Paraguay: Senado extiende emergencia sanitaria sin «abrir la canilla»

Ante el temor de que se abra nuevamente la canilla para gastos y compras innecesarias, los senadores solo aceptaron la vigencia de tres leyes dentro de los artículos de la ley de emergencia.

En ese sentido, se aprobó la compra de vacunas, mediante la continuidad de la Ley 6707, la cual también se extiende hasta el 30 junio. Asimismo se amplía la Ley 6742/21, para el uso de camas de terapias privadas cuando se vean sobrepasadas las del sector público, hasta el 31 de marzo.

Por otro lado se autoriza al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a utilizar fondos para contratación para reemplazo de profesionales de salud, mediante contratos temporales y que deberán ser debidamente identificados por el Ministerio de Salud, que deberán estar disponibles en la página de la cartera sanitaria hasta el 30 de junio.

La propuesta fue presentada por la senadora Esperanza Martínez, y se añadieron las propuestas del senador Patrick Kemper.

El proyecto faculta a la Contraloría General de la República en coordinación con la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y órganos de control para establecer lineamientos en materia de transparencia, así también habilitar mecanismos de recepción de denuncias sobre casos de corrupción e impulsar monitoreo y auditoría a las instituciones involucradas en la ejecución del proyecto.

Igualmente, el Senado introdujo en el artículo 10 autorizar al IPS hasta el 30 de junio de 2022 al pago de compensaciones económicas hasta un monto USD 20 millones a trabajadores formales suspendidos, en aislamiento preventivo, en situación de riesgo y reposos de salud a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19 o coronavirus con los saldos de los recursos financieros otorgados en el marco del artículo 46 de la Ley 6524/2020 y su modificatoria.

«Inutilidad crónica y proyecto cachafaz»

Los senadores criticaron la manera desprolija y apresurada en que el Poder Ejecutivo presenta el proyecto a 13 días de salir de vigencia la ley de emergencia sanitaria, sin comunicarse los argumentos ni la situación sanitaria que sustenten la aprobación de la ley.

La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, llamó de «inutilidad crónica» las gestiones del Ejecutivo, ya que este poder del Estado ni siquiera pudo presentar un proyecto adecuado a la situación y solo se pide extender una ley sin evaluar las nuevas variables. Lamentó que la presencia de la ley general cree confusiones y que tiene una serie de artículos que no están vigentes.

El senador Stephan Rasmussen, del Partido Patria Querida (PPQ), calificó como una gran improvisación el proyecto de ley que fue presentado a las apuradas demostrando que no existe previsibilidad. Cuestionó que el sector privado haya cumplido poniendo a disposición la atención a pacientes del sector público, pero que el Gobierno no haya honrado sus compromisos.

El legislador Amado Florentín, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), pidió que antes de aprobarse la ley se aclaren los términos de la ley para que no «se abra de nuevo la canilla».

Por su parte, el senador colorado Sergio Godoy mencionó que se trata de un proyecto «Kachafa» (cachafaz), sin siquiera explicar qué se hizo con el dinero, cuál es el cronograma de pago, cuál es la deuda y el mecanismo para contrataciones por relevo.

Entretanto, el senador Gilberto Apuril pidió que la sesión entre en un cuarto intermedio y que se convoquen a las autoridades para que argumenten mejor los alcances de la normativa, pero el pedido no reunió los votos necesarios.

Ante los cuestionamientos, la senadora proyectista Lilian Samaniego explicó que el proyecto de ampliación fue presentado por el Ministerio de Salud, el pasado 3 de diciembre, ante la Cámara de Diputados y debido a que no se trató en sesión ordinaria la Comisión Permanente del Congreso Nacional tuvo que dar trámite y convocar a ambas Cámaras.

Dijo que al no estar vigente la ley no se tiene autorización para el uso de fondo por emergencia, al igual que el Instituto de Previsión Social (IPS) no puede utilizar sus fondos para el pago de trabajadores formalizados suspendidos por la pandemia.