“Diego Molano incumplió las funciones de su propio cargo”, dice el documento radicado por los representantes.

Foto: Carlos Ortega

Más de 30 representantes a la Cámara radicaron la solicitud de un debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte. El nuevo intento de removerlo del cargo se sustenta en las inconsistencias del operativo militar realizado en el caserío Alto Remanso, en Puerto Leguízamo, Putumayo, reveladas por seis periodistas de El Espectador, Cambio y Vorágine, que hablan sobre faltas graves al Derecho Internacional Humanitario y que cobró la vida de civiles inermes.

Después de relatar y enumerar los hechos , transcurridos entre el 28 de marzo hasta la fecha, los firmantes resaltaron que, en atención a las versiones encontradas entre la comunidad, las organizaciones defensoras de derechos humanos, las organizaciones indígenas, el Ejército y el Gobierno, el procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento “le solicitó información al General Luis Fernando Navarro Jiménez, Comandante Fuerzas Militares de Colombia, para esclarecer lo ocurrido en la operación militar en la vereda el Remanso del municipio de Puerto Leguízamo”, pero, agregaron, a la luz de hoy no ha sido entregada información o declaraciones nuevas por parte de las autoridades.

“A la fecha no se conocen nuevos pronunciamientos por parte del Ejército, ni del Gobierno Nacional, ni tampoco resultados de las investigaciones internas. Incluso el 11 de abril la Procuraduría General de la Nación manifestó a un medio de comunicación nacional que “se encuentra todavía a la espera del expediente disciplinario de la investigación que abrió internamente el Ejército, el 4 de abril, para definir si asume la investigación o si por el contrario esta queda en manos del Ejército””, se lee en el informe entregado a Jennifer Arias, representante del Centro Democrático y presidenta de la Cámara.

En el documento, los congresistas firmantes también enfatizaron en incongruencias atribuidas a la institución castrense, como que las personas capturadas en ese operativo quedaron en libertad, algo que “controvierte la afirmación de que serían combatientes”. “Si bien el Ejército Nacional manifestó que el operativo fue planeado con meses de anticipación y después de arduas labores de inteligencia, es claro que se violaron los principios de distinción, prevención y proporcionalidad que rigen el DIH. A la fecha no se conoce evidencia alguna de que la mujer embarazada, ni el menor de 16 años fueran combatientes y, por el contrario, existen diversos testimonios e información brindada por organizaciones de derechos humanos que afirman que se trataba de civiles”, añadieron. EE