Solo ocho casos de corrupción en pandemia llegaron a juicio

En un año y medio, desde que empezó a funcionar la Fuerza de Tarea de la Fiscalía se han abierto 183 casos. Especialistas señalan que hay argucias legales.

Las personas morían en las calles. Los hospitales estaban saturados de pacientes graves que buscaban atención por tener síntomas de COVID-19. Eran los momentos más difíciles de la pandemia en el país y mientras los fallecidos se contaban por decenas cada día, había personas que hacían ‘negocios’ por debajo de la mesa.

Primero fueron las redes, luego los medios de comunicación los que informaban sobre los escándalos de corrupción en la pandemia. La situación obligó a la Fiscalía General del Estado a crear en junio de 2020 una Fuerza de Tarea Inter disciplinaria para acelerar las investigaciones y dar con los culpables.

La mayoría, en investigación previa

PRENSAMERCOSUR accedió a los datos de la producción de esta unidad especial. En un año y medio, abrió 183 expedientes, la mayoría (169) todavía está en investigación previa, es decir, los agentes buscan los elementos para iniciar una acción penal en contra de los sospechosos.

Otros continúan en instrucción fiscal y en etapa de evaluación y preparatoria de juicio y solo ocho,  es decir, el 4,3%  de los casos llegó a juicio (ver infografía). En este último grupo se encuentran varios procesos de Daniel Salcedo. Por ejemplo, el 6 de julio de 2021 él y otras siete personas fueron hallados culpables en primera instancia, por el delito de peculado y fueron condenados a 13 años de prisión.

Un tribunal de garantías penales acogió la acusación de la Fiscalía, por la comercialización irregular de insumos médicos con sobreprecio para el hospital Los Ceibos del IESS. El abogado de Salcedo, Cristian Romero, indicó que los jueces de primera instancia “todavía no suben el proceso a la Corte Provincial del Guayas”, donde esperan se señale día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de apelación.

Salcedo también fue sentenciado por fraude procesal y el expediente está en casación (Corte Nacional). Además, tiene una sentencia por el ingreso de artículos prohibidos a la cárcel.

El caso por delincuencia organizada está en etapa de juicio y apenas se han evacuado cuatro testigos. Por otra parte, un tribunal lo declaró inocente en un proceso de lavado de activos.

Sentencias y llamamiento a juicio

En total, hasta el momento, la Fuerza de Tarea ha procesado a 146 personas. En este número solo se contabilizan los sentenciados (17), llamados a juicio (82), quienes atraviesan instrucción fiscal (14) y los sobreseídos (33); no hay un registro de todos los implicados en indagación previa.

Entre los delitos más comunes que investiga la Fuerza de Tarea está el peculado, con 109 casos. Uno de ellos es el que involucra al exalcalde de Quito, Jorge Yuda. Ese proceso también ha tenido retrasos.

Otros delitos son tráfico de influencias, delincuencia organizada, concusión, asociación ilícita, cohecho, apropiación fraudulenta por medios electrónicos, impedimento de tareas sanitarias y humanitarias, tentativa de tráfico de influencias, defraudación tributaria e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Hay casos de ex autoridades que tampoco avanzan.

 Las trabas para llegar a un juicio

PRENSAMERCOSUR buscó una entrevista con un agente a cargo de estos casos para conocer por qué pocos llegaron a la etapa de juicio. Mediante correo electrónico, la Fiscal señaló que, “una vez verificada la disponibilidad de agenda de los agentes fiscales que conforman Fuerza de Tarea, se comunica que por el momento -inicio de año- no es factible atender su pedido de entrevista”.

El penalista Fernando Suárez coincide en que la falta de personal retrasa los casos.  Advierte que son los jueces los que, en varios casos, no llaman a audiencias o las postergan. También que toman decisiones “incomprensibles”, como la nulidad que otorgó una jueza con la que se pretendía regresar a cero una investigación en contra del ex presidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. Esa decisión fue apelada.  “Eso complica todo el trabajo de la Fiscalía”, dice el abogado.

Jueces que hablaron con PRENSAMERCOSUR indican que hay diligencias que se cruzan y deben suspender audiencias. También señalan que los abogados utilizan “argucias” para evitar la instalación de audiencias. “No acuden a las convocatorias, envían excusas de último minuto, dicen que están enfermos”. El catedrático Gustavo Rodríguez señala que los abogados procesados en estas causas buscan retrasar todo y así entorpecer los procesos.

Por ejemplo, la Fiscalía advirtió públicamente que los defensores de Salcedo, a través de “argucias” intentaron desconocer lo estipulado en el Código Penal vigente (COIP) respecto a la prisión preventiva. Esto, porque la defensa solicitó el recurso de habeas corpus -que fue rechazado- para pedir la caducidad de la prisión preventiva -que cumple en la Cárcel 4, en Quito– en el proceso judicial por el delito de delincuencia organizada, iniciado en la pandemia. El recurso planteado por Salcedo no prosperó

La Fiscalía señaló que se pretendía desconocer la normativa que indica que el plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en la que se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán los plazos.

Integrantes de la Fuerza de Tarea Interdisciplinaria

Fiscal General

Tres fiscales de la Unidad de Transparencia

Cinco fiscales de la Unidad de Lavado de Activos

Cuatro fiscales provinciales

24 fiscales de apoyo, uno por cada provincia

Tres expertos en contratación pública y análisis financiero