Colombia: varias ONG denuncian al menos 7 muertos en Cali y violaciones de DD. HH. en las protestas

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Lo que inició el miércoles como marcha contra la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, siguió este sábado en varias ciudades como prolongación del paro nacional. Y con violencia. Solo en Cali, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías informó haber recibido la denuncia de 14 personas asesinadas ayer por disparos policiales, cuando el Ministerio de Defensa solo constató un fallecimiento. Otros abusos ya han sido reportados por otros grupos, mientras que 97 se unieron para señalar ante la CIDH posibles violaciones a los DD. HH. cometidos por agentes del Estado.

Un «tratamiento de guerra contra las manifestaciones”. Así denuncia la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías la represión por parte de las fuerzas colombianas contra los ciudadanos, que desde el miércoles 28 de abril rechazan en las calles del país la reforma tributaria del Gobierno. Una represión que, en apenas cuatro días, ha provocado ya decenas de heridos y detenidos, así como muertos y desaparecidos.

Cali, una de las tres principales ciudades, se encuentra sacudida por las protestas en el marco de una nueva jornada de paro general. Pero también aquí es donde se está viviendo una de las situaciones de inseguridad pública más preocupantes, con denuncias de asesinato de varios manifestantes, presuntamente por disparos policiales.

En rueda de prensa, la ONG aseguró haber recibido 14 reportes de personas que han fallecido en medio de las protestas. Siete ya han sido confirmadas por las organizaciones que conforman la red de DD. HH.; la mitad restante aún es materia de investigación.

Por su parte, la organización Temblores contabilizó al menos 10 muertes producto de la violencia policial, 68 víctimas de violencia física, 655 detenciones arbitrarias, 8 personas que recibieron agresión en sus ojos y 18 casos de disparos de armas de fuego perpetrados por la fuerza pública.

Entre las víctimas señaladas por la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías se hallan dos menores, que fallecieron el pasado 28 de abril «producto de las balas que disparan la Policía y la fuerza pública».

Asimismo, los defensores de derechos humanos resaltaron que al menos tres personas se encuentran desaparecidas y que, a la represión con armas de fuego, se suman detenciones arbitrarias y golpizas en contra de los detenidos. Mujeres y hombres fueron golpeados en una estación de Policía de la ciudad caleña, donde además les fueron hurtados objetos personales como teléfonos móviles y maletines.

Miembros de la organización afirmaron que durante sus acompañamientos a las marchas ciudadanas han sido testigos de actuaciones en las que supuestos miembros de las fuerzas de seguridad conducen motocicletas con los números de matrícula tapados, para disparar y robar así a quienes se manifiestan.

Adicionalmente al menos 84 personas habría sido llevadas a estaciones de policía o al coliseo Las Américas, lugar que fue dispuesto como un centro de detención temporal, donde varias también aseguraron haber sido sometidas a golpes.

Abusos que se han dado a conocer junto a la denuncia de una joven que reveló haber sido víctima de violencia sexual por parte de un agente del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), cuando protestaba «pacíficamente». «Como muchos que me conocen –escribió en Facebook– saben que siempre muestro mi respeto hacia la fuerza pública, pues mi padre pertenece a ella. Siempre creí que actuaba por provocación de la comunidad, pero hoy fui víctima de un hecho que hizo merecedor de perder el respeto por el Esmad».

Mientras la violencia se agudiza en las movilizaciones de esta zona del país, la Alcaldía y la Gobernación guardan silencio, según reprochan desde la Red, ya que recalcan que las autoridades locales han asegurado que no se han presentado desenlaces fatales. Este sábado, el alcalde Jorge Iván Ospina y el personero de la ciudad Harold Andrés Cortés ofrecieron algunas cifras. Si bien, todas contradictorias y aludiendo más a una «violencia desmedida» de los manifestantes.

«Nos están negando la posibilidad de ejercer nuestro trabajo. Habíamos llegado a un supuesto acuerdo con la Alcaldía de que se nos iba a permitir nuestra legítima labor, pero eso no ha sucedido, no se nos entrega la información de a dónde están siendo conducidas las personas detenidas por la fuerza pública», explicó el conglomerado en defensa de los ciudadanos, que hasta este primero de mayo se han visto sin un Defensor del Pueblo nacional presente.

Solo al final del día el Defensor Carlos Camargo –que hace parte de la entidad encargada de velar protestas con funciones constitucionales y legales– apareció rechazando el «vandalismo». Por su parte, el ministro de Defensa colombiano Diego Molano sostuvo este viernes que las autoridades solo tienen conocimiento de un manifestante muerto, dentro de una narrativa gubernamental de terrorismo y de grupos disidentes armados.

Declaraciones que han avivado la indignación ciudadana –que también marchó en la capital Bogotá– muy movilizada en redes sociales. Es ahí donde el senador de la oposición Wilson Arias hizo eco de las denuncias de la Red de Derechos Humanos, y donde varios testigos difundieron videos demostrando los actos de las autoridades.

«Hacemos responsables directos al ministro, al presidente y al alcalde de Santiago de Cali por los actos que está cometiendo la fuerza pública contra la comunidad», enfatizó una vocera de la Red Francisco Isaías.

¿Por qué protestan en Colombia?

El hartazgo de los ciudadanos colombianos ha llegado al límite con la tercera reforma tributaria impulsada por el presidente Iván Duque. El proyecto busca un recaudo de alrededor de 6.302 millones de dólares para tratar de llenar los agujeros en las arcas del Estado en medio de la pandemia de Covid-19.

Pero lo impulsa a partir de un significativo aumento de impuestos principalmente para la clase media y baja, cuyas finanzas ya agonizan ante el aumento del desempleo y los cierres de negocios causados a su vez por los cierres al comercio y las restricciones de las autoridades para tratar de frenar la expansión del virus.

Entre los puntos más controvertidos, el Ejecutivo de Duque propuso que a partir de 2022 deberían declarar renta quienes ganen más de un equivalente a 660 dólares mensuales.

A partir de 2023, ampliaría aún más el rango de colombianos que tendrían que pagar esa obligación, pues el impuesto del 10% aplicaría para quienes tengan ingresos por alrededor de 374 dólares al mes. Esto en un país donde el salario mínimo es de 248 dólares.

También planteó aumento del 19% a la tarifa de los servicios públicos, agregando un impuesto a productos básicos de la canasta familiar. Contrario a la activación a la generación de empleo y recuperación económica de los ciudadanos, la Administración Duque pretende recaudar fondos con un costo de vida más alto.

En medio del fuerte descontento social, el mandatario ordenó el viernes al Ministerio de Hacienda y al Congreso formular cambios al cuestionado texto. Entre ellos, aseguró que no habría aumentos en el IVA a los bienes y servicios públicos y que no se tocaría la canasta familiar.

Pero la mayoría de los colombianos exige el retiro de la iniciativa de ley en su totalidad. El propio partido oficialista, Centro Democrático, desaconseja aprobarla no precisamente por no estar de acuerdo sino porque la considera impopular de cara a las elecciones del próximo año 2022.

El presidente Duque autorizó «la figura de asistencia militar»

Mientras el mandatario insiste en la implementación de la reforma tributaria, y los ciudadanos claman en las calles que el proyecto no sea avalado, el Gobierno aumenta las cuarentenas y cierres al comercio y continúa con un lento proceso de vacunación que pueda mitigar la crisis sanitaria y económica.

Sin demora son 97 las organizaciones sociales las que, ante las numerosas denuncias, decidieron unirse este sábado para señalar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) posibles violaciones cometidas por agentes del Estado.

Asimismo, en la línea de su postura sobre las movilizaciones, Iván Duque se dirigió a la nación en la noche, autorizando «la figura de asistencia militar» en las ciudades: «Mi obligación como presidente de la República es garantizar el derecho a la protesta, como manifestación pública y pacífica (…) No dejaremos de tomar todas las medidas para garantizar el abastecimiento, la movilidad, el derecho al trabajo y la seguridad en todo el territorio nacional».

Con EFE y medios locales

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