Luz Marina Arteaga Henao se destacaba por representar a las comunidades campesinas de El Porvenir y Matarratón, en diferentes espacios de denuncia e interlocución con entidades pública.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia informaron la aparición del cuerpo sin vida de Luz Marina Arteaga Henao, una médica y lideresa campesina reconocida por su activo reclamo de tierras en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta, quien estaba desaparecida desde el 12 de enero.
El cadáver fue hallado a orillas del río Meta, a unos ocho kilómetros de la localidad de Orocué Casanare, según el comunicado de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Corporación Jurídica Yira Castro. Estas organizaciones habían solicitado en reiteradas oportunidades medidas de seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP), por el contexto de peligro que rodeaba a Arteaga Henao.
“Exigimos a las autoridades celeridad y transparencia en la investigación de los hechos, así como la protección inmediata de los demás líderes, lideresas y defensores que están amenazados”, reza el escrito.
Los pocos hechos que se conocen
El miércoles de la semana pasada, la mujer salió de su finca, ‘El Raudal’, ubicada en un sector llamado Matarratón. Se cree que a las 15:00 realizó dos llamadas telefónicas, una de las cuales era para solicitarle a un motorista que la transportara al sector de Orocué. Según los vecinos, alcanzaron a escuchar decirle que “iba camino para el pueblo”.
A las 16:30, habría desembarcado de una lancha en el destino indicado. La última vez que fue vista con vida, estaba hablando con el conductor de una motocicleta, cuya identidad se desconoce. Lo siguiente, fue el hallazgo de su cadáver, unos días después.
Antecedentes
La víctima se destacaba por representar a las comunidades campesinas de El Porvenir y Matarratón, en diferentes espacios de denuncia e interlocución con entidades públicas. En efecto, Arteaga Henao tenía “uno de los liderazgos más visibles”, exigiendo el cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que ordenaron a la Agencia Nacional de Tierras la adjudicación de espacios disputados.
“El Gobierno del presidente Iván Duque, con sus instituciones han hecho todo para no garantizar los derechos de las familias reclamantes de tierras históricas y han permitido la re-invasión de los predios de exempleados de la Familia Carranza y organizaciones supuestamente sociales que acaparan tierras, lo cual, Luz Marina había denunciado en reiteradas ocasiones”, se lee.
La zona completa de la disputa se compone por unas 27.000 hectáreas, que décadas atrás eran usadas por cientos de campesinos, hasta que fueron vendidas a fines de los 70 a Víctor Carranza, llamado el ‘Zar de las Esmeraldas’, forjando traslados forzados. De hecho, la propia Arteaga Henao era una sobreviviente de masacres protagonizadas por bandas armadas irregulares en 1987.
Constantes amenazas: “Tienen que irse, o los matamos”
Las organizaciones sociales también expusieron las constantes amenazas de paramilitares que recibían Arteaga Henao y otros dirigentes. Entre estas denuncias públicas, señalaron que en 2019 grupos de extraños se hicieron presentes en el predio de la mujer cuando ella no estaba e hicieron preguntas a los residentes para saber cómo encontrarla.
También transcribieron un llamado intimidatorio a Omar Elkin Salgado, otro líder territorial de aquella misma zona. La comunicación fue iniciada por un presunto comandante del grupo armado conocido como ‘Rastrojos’, quien le habría exigido que “no siga con el tema de las tierras y no vuelva a asistir a ninguna reunión”.
Y continuó: “No lo queremos ver firmar documentos que no tiene que firmar. Sí sabe lo que le están pasado a los ‘hijueputas’ líderes sociales, que los están matando por sapos, lambones, metidos en lo que no les importa”.
En la amenaza, fechada el 16 de abril del 2019, el victimario indicó que “dos personas tienen que irse de la vereda”. Y detalló a quiénes se refería: “Usted es uno y la otra es la señora Luz Marina Arteaga. Tienen que irse de la vereda o los matamos”.
Según este repaso, la UNP notificó a la mujer en 2020 que le garantizaría un sistema de comunicación, un chaleco blindado y el apoyo de un salario mínimo destinado a una reubicación temporal de tres meses. Además, para cuando se trasladara al Meta, le darían un vehículo y dos hombres destinados a protegerla.
Sin embargo, ella expresó su desacuerdo porque su casa no tenía un acceso acorde para el automóvil, al ser una zona inundable. Así, no queda claro si la víctima recibió algún tipo de resguardo estatal, o si la medida quedó inconclusa: “Al día de hoy no se cuenta con una comunicación oficial que deje en claro las medidas otorgadas”, dicen las organizaciones.
“El 2022 empieza muy mal en Colombia”
Por su parte, la Defensoría del Pueblo en 2020 ya había emitido una alerta por acciones armadas de grupos organizados. En Puerto Gaitán, advirtieron que se incrementaron las amenazas de bandas sucesoras del paramilitarismo, como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), también conocidas como el ‘Clan del Golfo’. Además, le preocupó la presencia de disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no firmaron el acuerdo de paz, y el aún vigente Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En medio de la conmoción generada por este nuevo homicidio, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, exigió una “investigación sobre los hechos y garantías de protección”. Con ese tono, señaló que “el 2022 empieza muy mal en Colombia”.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del año ya se cometieron al menos seis asesinatos contra líderes sociales en ese país. En el 2021, la ONG registró 171 homicidios contra estos referentes.
RT
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