Casi cuatro años de exoneración de los aranceles a los productos importados han afectado a los productores nacionales, quienes denuncian que existe una «competencia desleal», mientras que los bodegones y supermercados se abastecen con cada vez más bienes producidos fuera del país

La frase «Venezuela se arregló» refleja mucho de la sociedad venezolana actual y da pistas sobre el estado de la economía. Lo que empezó como la ilusión de unos pocos que apreciaron cambios en el país acabó por convertirse en un meme y luego se estableció como una verdad a medias, una realidad parcializada al alcance de unos pocos.

El concepto surge de una particular actividad económica que impulsa las desigualdades. «Venezuela se arregló» para unos pocos, mientras que para la mayoría es el mismo país, pero más costoso y con más bienes y servicios que no pueden adquirir.

Esta nueva realidad es producto de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. O mejor dicho, de su desvinculación de la economía, pues solo con retirar algunas de las regulaciones y prohibiciones que destruyeron la actividad productiva y marginaron el comercio, fue suficiente para crear una ilusión de crecimiento que solo tiene sentido si se compara con la magnitud de la caída que sufrió la economía en los nueve años previos.

En este contexto de la economía nacional se nota un país con una oferta creciente de productos que contrasta con el desabastecimiento generalizado de 2016, 2017 y 2018. Sin embargo, al detallar esos artículos ofertados, el principal elemento que destaca es su procedencia, pues la gran mayoría son importados.

Después de años de escasez de alimentos, Venezuela adoptó un modelo importador. Pese a que facilita satisfacer las necesidades de consumo de la población, no aporta al desarrollo económico del país ante el deterioro de las industrias.

Es por este motivo que los populares «bodegones» exhiben una generosa variedad de productos con reconocimiento internacional, comunes en los principales retails de Estados Unidos y concretamente de Miami, donde muchos venezolanos se han asentado en los últimos años.

La particularidad de esta tendencia importadora es que, contra todo razonamiento, los productos provenientes de Estados Unidos son más económicos que los producidos en Venezuela. La elección para el consumidor suele ser fácil, pues no es un dilema escoger entre un artículo con reputación internacional y a menor precio que otro con reconocimiento local.

En redes sociales se evidencia la opinión generalizada sobre esta diversificación en la oferta. Los bienes importados económicos siempre tendrán la ventaja en un esquema que parece ser funcional para los consumidores, que satisfacen sus necesidades con productos de calidad sin pagar un precio demasiado elevado.

En este ejemplo, las Ruffles de PepsiCo Venezuela a $4 son una opción descartable frente a las tradicionales Pringles en $2, con una mayor variedad de sabores y presentaciones.

Pero ¿por qué ocurre esto? ¿No debería ser más económico un bien producido en suelo nacional frente a otro que debe comprarse afuera y trasladarse a Venezuela? En los papeles, la respuesta sería afirmativa, pero en Venezuela la realidad es otra.

Productos importados sin aranceles

El cambio de rumbo de la economía empezó a gestarse en agosto de 2018, con un paquete de medidas económicas anunciadas por Nicolás Maduro que darían paso a la liberación del dólar y al fin de los precios regulados.

En ese compendio de leyes, se incluyó el Decreto N° 3.547, en el que se ordena la exoneración de los impuestos de exportación y tasas por determinación del régimen aduanero hasta el 31 de septiembre de 2019. Con este decreto se eximió del pago de aranceles a bienes correspondientes a 8.081 códigos arancelarios y se incluían tanto productos terminados como insumos para la industria nacional.

El 26 de diciembre de 2019, cinco días antes del vencimiento de la medida, se publicó el Decreto N° 4.080 de la Presidencia de la República en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.497, en el que se extendía esta medida y se agregaba la exoneración también del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que gravan estos bienes. Esta vez fueron beneficiados 3.289 códigos arancelarios y el decreto tendría vigencia hasta el 30 de junio de 2020.

Llegada la pandemia, la medida fue renovada y prorrogada en diversas ocasiones. La última vez fue el 6 de agosto de 2021, cuando se actualizó con el Decreto N° 4.552, esta vez con un total de 4.426 códigos arancelarios exentos de impuestos. Tendría vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, pero se prorrogó hasta el 31 de marzo.

Estos casi 4.500 bienes beneficiados por la exoneración de aranceles ya no incluyen insumos para la producción nacional, sino que se abarcan casi únicamente productos terminados. En términos simples, se ofrece un incentivo para importar, pero para la producción nacional no.

Durante 2021 esta disparidad en las condiciones de los productores nacionales frente a los importadores desató las quejas y el rechazo de los industriales venezolanos, que lograron recuperar levemente la producción invirtiendo del bolsillo propio.

«Allí empezaron los desacuerdos con nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿La materia prima va a pagar impuestos y los productos importados no? Hoy hay 4.426 productos exonerados y nosotros pagamos materia prima» cuestionó el presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Luigi Pisella.

Estas diferencias son las que han disparado los precios de la producción nacional y han mantenido o incluso reducido los de la mercancía importada. Las barreras para producir en el país se incrementan, por lo que cada vez hay más ventajas para la importación.

Competencia desleal

El proceso productivo es complejo y atraviesa varias etapas. En cada una de ellas intervienen los impuestos y otras formalidades tributarias y administrativas, a las que se suman complicaciones provocadas por el estado de los servicios públicos del país que afectan la eficiencia de la producción.

En primer lugar, el sector primario importa las materias primas para producir. Estos insumos deben pagar aranceles de importación, por lo que se invierte más dinero y la venta debe ser a un precio mayor.

El incremento reciente en los precios de la materia prima y las dificultades para producir por problemas eléctricos, escasez de combustible para transporte y maquinaria, e incluso la delincuencia son factores a tener en cuenta que pueden aminorar la producción e incrementar los precios, como explica el presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro), Celso Fantinel.

«Se han encarecido todos los productos que necesitamos para la siembra y algunos de ellos sí pagan aranceles e IVA en la aduana. Hay un problema de baja producción y consumo, hay que atravesar más de 40 alcabalas de Táchira a Caracas, la cadena de frío no existe y se pierde hasta un 30% de las hortalizas por ser perecederas», detalló.

Del sector primario se producen los insumos que van al sector secundario, a la industria transformadora. En esta etapa, el maíz se convierte en harina y el trigo en pasta. Para hacerlo, las industrias deben comprar los insumos a los productores primarios, que ya vienen con un precio adicional por el pago de impuestos.

Esta transacción también es sujeto a impuestos, por lo que ya son dos impuestos que se suman para el sector secundario. Por otra parte, afecta también la ineficiencia en la producción.

La industria venezolana opera, en promedio, a un 27% de su capacidad instalada, según datos de Conindustria. Sin embargo, muchos de sus gastos son a precio completo, como si operasen al 100%, como arrendamientos, impuestos y otros compromisos. Entonces, ese 27% debe recuperar la inversión realizada, por lo que deben incrementar el precio de cada unidad producida.

No es lo mismo invertir $100 y recuperar la inversión con 100 caramelos que invertir los mismos $100 pero producir solo 50 caramelos, estos costarían el doble para que la operación sea sostenible.

«El hecho de trabajar con una capacidad instalada tan baja nos hace más ineficientes. Para abaratar los costos, necesitamos producir más y ser más eficientes», subrayó Pisella.

Esa producción, mucha o poca, es vendida al sector terciario, que se dedica a la comercialización del producto. En este proceso también se pagan impuestos que abultan el precio del producto y se somete a diversas dificultades.

Algunas de las barreras en esta etapa son la escasez de gasolina que puede dificultar o encarecer el traslado de los productos o las alcabalas policiales que solicitan «vacunas» para permitir el paso de las gandolas que transportan los bienes. Todos estos factores impactan en la cadena de costos y repercuten en el precio final.

Frente a este amplio proceso, los productos importados simplemente deben ser comprados al precio estipulado en el exterior, pagar el flete de traslado de la mercancía y finalmente se suman los costos de distribución. El IVA se aplica solo en el producto final que es vendido en el establecimiento porque el comercio debe pagar impuestos.

Para otros países con economías fuertes e industrias eficientes, producir es mucho menos costoso que en Venezuela, a lo que se suma la exoneración de impuestos. Los productos venezolanos, en cambio, generan más costos de producción y se suman todas estas cargas tributarias para abultar el precio final. Es una competencia desleal.

Si se analizan los precios de los productos manufacturados en Estados Unidos con popularidad en los bodegones venezolanos, se nota una mínima diferencia de precios de venta en retails norteamericanos frente a los habituales en comercios caraqueños.

Una búsqueda rápida en la tienda online de Walmart, la cadena de supermercados más grande de Estados Unidos y del mundo, marca los precios de las papas fritas deshidratadas Pringles en $1,78. En Venezuela es posible conseguirlas entre $2 y $3 según el comercio. La diferencia es de apenas un 11%.

Al tomar en cuenta otro de los productos más populares en los bodegones, la Nutella, se obtiene un resultado similar. En su presentación de 950 gr el precio en Walmart es de $8,48. Es posible encontrar ofertas para esta presentación en $9, aunque por lo general el precio estándar suele ser de $10. La diferencia es de un 15%.

Márgenes similares de diferencias se pueden apreciar no solo en snacks, sino también en productos de higiene como champú, jabón u hojillas de afeitar; enlatados, licor y una amplia lista de consumibles comunes en los bodegones.

Problema cambiario

Las voces de la producción nacional manifiestan su preocupación por otra situación que es provocada directamente por el Gobierno. Se refieren a la intervención en el mercado cambiario para mantener el tipo de cambio a 4,5 bolívares por dólar.

Mientras que la inflación mantiene su curso en tasas mensuales en torno a los 10%, el bolívar se ha dejado de devaluar frente al dólar. Como resultado, la porción de la economía que se sigue moviendo en bolívares sufre de fuertes distorsiones que perjudican a los precios de la producción nacional.

De acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), 2021 cerró con una inflación anualizada de 686,4%, mientras que la devaluación del bolívar fue de 414% al pasar de 1,1 bolívar por dólar a 4,59 para el cierre de 2021.

«La consecuencia es que los productos nacionales aumentaron un 686% y el importado apenas un 414%. Un poco menos de la mitad cuesta el producto importado, aunado a que no pagas aranceles», resaltó Pisella.

El anclaje artificial del bolívar perjudica a las empresas que manejan bolívares en su flujo de caja. Pese a que marcan los precios en dólares, un porcentaje de sus operaciones de mantienen en bolívares y el incremento de precios en moneda local debido a la inflación provoca que sean necesarias cada vez más dólares para adquirir el producto.

Si un producto cuesta Bs 45 ($10) y la inflación avanza un 10%, su precio debería incrementar a Bs 49,5 y si la devaluación del bolívar sigue el mismo ritmo, el dólar debería costar $4,95. Si devaluación e inflación mantienen la paridad, el producto seguiría costando $10 pero equivaldría a Bs 49,5. Sin embargo, como el valor del bolívar se mantiene anclado y los precios están marcados en dólares, esos Bs 49,5 representan $11. Se presenta la «devaluación en dólares».

«Después de la reconversión monetaria, hasta la fecha, ya no hay sobrevaluación de la moneda sino un anclaje de la tasa cambiaria. Desde octubre hasta ahora está igual, pero la inflación es de 41% estimada. Esto quiere decir que los productos importados mantienen el precio y los nacionales subieron 41%. Si quieren intervenir el mercado para mantener la tasa cambiaria, están protegiendo a la importación, más no al venezolano», insistió Pisella.

Esta dinámica no tiene mayor incidencia en los productos importados, ya que se producen en países que operan indistintamente de la inflación venezolana y se integran al sistema económico nacional ya para ser comercializados. Como los importadores adquieren estos productos en dólares, se libran de la inflación local.

«Los productos en otros países se producen a gran escala y con otras condiciones, mientras que el Gobierno tiene casi cuatro años exonerándolos de IVA y aranceles. Eso hace que llegue muy barato y vemos el crecimiento de los bodegones y cómo los supermercados están inundándose de productos importados», afirmó Fantinel.

Para los consumidores, quizás esta disyuntiva podría interpretarse como irrelevante, pues compran productos importados a un menor precio. Sin embargo, a largo plazo una competencia equitativa beneficiaría la producción nacional y a los precios.

Equilibrar la oferta de la producción nacional con la demanda permitiría a las empresas incrementar sus ganancias y reinvertir para aumentar su producción y mejorar la remuneración de sus trabajadores. Como resultado, con el pasar del tiempo habría más productos locales en las calles y más dinero para adquirirlos.

Pisella explica que una industria más fuerte genera más empleos, mientras que la capacidad multiplicadora de la importación se resume a los trabajadores que descargan y distribuyen los productos.

«El país se va a recuperar cuando seamos productivos y la generación de empleos se base en producción. En el momento en el que traes un contenedor de afuera, necesitas a dos personas para descargarlo. Esa fue toda la generación de empleo de ese proceso», razonó.

Para Pisella, la solución es reactivar el cobro de impuestos a todos los bienes importados, para que compitan con los nacionales de manera fidedigna y generen mayores recursos para el fisco.

Sin embargo, desde otros frentes se proponen puntos medios. Fedeagro cree que el Gobierno debería autorizar solo la exoneración de aranceles con unos pocos productos esenciales para el mercado venezolano y establecer los impuestos para todos los demás.

«Que se dejen entrar los productos de la dieta básica del venezolano y que todos los demás productos cancelen sus aranceles e IVA. Lo necesitamos para que la producción nacional despegue», concluyó. TC