Presidente de Colombia fuertemente criticado, por defender operación del ejército donde murieron 11 civiles, entre ellos una embarazada

“Es importante tener qué esa operación tenía planificación. Tenía información de inteligencia, tenía información precisa sobre la presencia de cabecillas, miembros de células terroristas y narcotraficantes en ese lugar del territorio. Entonces se procedió con una información clara. Hubo un intercambio de disparos. Hay miembros heridos de la fuerza pública y se ha obrado con todos los protocolos”, sostuvo el mandatario.

Según Duque, la Fiscalía general de la Nación, después de los hechos, procedió con los actos urgentes y toda la investigación correspondiente. El presidente aseguró, además, que el ente investigador conocía de la presencia de ilegales en el sitio.

“La información que valida el trabajo operacional el país la está conociendo. También esperamos que el dictamen propio de la Fiscalía, con los tiempos que deben surtirse al interior del ente investigador. Lo cierto es que el actuar de la fuerza pública ha sido conforme a todos los protocolos de uso de fuerza y de conformidad también con el derecho internacional humanitario”, declaró el mandatario.

Fuertes críticas le llovieron al saber que la fiscalía actuó cuatro días después, según fuentes allegadas, igualmente un grupo de periodistas colombianos, reconstruyeron en el lugar de los hechos lamentables, en los cuales los comunicadores informan que el levantamiento de los cadáveres fueron manipulados.

Comunidad contradice versión oficial

Contrario a la defensa del Gobierno al operativo, llevado a cabo el pasado 28 de marzo, habitantes de la zona aseguran que se trató de una masacre de civiles inocentes, e incluso de un nuevo caso de “falsos positivos”, más que de un procedimiento militar contra las disidencias.

Recordemos que la palabra “falsos positivos” tuvo su auge desde que la JEP (Justicia Especial para la Paz) investigo que durante el conflicto se presentaron más de 6402 muertes que dejaron dudas por su accionar y por la manipulación por parte del gobierno de Colombia, es decir muertes de civiles inocentes e indefensión.

Las organizaciones sociales denuncian que entre los muertos se encuentran Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) El Remanso; su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, junto a otras dos personas.