanas a los tres poderes del Estado, tanto dentro del Legislativo, Ejecutivo y Electoral han mostrado preocupación ante la inminente participación del narcotráfico en las siguientes elecciones.

Fuente: CNE. Actualizado 8 de marzo de 2022