ONU cree que plazos limitan aborto por violación en Ecuador

La representante de ONU Mujeres en el país dice que entre más cortos son los plazos, se dificulta el acceso de las mujeres a ese derecho.

La representante de ONU Mujeres en Ecuador, Ana Elena Badilla, advirtió que los plazos que prevé el reglamento del aborto por violación recientemente aprobado por la Asamblea Nacional podrían limitar ese derecho en el país, que aún requiere del visto bueno presidencial para entrar en vigor.

«La solución (alcanzada por el Legislativo), que rebaja bastante el número de semanas en las cuales se podrá realizar la interrupción del embarazo, puede restringir el ejercicio del derecho«, manifestó en una entrevista con Efe la costarricense Badilla, al subrayar que los plazos «son relativamente cortos» en relación con los de legislaciones de otros países de la región.

La norma, que sigue a la despenalización dictada en 2021 por la Corte Constitucional, fue aprobada por la Asamblea Nacional el mes pasado, y establece que toda mujer violada puede acceder al aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación, y excepcionalmente hasta las 18 en casos de niñas, adolescentes y mujeres indígenas y del área rural.

Plazos limitados

La representante de ONU Mujeres argumentó que los estándares internacionales en los casos de violación no señalan límites para el aborto en general y que tanto en el entorno de la víctima de violación como en la familia, la interrupción voluntaria del embarazo conlleva efectos emocionales que pesan en la decisión.

Por ello valoró que «entre más cortos sean los plazos, más difícil se hace poder ejercer ese derecho«. «Esa es nuestra preocupación», afirmó.

Recordó que la legislación responde a una decisión constitucional y que el presidente Guillermo Lasso, al conocer el fallo, dijo que, pese a no estar de acuerdo a título personal, respetaría la decisión.

Sin embargo, el mandatario, de tendencia conservadora, recientemente adelantó que tenía intenciones de vetar el texto, lo que ha generado inquietud entre las organizaciones de mujeres que de por sí consideraron que quedó reducida a una mínima expresión.

«Creo que hay una expectativa muy importante ante el anuncio que hizo (el presidente) de veto, que no sabemos si será total o parcial», rescató Badilla, para quien «es importante recordar ese mandato de la Corte Constitucional y que las autoridades deberían cumplir con él».

Pandemia y récord de femicidios

La entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer estima que las consecuencias de la pandemia de COVID-19 que se prolonga ya más de dos años ha incrementado en un 40%  la violencia contra las mujeres en el mundo.

«En el caso de Ecuador muy claramente lo vemos con la cifra de femicidios en 2021. Tenemos casi 200, que no se producían en los años anteriores«, mencionó Badilla, en referencia al año más violento contra las mujeres desde que se tienen datos de un delito tipificado en 2014.

Las consecuencias de la pandemia también hay que buscarlas en el impacto económico por la pérdida de empleo, la reducción de salarios y el cierre de empresas, que afectó en especial a las mujeres, aparte de la mayor carga doméstica y de cuidados.

Todos estos factores se agudizaron en un continente y un país donde la pandemia, según Badilla, «lo que hizo en términos de género, fue profundizar las desigualdades estructurales» que ya las mujeres enfrentaban «en la sociedad en general y particularmente en el Ecuador».

Las mujeres rurales, en situaciones de extrema precariedad laboral y aislamiento, junto con indígenas y aquellas en situación de movilidad humana «son los grupos más vulnerables» que figuran como prioritarios en la ‘hoja de ruta’ de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 2030, que deben recibir mayor información, acceso a servicios y empoderamiento.

Desde ONU Mujeres se plantean soluciones para destinarles recursos a fin de fortalecer el acceso a procesos formativos y liderazgo, poner en práctica experiencias exitosas como la entrega de dispositivos móviles o líneas telefónicas, así como promover iniciativas productivas y bioemprendimientos.

Presupuesto contra la violencia machista

El Gobierno ecuatoriano ha aumentado en 2021 el presupuesto de 1,5 millones de dólares a 24 millones para erradicar la violencia machista, que Badilla valoró como una «expresión de la voluntad política muy importante» para combatir esta lacra social.

Los fondos irán principalmente a la creación de Centros Violeta de atención integral en todas las provincias del país.

Sin embargo, la responsable del organismo de Naciones Unidas echa en falta recursos para el poder Judicial que, dijo, «tiene sus propios desafíos» para «mejorar la calificación de los delitos, las sanciones y una mayor rapidez», dado que numerosos casos se prolongan en el tiempo y muchos quedan en la completa impunidad.