Las potencias extranjeras y la ONU dieron la espalda al primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, quien ha estado al frente del país desde el asesinato del presidente Jovenel Moise hace diez días, al anunciar este sábado su apoyo explícito a uno de los rivales que le disputan el poder.

Los representantes en Haití de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea y un grupo de seis embajadores, entre ellos el de Estados Unidos, expresaron su respaldo a Ariel Henry como primer ministro en un comunicado.

El posicionamiento de los embajadores del llamado Core Group a favor de uno de los tres aspirantes al poder supone un importante giro, puesto que en los días posteriores al magnicidio, tanto la ONU como Estados Unidos reconocieron la autoridad de Claude Joseph para dirigir el país caribeño hasta las próximas elecciones.

Las dudas en la sucesión de Moise surgen porque Ariel Henry fue nombrado primer ministro el pasado 5 de julio, en el último decreto firmado por Moise dos días antes de su muerte, pero este no llegó a ser investido, por lo que Joseph continuó al frente del Gobierno, con el respaldo de la Policía y del Ejército.

Petición de un gobierno de consenso 

En su comunicado, las potencias extranjeras pidieron la formación de un Gobierno de consenso e inclusivo y, con este fin, animaron “encarecidamente” a Henry a continuar con “la misión que se le ha encomendado para formar dicho Gobierno”.

Este Ejecutivo de consenso, según la visión de los embajadores, deberá encargarse de organizar “en el plazo más breve posible” las elecciones presidenciales y legislativas que, según recalcaron, deben ser “libres, justas, transparentes y creíbles”.

El Core Group está formado por los embajadores de EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá, la UE, así como los representantes de la ONU y de la OEA.

Este grupo fue inicialmente establecido como un ente facilitador de la labor de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), desplegada entre 2004 y 2017, pero en la práctica sirve para consensuar las posiciones políticas de las potencias en relación a Puerto Príncipe.