Siete funcionarios afines a Maduro, en la mira del gobierno de Estados Unidos
Están vinculados a las fuerzas de seguridad y a la justicia venezolana. Tienen trayectoria desde la época del líder fallecido Hugo Chávez y dentro del gobierno de Nicolás Maduro, algunos han sido reintegrados a sus cargos militares, recibido ascensos o desempeñan, según analistas, puestos considerados claves para la llamada revolución bolivariana.
Ellos son los siete funcionarios venezolanos que el pasado lunes fueron sancionados por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien mediante decreto declara a la nación sudamericana una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior estadounidenses. La orden presidencial de EE.UU. se enfoca en “personas involucradas o responsables por la erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de oponentes políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de la violencia y violaciones a los derechos humanos y abusos en respuesta a las protestas contra el gobierno”.
Los cinco oficiales, un exmilitar y una fiscal han sido elogiados por Maduro, quien calificó las medidas (que incluyen el bloqueo de bienes que pudieran tener en EE.UU.) como aberrantes e ilegales.
En respuesta a la medida Maduro nombró como ministro de Interior, Justicia y Paz a uno de los sancionados, el mayor general Gustavo González López, quien era director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Según la orden presidencial de Obama, “bajo la dirección de González, el Sebin ha tenido un papel importante en las acciones represivas en contra de la población civil durante las protestas en Venezuela”. Además de causar varias lesiones, el personal “cometió cientos de entradas forzosas y detenciones extrajudiciales en Venezuela”.
El diario español El País señala en una nota que González pertenece al grupo que responde a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y segundo hombre fuerte del gobierno venezolano.
Otro de los sancionados es el general Antonio Benavides Torres, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. Es un exlíder de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), cuyos miembros, según EE.UU., están comprometidos en actos significativos de violencia o conductas que constituyen un serio abuso o violación de derechos humanos, incluidos aquellos cometidos contra quienes participaron en las protestas del año pasado.
En julio del 2014 pasó a retiro, pero dos meses después Maduro lo incorporó a las filas. Cuando era coronel reprimió las protestas estudiantiles del 2009 contra la Ley de Educación. Chávez, por su fidelidad, le otorgó la Orden Libertador.
EE.UU. también incluye al jefe de la 31 brigada del Ejército Manuel Gregorio Bernal Martínez, denunciado, junto con Maduro, por el líder opositor Leopoldo López por las muertes del estudiante Bassil Dacosta y del chavista Juan Montoya en las protestas del 12 de febrero pasado. Su nombramiento como director del Sebin se dio el 23 de enero pasado y tres semanas después fue destituido. Maduro ha negado que su remoción haya sido por su actuación en las protestas.
En la lista está Manuel Pérez Urdaneta, director de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Sus miembros, señala el informe de EE.UU., “usaron fuerza física severa en contra de manifestantes y periodistas pacíficos en varias ciudades de Venezuela, lo que incluyó disparos de municiones reales”.
Se suma el inspector general de las Fuerzas Armadas, Miguel Vivas Landino. Fue jefe de la Región Estratégica de Los Andes de la Fuerza Armada venezolana entre febrero y julio del 2014 en que se registraron las marchas antichavistas. Según Univision, dirigió la represión de las manifestaciones en Mérida, Táchira y Trujillo.
La única civil sancionada por EE.UU. es la fiscal 20 Katherine Nayarith Haringhton Padron, quien lleva el caso de la exdiputada y líder opositora María Corina Machado y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma (preso desde el 20 de febrero). El informe de EE.UU. dice que “la evidencia que se usa para respaldar los cargos en contra de Machado y otros fue, al menos en parte, basada en correos electrónicos fraudulentos”. Se añade que “con base en información inverosímil y en algunos casos inventada” la fiscal ha acusado a varios opositores “con el crimen de conspiración relacionado con el supuesto asesinato/planes de golpe de Estado”.
Los sancionados se completan con Justo José Noguera, excomandante de la GNB y presidente de la Corporación estatal Venezolana de Guayana. Él y Benavides fueron cuestionados por la actuación de sus tropas en las protestas. “En varias ciudades de Venezuela, miembros de la GNB usaron fuerza excesiva para reprimir a manifestantes y periodistas, lo que incluyó la violencia física severa, agresión sexual y armas de fuego”, señala el informe.
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