Estafa con créditos en CAH acorrala a campesinos con grandes deudas

Alrededor de 25 casos de estafa y producción de documentos no auténticos se encuentran en unidades fiscales de la zona y cada día van apareciendo más víctimas.

Los afectados viven con angustia debido a que enfrentan deudas que no solicitaron y que no podrán pagar. Como efecto inmediato, los denunciantes figuran como clientes morosos en Informconf y, por tanto, no pueden acceder a pequeños préstamos para financiar sus proyectos productivos o para comprar electrodomésticos a cuotas.

Expedientes perdidos. A raíz de estos hechos, el CAH realizó una auditoría y posterior sumario a funcionarios de la oficina que cuenta con aproximadamente 1.500 clientes de bajos recursos que son rechazados en los bancos.

El actual jefe del Centro de Atención de San Pedro del Paraná, Florentín Acosta, comentó que la intervención determinó que hay 240 expedientes faltantes. El modus operandi consistía en utilizar datos de clientes y de sus familiares para tramitar créditos que no habían pedido. En algunos casos, existen documentos con firmas denunciadas como falsas, mientras que en otros ni siquiera hay registros que respalden los procedimientos.

Por su parte, el presidente del ente estatal, César Cerini, dijo que a medida que avancen las investigaciones en la Fiscalía, se liberará a los denunciantes de los préstamos como en casos de administraciones anteriores.

Sesameros quedaron sin opciones para financiamiento

Para cada ciclo agrícola Mariano Cubilla, de 69 años, y su hijo Fermín, recurrían al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), para financiar la preparación de suelo para el cultivo de sésamo en la compañía Jagua Cuá, de San Pedro del Paraná.

En abril del 2021 cancelaron su deuda de G. 5 millones cada uno e inmediatamente presentaron un nuevo plan de trabajo para la campaña siguiente.

En el mes de agosto se acercaron a la oficina local del CAH para averiguar cuándo accederían al préstamo; sin embargo, encontraron que cada uno figuraba con créditos de G. 25 millones. De acuerdo con el sistema del ente estatal, los cheques se retiraron de la institución en junio y posteriormente se presentaron en el Banco Nacional de Fomento, donde se desconoce quién cambió los documentos por billetes.

Mariano y su hijo denunciaron el hecho ante la Fiscalía y mientras dura la investigación, quedaron sin opciones para el financiamiento de la siembra que debían empezar en octubre.

Como alternativa negociaron con los acopiadores, quienes al culminar la cosecha cobran la totalidad de la deuda, sin la posibilidad de pagar en cuotas. Fermín explicó que suman otras desventajas y que estas se agravaron con la dura sequía, que los dejó sin ganancia a raíz del bajo rendimiento de las semillas. Este año la situación podría repetirse.

Sin oportunidad para progresar

Ramón Ocampos encontró que tiene una deuda de casi G. 47 millones en el CAH.

En el sistema figura con tres préstamos otorgados en el 2018, 2019 y 2020, pero él no retiró ningún dinero ni solicitó el crédito.

Había recurrido a la institución financiera en el 2017, cuando presentó un plan de trabajo para cría de animales. Había empezado a trabajar en el rubro, pero como el nacimiento de su hija se aproximaba, decidió vender todo, saldar su deuda y migrar al Departamento Central para una mejor atención médica.

A su regreso se dedicó nuevamente a diferentes oficios, entre albañilería y trabajos en estancias. Ante el rumor que corría en la zona sobre estafas a clientes del Crédito Agrícola de Habilitación, se acercó a la institución para revisar su historial, donde efectivamente figuraba como deudor. La primera irregularidad detectada es el otorgamiento de estos préstamos de manera consecutiva sin haber saldado la cuenta anterior, trámite que no está permitido en el CAH, donde tres funcionarios, que forman parte del Comité de Crédito, tuvieron que haber aprobado el proceso.

Como nunca se honraron estos compromisos, la deuda fue creciendo con los intereses y la mora.

A Ramón le gustaría retomar su proyecto pecuario, ya que incluso cuenta con algunos insumos, pero ante esta situación, quedó sin financiamiento.

Descubrió que fue estafada cuando apareció en Informconf

Celia Leguizamón tiene una deuda de casi G. 14 millones en el CAH como codeudora de su padre, Zacarías Leguizamón, quien falleció en el 2019. Se enteró de esta cuenta cuando el año pasado le negaron una compra a cuotas en una casa de electrodomésticos por su mala calificación crediticia en Informconf. “Me da rabia porque se aprovechan de los pobres. Justo ahora se descompuso mi lavarropas y no puedo sacar a crédito”, lamentó.

Cuando se acercó al ente estatal, observó que en la carpeta figuraban dos préstamos, uno de 2017 y el otro de 2018, pero que la firma era falsificada, según su denuncia. A simple vista se nota la diferencia respecto a los créditos anteriores, donde ella sí había consentido su responsabilidad como codeudora, cuentas que ya fueron saldadas en su momento.

Para interiorizarse más sobre su caso, Celia cerró su pequeño kiosco en la compañía de Jagua Cuá, se acercó al CAH y a la Fiscalía con el seguimiento del equipo de ÚH.

Perdió toda una mañana buscando explicaciones. En la primera institución le dijeron que lastimosamente hay muchos casos similares y que puede quedar tranquila si realmente no firmó como codeudora, mientras que en la Fiscalía le advirtieron que hay pocos peritos y que la evaluación de su firma podría demorar, mientras que la deuda crece con la mora.

Es víctima un poblador con discapacidad

Ariel Sosa, de 41 años, es cliente del CAH desde hace más de 15 años. En agosto del 2021 descubrió que le habían atribuido un crédito sin que existiera un documento que respalde el trámite y denunció el hecho en la Fiscalía.

El último préstamo al que había accedido fue de G. 6 millones, monto que canceló el 9 de abril del año pasado. Antes de finalizar ese mes, el CAH desembolsó G. 25 millones a su nombre sin su consentimiento. Este problema sorprendió a Sosa en medio de un proceso de adaptación, luego de haber perdido la visión hace más de un año a raíz de un tumor selar. Él relató que su vida cambió completamente, antes criaba animales y cultivaba la tierra aprovechando los conocimientos que le brindaron programas estatales y organizaciones internacionales.

Paciente oncológica exige una solución

Doña Justina Velázquez aparece con una deuda de G. 25 millones, cuyos intereses van creciendo junto a la angustia de la mujer de 70 años, teniendo en cuenta que nunca solicitó ese dinero. Ella es paciente oncológica y para seguir su tratamiento, que incluye varias sesiones de quimioterapia, tuvo que vender animales de la familia.

A esto se suma la deuda que dejó su marido antes de fallecer, quien era un cliente que estaba al día en el CAH. Las cuotas pendientes paga su hijo, Eduardo Almada, quien además de cuidarla y ayudarla para movilizarse en su silla de ruedas, trabaja en la producción de sésamo y cría de animales. Al igual que su padre, financia sus trabajos de campo mediante la entidad estatal, donde le otorgaron G. 6 millones. Ahora siente que toda la responsabilidad y los efectos de la estafa recaen en él en un contexto en que la agricultura tampoco deja ganancias, pues la sequía arrasó con las posibilidades de tener una buena cosecha. La denuncia de la familia ingresó a la Fiscalía en octubre del 2021, cuando se descubrió que había una deuda vencida a nombre de Justina.

Como en los demás casos, es sindicado como el autor de la estafa Albino Bareiro, quien hasta julio del año pasado fue jefe zonal del CAH de San Pedro del Paraná, Departamento de Itapúa.

Hay pobres extremos entre los afectados

Para llegar a la precaria vivienda de Crescencio González se deben atravesar propiedades alambradas luego de un trayecto de varios kilómetros desde la ruta. Con casi 70 años le tomó por sorpresa la deuda de G. 15 millones que figura a su nombre en el CAH.

A diferencia de los demás afectados, Crescencio aún no pudo interiorizarse de su caso. Se enteró mediante los vecinos que le comentaron que funcionarios lo andaban buscando para verificar su situación.

Hasta el momento no pudo acercarse hasta el Crédito Agrícola o la Fiscalía, debido a que carece de medios para trasladarse al centro urbano, distante a unos 50 km de su compañía.

Con su familia cría apenas algunas gallinas y cultiva mandioca para autoconsumo. El poblador expresó su indignación debido a que alguien más se aprovechó de un dinero que si llegaba en realidad a sus manos lo invertiría para progresar.

En una similar condición vive Marcial Figueredo, de 68 años de edad. Su casa, completamente deteriorada y sin servicios básicos, contrasta con las demás edificaciones del casco urbano de San Pedro del Paraná. A su nombre figura una deuda de G. 23 millones.

Con ayuda de su sobrina radicó la denuncia ante la Fiscalía, donde desconoce hasta dónde avanzó la investigación.

Con 70 años le dejaron con una gran deuda

Viviano González Ocampo, de 70 años, canceló su última deuda de G. 2,5 millones con el CAH en el 2015, año en que viajó a Argentina para seguir un tratamiento.

Para cuidar de su salud, González redujo desde entonces sus actividades a la producción de autoconsumo, como gallinas y cerdo, mientras que su agricultura se basa solo en el cultivo de mandioca. Antes se dedicaba al sésamo, pero actualmente parte de sus 7 hectáreas es aprovechada por su familia para el cultivo de renta.

En setiembre del año pasado se enteró sorpresivamente de que un crédito había salido a su nombre ya en diciembre del 2019. El capital inicial es de G. 20 millones, monto que, con los intereses, moras e impuestos, saltó a G. 24 millones.

La fecha del desembolso coincide con una temporada en que no hay siembra, un análisis imprescindible que deben hacer los técnicos del CAH para otorgar los créditos. A esto se suma que, debido a su edad, debe contar con un codeudor que haya firmado la solicitud de préstamo.

En compañía de su hijo Eduardo radicó el año pasado la denuncia ante la Fiscalía para deslindar su responsabilidad sobre el crédito.

Viviano vive en la compañía San Agustín, a 35 km del centro de San Pedro del Paraná.

Crédito le impide terminar su casa

Aberiana Figueredo tiene 25 años y aunque desde el 2019 ya no vive en San Pedro del Paraná, ese año y luego en el 2020 salieron créditos a su nombre en el CAH.

En total aparece con una deuda de casi G. 30 millones en el ente estatal, donde se acercó el martes pasado para conocer los detalles de los préstamos que le atribuyeron, pero en la oficina no había documentos que sustenten los trámites. En el lugar coincidió con Celia Leguizamón, un hecho prácticamente habitual, ya que todos los días llegan quejas similares. Hace unas dos semanas, Aberiana pidió un préstamo a una cooperativa para terminar la vivienda que está construyendo junto a su pareja en Hohenau. Sin embargo, como figura en Informconf, no accedió al crédito que necesitaba para poder habitar su casa.