NUEVA DELHI – Mientras los países del sur de Asia luchan contra la mortífera pandemia de la covid y la grave crisis económica y de salud pública causante, la región de casi 2000 millones de personas también lidia con la erosión de las normas democráticas, el creciente autoritarismo y la represión de la libertad de prensa, de expresión y de disidencia.
A pesar de los comprometidos esfuerzos de los defensores de los derechos humanos en todo el sur de Asia, la consecución de los objetivos en materia de derechos humanos sigue siendo una tarea difícil señala el Informe Mundial 2022 de Human Rigths Watch (HRW) al respecto, que se suma a denuncias de otras organizaciones humanitarias y de organismos de las Naciones Unidas.
Casi todos los países de la región -Afganistán, Bangladesh, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka- se enfrentan a una tendencia común de violaciones de los derechos humanos y a una cultura de la impunidad.
Afganistán
En Afganistán, el régimen talibán ha tenido un impacto devastador en la vida de las mujeres, niñas, periodistas y defensores de los derechos humanos afganos.
“La crisis de las mujeres y las niñas en Afganistán se está agravando sin que se vea el final. Las políticas de los talibanes han convertido rápidamente a muchas mujeres y niñas en virtuales prisioneras en sus hogares, privando al país de uno de sus recursos más preciados, las habilidades y el talento de la mitad femenina de la población”, señala Heather Barr, directora asociada de derechos de la mujer de HRW, en el informe mundial difundido este mes.
Según el documento, la vuelta al poder de los talibanes ha hecho que los miembros de algunas minorías étnicas y religiosas se sientan más vulnerables a las amenazas, incluso de quienes no están afiliados a los talibanes. Las autoridades talibanes también han utilizado la intimidación para obtener dinero, alimentos y servicios.
Los combates han terminado en su mayor parte en el país, pero la población expresó su temor a la violencia y a las detenciones arbitrarias por parte de los talibanes, así como a la falta de Estado de derecho, y denunció el aumento de la delincuencia en algunas zonas.
Un grupo de tres docenas de expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos (constituido por 47 países miembros de la ONU) señalaron, en otro informe de este mes de enero, que oleadas de medidas como la prohibición de que las mujeres vuelvan a sus puestos de trabajo, la exigencia de que un familiar masculino las acompañe en los espacios públicos, la prohibición de que las mujeres utilicen el transporte público por sí solas, así como la imposición de un estricto código de vestimenta a las mujeres y las niñas.
En conjunto, estas políticas constituyen un castigo colectivo para las mujeres y las niñas, basado en prejuicios de género y prácticas perjudiciales.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó el jueves 19 de enero al Consejo de Seguridad de la ONU a que haga rendir cuentas a todos los autores de violaciones de los derechos humanos.
La máxima responsable de derechos humanos del sistema de la ONU pidió al Consejo de Seguridad “que garantice que los autores de estas violaciones rindan cuentas, pido a todos los Estados que utilicen su influencia ante los talibanes para fomentar el respeto de los derechos humanos fundamentales. La negación de los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas perjudica enormemente a la economía y al país en su conjunto”
La vuelta al poder de los talibanes tras el abandono del país de Estados Unidos hizo que Afganistán pasara de la crisis humanitaria a la catástrofe, con millones de afganos enfrentándose a una grave inseguridad alimentaria debido a la pérdida de ingresos, la escasez de efectivo y el aumento del coste de los alimentos.
Los refugiados afganos constituyen una de las mayores poblaciones de refugiados del mundo, con más de 2,2 millones. La crisis de desplazamiento de Afganistán es una de las mayores y más prolongadas en las siete décadas de historia, según Filippo Grandi, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Bangladesh
Mientras, Bangladesh ha progresado económicamente y ha sido elevado por Naciones Unidas de la categoría de país menos desarrollado a la de país en vías de desarrollo en noviembre. Pero pese a ello el país sigue siendo noticia por las desapariciones forzadas, los secuestros, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales cometidas impunemente por sus fuerzas de seguridad.
En una carta escrita en noviembre por 12 organizaciones al secretario general adjunto de la ONU, Jean-Pierre Lacroix, se insta al Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas a que prohíba en Bangladesh el despliegue del Batallón de Acción Rápida (RAB), paramilitar y notoriamente abusivo.
Hasta 600 personas, entre ellas líderes de la oposición, activistas, periodistas, empresarios y otros, han sido objeto de desaparición forzada desde 2009. La organización de derechos humanos Odhikar, con sede en Dacca, su capital, ha declarado que “algunos de los desaparecidos han reaparecido bajo la custodia del gobierno tras ser detenidos en virtud de la draconiana Ley de Seguridad Digital de 2018”.
“Los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otras personas críticas con el gobierno siguen siendo objeto de vigilancia, de acusaciones por motivos políticos y de detenciones arbitrarias, dice este informe”, indican las organizaciones en su misiva.
También en noviembre, Estados Unidos impuso sanciones a la fuerza paramilitar de élite de Bangladesh, el Batallón de Acción Rápida (RAB), afirmando que amenaza los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos al socavar el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la prosperidad económica del pueblo de Bangladesh.
Bangladesh es el único país del sur de Asia, aparte de Afganistán, que ha recibido sanciones de Estados Unidos desde 1998.
India
En 2021, el gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, fue degradado de una democracia libre a una democracia parcialmente libre por la organización mundial de derechos y libertades políticas Freedom House, con sede en Estados Unidos.
Adicionalmente, el instituto sueco V-Dem sostiene que India se ha convertido en una autocracia electoral. El país ha bajado del puesto 35 en 2006 al 53 actual en la lista de la publicación británica The Economist.
La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, en inglés) recomendó designar a India como país especialmente preocupante, por participar y tolerar violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa, según la definición de la Ley de Libertad Religiosa Internacional en su informe.
En su Informe Mundial 2022, Human Rights Watch señaló que “las autoridades indias intensificaron la represión contra activistas, periodistas y otros críticos del gobierno mediante procesamientos por motivos políticos en 2021. Los ataques contra las minorías religiosas se llevaron a cabo con impunidad bajo el gobierno nacionalista hindú dirigido por el Partido Bharatiya Janata (BJP)».
Las autoridades indias han seguido presentando cargos contra estudiantes, actividades y periodistas, incluyendo leyes antiterroristas y de sedición. Para socavar los derechos a la intimidad y a la libertad de expresión, se ha informado de la utilización del programa espía Pegasus, desarrollado y vendido por la empresa israelí NSO Group, para atacar a defensores de los derechos humanos, periodistas y políticos de la oposición indios.
Según el reporte, el acoso continuado a los periodistas, en particular a los que informan desde y en Cachemira, incluida la reciente represión del cierre del club de prensa independiente de Cachemira, la detención arbitraria de periodistas, los presuntos asesinatos bajo custodia y una pauta más amplia de violación sistemática de los derechos fundamentales utilizada contra la población local.
También denuncia HRW las invocaciones al genocidio se han vuelto más comunes que nunca, ya que los extremistas hindúes han organizado 12 actos en 24 meses en cuatro estados, llamando al genocidio de los musulmanes, a los ataques a la minoría cristiana y a la insurrección contra el gobierno.
En esta entrevista, el presidente fundador de Genocide Watch, ha advertido: El genocidio podría muy bien ocurrir en la India.
Nepal
En Nepal, la falta de un liderazgo gubernamental eficaz, el acceso inadecuado y desigual a la asistencia sanitaria y una cultura de impunidad generalizada siguen socavando los derechos humanos fundamentales del país. “La falta de liderazgo efectivo del gobierno en Nepal significa que se hace poco para defender los derechos de los ciudadanos, dejando a millones de personas a su suerte sin servicios adecuados, como los de salud o educación”, dijo Meenakshi Ganguly, director de Asia Meridional de HRW.
“La impunidad sistémica de los abusos contra los derechos humanos se extiende a las violaciones en curso, socavando los principios de responsabilidad y el Estado de derecho en el Nepal postconflicto”, destaca el informe. “Las autoridades no investigan ni enjuician habitualmente los asesinatos o las torturas presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad”, añade.
En octubre de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó 20 años de datos en los que se nombraba a 286 personas, en su mayoría funcionarios de policía, personal militar y antiguos insurgentes maoístas, como sospechosos de delitos graves, entre ellos tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
Además, la situación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas sigue siendo alarmante en el país.
El informe de HRW destaca que Nepal tiene el mayor índice de matrimonios infantiles de Asia, con 33 % de niñas que se casan antes de los 18 años y 8 % antes de los 15. Documentos y denuncias recogidas indican también que ha habido un aumento de los casos de violación en 2021, con una impunidad generalizada para la violencia sexual.
La Ley de Ciudadanía Patriarcal de Nepal, que trata de forma desigual a hombres y mujeres, ha sido criticada por socavar la identidad y la agencia de las mujeres nepalíes, subordinándolas a la posición de ciudadanas de segunda clase, lo que también afecta a los niños.
Pakistán
Por su parte, el gobierno pakistaní “acosa y, en ocasiones, persigue a los defensores de los derechos humanos, abogados y periodistas por criticar a los funcionarios y las políticas del gobierno”, según este informe de HRW.
Entre los problemas de derechos humanos más importantes se encuentran la libertad de expresión, los ataques a grupos de la sociedad civil, la libertad de religión y creencias, las desapariciones forzadas por parte de los gobiernos y sus agentes, los asesinatos ilegales o arbitrarios, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, las detenciones arbitrarias, el terrorismo, la lucha contra el terrorismo y los abusos de las fuerzas del orden.
Según el informe, Pakistán no ha promulgado una ley que tipifique como delito la tortura, a pesar de su obligación de hacerlo en virtud de la Convención contra la Tortura. La regresiva ley de blasfemia del país sirve de pretexto para la violencia contra las minorías religiosas, dejándolas expuestas a detenciones y procesamientos arbitrarios.
Por su parte, la publicación Human Rights Without Frontiers registra que 1865 personas han sido acusadas por la ley de blasfemia, con un aumento significativo en 2020, cuando se registraron 200 casos.
La publicación pone de relieve la difícil situación de miles de baluches paquistaníes que las fuerzas de seguridad han secuestrado.
El primer ministro Imran Khan prometió que se tramitaría por la vía rápida un proyecto de ley para penalizar las desapariciones forzadas. Pero un proyecto de ley sobre desapariciones forzadas, aprobado por la Asamblea Nacional, desapareció misteriosamente tras ser enviado al Senado.
También se critica los continuos ataques a periodistas y activistas por violaciones de la Ley de Delitos Electrónicos, el uso de la Oficina Nacional de Rendición de Cuentas (NAB), una agencia anticorrupción, para perseguir a los críticos, los ataques y las campañas bien coordinadas y los ataques a las mujeres periodistas en las redes sociales.
La intimidación a las organizaciones no gubernamentales, incluyendo el acoso y la vigilancia, son otras medidas que afectan a los derechos humanos en el país.
Sri Lanka
En Sri Lanka, el gobierno sigue reprimiendo a las comunidades minoritarias y acosando a los activistas, y socavando las instituciones democráticas, subraya el informe de HRW.
El presidente Gotabaya Rajapaksha parece decidido a revertir las mejoras en materia de derechos del pasado y a proteger a los implicados en graves abusos. En paralelo, promete reformas y justicia para aplacar las críticas internacionales, su administración ha intensificado la represión de las comunidades minoritarias, señaló Meenakshi Ganguly, directora de Asia Meridional de HRW.
El informe destaca el acoso de las fuerzas de seguridad hacia los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los abogados y las familias de las víctimas de abusos pasados, así como la represión de las protestas pacíficas.
A medida que aumentaban los casos de covid-19 en el país, la respuesta a la pandemia, controlada por los militares, dio lugar a graves violaciones de los derechos.
Una de las principales preocupaciones de las comunidades minoritarias musulmanas y cristianas de Sri Lanka fue la orden del gobierno de no permitir que se enterraran los cuerpos de las víctimas del covid.
Según HEW, varios cadáveres fueron incinerados a la fuerza, a pesar de que los expertos decían que los cuerpos podían ser enterrados con las debidas medidas de seguridad. Esta orden, que según los activistas de derechos pretendía atacar a las minorías y no respetaba las religiones, fue revocada tras muchas críticas.
Un importante grupo británico de defensa de la libertad religiosa, CSW, en su reporte titulado “Una nación dividida: El estado de la libertad religiosa o de creencia en Sri Lanka», afirmó que la comunidad musulmana sufre graves violaciones de la libertad religiosa.
Un factor clave en las violaciones es la percepción de los nacionalistas cingaleses-budistas de que los musulmanes son una amenaza tanto para el budismo como para los cingaleses. El reporte también señalaba los intentos de reducir la visibilidad del Islam mediante la destrucción de mezquitas y las posturas restrictivas sobre la vestimenta religiosa.
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