El 22 de diciembre de 1992 el juez José Agustín Fernández y el abogado Martín Almada llegaron hasta el Departamento de Producciones de la Policía Nacional, ubicado en Lambaré donde encontraron un tendal de documentos secretos que la dictadura de Alfredo Stroessner guardó celosamente por más de tres décadas. El hallazgo con el tiempo pasaría a ser la mayor prueba de un régimen de horror, marcado por represión, torturas, desapariciones forzadas y muertes.
En febrero de 1989 cayó la dictadura, muchos de los exiliados volvieron al país y unidos a otros luchadores por los Derechos Humanos, comenzaron a juntar pruebas contra el régimen y tratar de llevar ante la justicia a sus responsables. Las atrocidades cometidas en las mazmorras stronistas eran negadas por todos los que formaron parte de este pedazo oscuro de la historia del Paraguay.
Se inició la búsqueda de los desaparecidos, grupos de Derechos Humanos iban tras lo que sería una especie del eslabón perdido de la dictadura. Se hicieron muchos procedimientos se buscó las tumbas, pero hasta ese momento no hubo resultados positivos.
Años pasaron sin que se pueda tener esa prueba madre, hasta que el 22 de diciembre de 1992 Martín Almada, uno de los “buscadores” llegó hasta el juez José Agustín Fernández, para solicitarle una serie de allanamientos para dar con los cuerpos de los desaparecidos, el magistrado firmó las órdenes.
Ya en horas de la tarde la comitiva llegó hasta la sede policial en Lambaré donde se pensaba habian tumbas de desaparecidos. Pero en ese lugar no había tumbas NN, pero lo que se encontró casi sin querer fue una habitación llena de papeles.
Se comenzó a revisar esos documentos y se dieron cuenta que encontraron las pruebas de la represión más cruenta que vivió el Paraguay. Rápidamente la gente se congregó en el sitio y formó un cordón humano para resguardar el hallazgo.
En el lugar se encontraron 11.225 fichas de personas detenidas que pasaron por el temible Departamento de Investigaciones, la Técnica y el Departamento Judicial, sitios donde se torturaba a los opositores al régimen. Los “terroristas”, como les llamaban, muchas veces iban presos y nunca más se sabía de ellos.
Cédulas de identidad y pasaportes de 1.888 personas particulares encontraron en el sitio y más de 20 mil fotografías de detenidos, también se tenían fotografías de actos políticos, cumpleaños particulares y de diferentes actos sociales. Había incluso álbumes de familias, que fueron incautados en ilegales procedimientos y millas de otras fotografías. Luego encontraron partes policiales e informes elaborados por policías de diferentes dependencias, en total se encontraron más de 700.000 hojas que formaban el archivo que se acumuló por más de 35 años.
Entre las muchas fichas encontradas estaba la de Apolonia Flores, de solo 12 años, quien fue herida de bala el 11 de marzo de 1980, la niña estuvo presa en el Departamento Judicial hasta el 30 de septiembre de 1980, seis meses detenida ilegalmente ya que a esa edad era inimputable. También había relatos sobre personas que supuestamente conspiraban contra el régimen y que fueron detenidas ilegalmente, muchas de ellas nunca más regresaron con vida.
Si hay algo que el régimen represor logró hacer bien, fue montar un sistema de espionaje que iba del más alto rango policial hasta llegar al ciudadano a pie. Los conocidos como “pyrague” estaban en todos lados y listos para dar su informe a la policía.
Este aceitado sistema hacía que cada persona esté siempre monitoreada por los ojos de la dictadura. Ante la más mínima sospecha de conspiración entraba a actuar la policía que secuestraba al sindicado como golpista e iba a parar con sus huesos al Departamento de Investigaciones, donde los torturadores estaban siempre hambrientos de sadismo.
El hallazgo del archivo hizo que todas las voces que negaban las detenciones, torturas y desapariciones, se acallaran. Cada reporte encontrado en el Departamento de Producciones de la Policía Nacional era una prueba del terror que sembró Alfredo Stroesner y su camarilla durante más de tres décadas.
Estos documentos sirvieron también para que los torturados y familiares de los desaparecidos puedan iniciar acciones legales en busca de justicia. Sirvió para condenar a oscuros personajes como Pastor Coronel, Camilo Almada Morel, Lucilo Benítez entre otros, aunque muchos más hasta la fecha nunca pagaron por sus atrocidades.
El archivo del terror fue un pequeño soplo de justicia para todos los que de una u otra manera sufrieron los rigores de una sangrienta dictadura. El régimen de “Paz y Progreso” dejó 425 desaparecidos forzosos, más de 20.000 detenciones ilegales, forzó el exilio de más de 20.000 paraguayos, según un informe que dio a conocer la Comisión Verdad y Justicia.
Actualmente los archivos descubiertos en 1992 se encuentran depositados en el Palacio de Justicia de Sajonia, con el nombre de “Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos”, y puede ser visitado por todas las personas para conocer la historia del régimen stronista y que nunca olviden lo ocurrió.
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