El presidente de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, entregó a la Defensoría del Pueblo un informe con una alarmante radiografía que documenta los homicidios y otros ataques contra defensores de Derechos Humanos, líderes sociales y excombatientes de las Farc.
La entrega del análisis se hizo a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que además integran la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
El magistrado Cifuentes señaló que el objetivo es que de manera urgente, el defensor del Pueblo evalúe el informe técnico de investigación y con fundamento en sus propios hallazgos, brinde las recomendaciones a que haya lugar al Estado, para definir la hoja de ruta que permita frenar la ola de violencia contra los ex miembros de las Farc y líderes sociales en las diferentes regiones del país
“El Sistema Integral le solicita que con fundamento en sus hallazgos y consideraciones, rinda prontamente un informe y adopte una resolución defensorial, en la que formule recomendaciones a las instituciones del Estado, con enfoques diferenciales y perspectiva territorial, y fije la hoja de ruta para detener esta tragedia humana, que además de privar al pueblo colombiano de importantes voces de liderazgo, transformación social y reconciliación, compromete la consecución de la paz estable y duradera”, indicó el magistrado Cifuentes.
De igual forma, señaló que “la violencia contra defensores de derechos humanos y ex integrantes de las Farc, constituye una barrera de acceso a la justicia transicional. Puede convertirse en muro infranqueable a las aspiraciones de víctimas y comparecientes enderezadas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Sin personas que apoyen activa y abiertamente la transición, básicamente porque tienen miedo de ingresar al Sistema Integral, este queda desprovisto de contenido y arriesga transformarse en una institución de papel”.
Crímenes en aumento
El Sistema de Monitoreo de Riesgos de la Unidad de Investigación de la JEP, documentó que entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, un total 904 casos de líderes sociales fueron asesinados.
“Los homicidios vienen en aumento desde 2016 y llegaron a su pico más alto en 2020. En el segundo semestre de 2016, se registraron 17 asesinatos; 215 en 2017; 208 en 2018; 167 en 2019 y 297 en 2020”, indica el informe de la JEP.
Así mismo, se evidenció que en el 25% de los municipios de Colombia (280), se han consumado homicidios selectivos contra líderes sociales y en 17 zonas se concentra el 32% de los casos.
Los investigadores y magistrados también identificaron a Cauca, Antioquia y Nariño, y Tumaco (Nariño), Corinto (Cauca), Caloto (Cauca) y Tarazá (Antioquia); como los departamentos y municipios más afectados por esta ola de violencia.
Sumado a este grave panorama, se tiene un registro de 334 amenazas de muerte, 99 tentativas de homicidio, 32 desplazamientos forzados, 31 secuestros, 13 desapariciones y 12 masacres entre 2016 y 2020, en los cuales aparecen como víctimas los líderes sociales.
Más excombatientes asesinados
De igual forma, en el informe se resalta que entre el 1 de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021, fueron perpetrados 276 homicidios de exmiembros de las antiguas Farc, de los cuales 43 ocurrieron en el 2017, 66 en el 2018, 86 en el 2019, 69 en el 2020 y 12 en lo que ha transcurrido de 2021.
“De estos 276 asesinatos, 253 fueron contra personas que comparecían ante la JEP (92%)”, advirtió el magistrado Cifuentes.
Los departamentos con mayor número de homicidios son: Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Meta, Putumayo y Norte de Santander y los municipios con las cifras más altas son: Tumaco (Nariño), Ituango (Antioquia) y Puerto Asis (Putumayo).
Igualmente, se estableció que la mayoría de estos asesinatos son atribuibles a las disidencias de las Farc, seguidas por el Clan del Golfo, el ELN y los Pelusos, mientras que en el 55% de los casos las autoridades no han podido identificar a los autores de los crímenes.
Además de las muertes violentas, los investigadores tienen información de 40 amenazas, 22 tentativas de homicidio, 15 desplazamientos forzados, 8 secuestros, 2 desapariciones y 2 actos de tortura contra guerrilleros desmovilizados, registrados entre los años 2016 y 2021.- AFP-RCN
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