En segundo debate, la Asamblea aprobó una ley que suprime la libertad de expresión.
La Asamblea Nacional aprobó la noche del jueves 6 de mayo de 2021 una nueva ley, la séptima en lo que va de este quinto mes del año si incluimos ratificaciones de acuerdos, tratados comerciales y protocolos.
Originalmente se propuso controlar la violencia sexual digital, pero el proyecto de la Asamblea solo apunta a proteger a políticos y controlar la difusión de información incómoda en internet y redes sociales. La sanción es pena privativa de la libertad, desde los 6 meses y puede llegar a los 3 años para quien la difunda.
La ley está vinculada directamente con la restricción de la libertad de expresión, que sin contexto ni garantías el ejercicio de la investigación periodística se verá afectada. No solo sanciona la libre opinión en redes sociales, sino que da carta abierta para la incautación de servidores, computadoras y cualquier dispositivo con fines investigativos.
Mae Montaño, asambleísta del movimiento CREO y una de las proponentes de la Ley, “rechazó” la distorsión del cuerpo legal que “busca restringir libertades”. Las reformas presentadas las calificó como “arbitrariedades” y presentadas de “forma tapiñada” que amparan y protegen a los funcionarios corruptos que pasarán de ser “perseguidos a perseguidores”.
“La ley que era para proteger a las mujeres, ahora solo apunta a proteger a los políticos”, aseguró la futura ministra de Inclusión del Gobierno de Guillermo Lasso.
Jeannine Cruz, también asambleísta del movimiento CREO, aseguró que hay dos artículos que se “prestan para violentar y transgredir la libertad de expresión”. Agrega que “cualquier político” que se encuentre vinculado con actos de corrupción con esta nueva ley se puede declarar “víctima” y podrá incluso “denunciar a los periodistas que divulguen información en su contra.
Cree que la “premura y rapidez” con la que está trabajando el legislativo ecuatoriano impide tener debates más amplios. “Hay mecanismos que nos llevan a debates más serios. Este proyecto de ley debió ser debatido con mayor tiempo”. Deja claro que hay “una línea sensible entre la protección de la intimidad y la transgresión de la libertad de expresión”.
César Ricaurte, director de Fundamedios, calificó como “preocupante y grave” el contenido de este cuerpo legal puesto que las sanciones que ahí se establecen contemplan pena privativa de libertad del periodista. Considera que esta ley se “presta a una interpretación arbitraria” por parte de la autoridad competente.
Indicó que esperan una reconsideración de la votación por parte del pleno de la Asamblea cuya última está planificada para el 11 de mayo próximo.
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