La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que abrieron un incidente de desacato impuesta en contra del director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijín), mayor general Fernando Murillo, para que el próximo 31 de marzo a las 2:00 p.m se presente en las instalaciones del tribunal.

Durante la diligencia varios oficiales de la Policía rechazaron a dejar la puerta cerrada el recinto, a pesar de que en distintas ocasiones la magistrada Nadiezhda Henríquez se los solicitara y así poder garantizar la privacidad del testimonio de ‘Otoniel’. De esta manera se incumplieron las respectivas medidas cautelares que la misma sala había concedido para que la Policía garantizara la reserva de actuaciones.

Igualmente, la declaración también se tomó una vez el grupo de uniformados decidieran interrumpir la diligencia que estaba prevista contra ‘Otoniel’.

La JEP indicó que: “Esto puede  constituir un incumplimiento a lo ordenado por el Tribunal, el cual impuso medida cautelar preventiva de protección para salvaguardar la información que pueda proporcionar el señor Dairo Antonio Úsuga David en sus declaraciones u otras diligencias judiciales, por lo que se ordenó expresamente al director de la Dijín se abstenga de realizar actuaciones que afecten la reserva de las diligencias judiciales con la presencia de personal uniformado o ajeno al convocado en las providencias en las salas de audiencia”.

El tribunal de paz solicitó a la magistrada relatora del Caso 04 que, en el término de tres días hábiles contados a partir de la comunicación de esta decisión:

“informe detalladamente lo sucedido el 22 de marzo de 2022 en la diligencia de testimonio de David Otoniel Usuga”, sustenta la JEP.

Es importante señalar que Dairo Úsuga, alias ‘Otoniel’ ex jefe del Clan del Golfo ha sido llamado por la JEP a entregar testimonio dentro del caso 03 que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, así como dentro del caso 04 que investiga más de 3.582 hechos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos humanos en el Urabá.