El proceso es cuestionado por haberse ejecutado en plena pandemia de COVID-19.
El Ministerio Público establecerá si la compra en junio de 2020 por 13.270 millones de pesos se ajustó o no a la normativa, a los principios de contratación estatal y si el objeto contractual fue ejecutado conforme a los términos del requerimiento de la compra y los estudios previos.
El proceso es cuestionado por haberse adelantado en plena emergencia sanitaria del COVID-19. Los vehículos, que tienen la intención de fortalecer el esquema de seguridad de los magistrados, fueron adquiridos mediante una orden de compra a los proveedores Unión Temporal Toyonorte LTDA., Armor International Colombia LTDA. y Blindex S.A.‘
Dice la Procuraduría Segunda Delegada para la Moralidad Pública que también habría presuntas irregularidades por los altos precios de los accesorios y adecuaciones de los vehículos.- Caracol Colombia
