Desde la apartada de Valencia hacia el perímetro urbano  del municipio Tierralta  unas mil personas que pertenecen a la Asociación Nacional zonas de Reservas Campesinas , Anzorz, se movilizan inconformes con el Gobierno Nacional por los incumplientos para seguir avanzando con el  Programa Nacional Integral  de Sustitución  de Cultivos de Uso  ilícito.

Cervelión Cogollo Acevedo, representante legal de la  Asociación Campesina para el Desarrollo (Asodecas), explicó que les han incumplido  en  la entrega de subsidios de seguridad alimentaria, la implementación de proyectos productivos y  la contratación de gestores de paz.

En  el municipiode Tierralta son cerca de 3.400 familias que hacen parte de este programa de sustitución que residen en varias veredas y corregimientos en el Alto Sinú.

“Le exigimos al Gobierno Nacional  cumplir con  lo pactado con estas familias  para transformar el territorio en el Alto Sinú  y nos concentraremos  en nuestros refugios hasta el próximo 27 de Enero, espero que la solución sea positiva”  expresó el líder de los campesinos.

Por su parte, el  Director de Sustitución de Cultivos ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, Hernando Londoño Acosta,  durante una mesa técnica con el fin de socializar el estado actual del Programa Nacional Integral de Sustitución(PNIS) en el departamento de Córdoba anunció que las inversiones en los municipios beneficiarios llegan a los 103.206 millones de pesos.

En el departamento de Córdoba  actualmente se atienden 6.376 familias, de las cuales 5.257 son cultivadoras, 661 no cultivadoras y 458 son recolectoras en zonas veredales de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta.

El funcionario  aclaró que parte de las inconformidades expuestas por algunos beneficiarios del PNIS en Córdoba, alrededor de los proyectos productivos, tiene que ver con las restricciones que imponen las leyes ambientales que existen en el país frente al uso del suelo en zonas de reserva forestal y parque naturales.

Las movilizaciones se cumplirán de  forma pacífica  y contarán con  el acompañamiento de representantes de la Defensoría del Pueblo, Alcaldía de Tierralta y Gobernación de Córdoba para que sirvan de garantes.  RCN