Los buenos precios del petróleo no se están convirtiendo en más ingresos para el país

El crudo ecuatoriano se cotiza por debajo de los precios internacionales; mientras la producción diaria continúa a la baja.

Con un precio que bordea los $70 por barril de crudo se podría pensar que el Gobierno tiene una gran posibilidad de mejorar los ingresos del Estado. Sin embargo, el sector petrolero ecuatoriano hace aguas por todas partes y necesita cambios urgentes.

Entre enero y mayo de 2020, con una cotización promedio de $35 por barril, el Presupuesto General del Estado (PGE) recibió $303 millones por la venta de petróleo. En ese mismo periodo de 2021, con un precio internacional de alrededor de $62, el ingreso aumentó a $387 millones.

En otras palabras, con casi el doble en la cotización, el fisco ha recibido 28% más, es decir, $84 millones adicionales.

Según Fausto Ortiz, exministro de Economía, con las condiciones mundiales actuales, el petróleo debería aportar por lo menos el doble del monto registrado en el PGE.

Así, por ejemplo, en 2018, con un precio de alrededor de $60 por barril, el ingreso entre enero y mayo fue de $848 millones.

Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, estimó que, a pesar de que se ha presupuestado más de $2.000 millones, el petróleo aportará solo $1.000 millones en 2021.

¿En qué condiciones se está exportando petróleo?

El PGE para 2021 se construyó, de acuerdo con el exministro de Economía, Mauricio Pozo, con un valor de $37 por barril de crudo. Es decir, si el precio bordea los $70, se tendrían $33 adicionales por cada unidad exportada, lo que sería una inyección de liquidez directa a la caja fiscal.

Pero, la realidad dista de esa expectativa. En primer lugar, el Gobierno debe transparentar, a criterio de Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros petroleros, en qué condiciones se está exportando y cuál es el verdadero ingreso para el Estado.

En enero de 2021, a pesar de que el precio internacional del crudo WTI se cotizó a más de $52, el barril de petróleo ecuatoriano se exportó a un promedio de $48,5; es decir a casi $4 menos.

En febrero, según cifras del Banco Central de Ecuador (BCE), la cotización subió a $61,50; pero el país recibió $55,3 por barril, lo que representan $6,2 menos.

El presidente Guillermo Lasso le encomendó al fallido ministro de Energía, Roberto Salas, que la prioridad debe ser cambiar por completo el departamento de comercio internacional de Petroecuador. En esa instancia se han producido los mayores casos de corrupción de los últimos años y el país ha perdido millonarios ingresos.

Sin embargo, Juan Carlos Bermeo, oficialmente posicionado en esa cartera de Estado luego de más de una semana de incertidumbre, no ha dado todavía pistas de cómo va a cambiar esa realidad.

Producción sigue a la baja

En enero de 2021, se inició con una producción diaria de un poco más de 500.000 barriles. A la fecha, el nivel bajó a 495.000 barriles, esta producción se tenía 11 años atrás.

Según el último reporte disponible de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, los bloques petroleros como el ITT están produciendo alrededor de 56.000 barriles, a pesar de que su potencial es de más del doble.

Casi el 60% de la producción depende de tres campos antiguos y ya maduros como Shushufindi (84.000 barriles); Sacha (67.800 barriles) y Auca (74.882).

Roberto Velasco, ingeniero en petróleos e investigador, explicó que en 2018 se logró más del doble del ingreso por petróleo porque la producción estaba en más de 20.000 barriles por encima de lo registrado actualmente.

“Se debe operar un cambio completo en el sector petrolero. El inicio es tener una verdadera política, que no solo vaya hacia la meta de duplicar la producción, como dijo el presidente Lasso; sino a transparentar cómo se invierte y gastan los ingresos”, acotó.

Además, otro punto a tomar en cuenta es que, debido al marco legal que se construyó en la década de Rafael Correa, solo $0,19 de cada $1 de ingresos petroleros van efectivamente al PGE. El resto se va en preasignaciones directas a universidades, gobiernos locales y otros gastos. (JS)