Organizaciones chilenas y de derechos humanos junto con el ex juez español Baltasar Garzón presentaron el jueves una acusación ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente Sebastián Piñera por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad durante las protestas de 2019, se informó.
Garzón, la Comisión de Derechos Humanos de Chile (CCHDH) y otras organizaciones enviaron hoy una carta a la procuradora general de la Corte Penal Internacional (CPI), abogada Fatou Bensouda, en la ciudad holandesa de La Haya para que la corte investigue, acuse y Iniciar un juicio al presidente Sebastián Piñera por crímenes de lesa humanidad que se vienen cometiendo desde octubre de 2019”, informó el Centro de Investigación Periodística (Ciper).
El documento solicita el levantamiento de cargos contra Piñera y todos los funcionarios y miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en la represión de las protestas de hace año y medio, en la creencia de que se cometieron crímenes de lesa humanidad generalizados y sistemáticos.
Según los demandantes, la Justicia chilena archivó más de 3.000 casos de violaciones de derechos humanos sin investigación, lo que a su juicio “pone de relieve la impunidad que existe en Chile”.
“Los casos son tipificados e investigados fraudulentamente en Chile como delitos comunes, con el propósito deliberado, en primer lugar, de sacarlos de la jurisdicción de la CPI y, en segundo lugar, de preparar las condiciones que favorecerían su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de fin de plazo”, argumentaron los demandantes ante La Haya.
La CPI no tiene una fecha límite para decidir si admite la acusación, lo que hace poco probable una respuesta rápida.
En octubre de 2019, una ola de protestas desafió al gobierno de Piñera, que respondió con una dura represión que dejó una treintena de muertos, 460 personas con heridas en los ojos y más de 8.800 denuncias por “delitos cometidos por agentes estatales”, según un informe de la Fiscalía Nacional. Estas denuncias fueron confirmadas por informes de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
FUENTE Mercopress
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