Detención de periodista expone crisis de Fiscalía boliviana

 

El periodista Carlos Quisbert, detenido el domingo y encarcelado horas después acusado de obstruir, presuntamente, una investigación judicial de meses aún inconducente, fue liberado el miércoles de oda culpa después de una presión transversal, que involucró al gobierno de Evo Morales para enderezar la decisión judicial que, como contados casos, lo puso tras de rejas en tiempo récord, en un caso que salpica deshonra a la Fiscalía de Bolivia.

 

La Sala Penal Primera de la judicatura de La Paz, ordenó la inmediata libertad del periodista luego de considerar que quedó al descubierto que en su caso no se cumplió el debido proceso, no se tomó en cuenta la presunción de inocencia y, por tanto, se violaron sus derechos constitucionales. Sin embargo, Quisberth permaneció en la cárcel de San Pedro la noche de este miércoles por cuestiones formales.

 

La decisión fue asumida en una audiencia de la Sala Penal Primera presidida por el magistrado, Ramiro López, y el vocal Ricardo Chumacero.

 

Quisbert, detenido en su intento de entrevistar, mimetizado, a una mujer vinculada a la muerte de un bebé de 7 meses tal vez violado en una casa de acogida, en un caso escándalo que la Fiscalía no resuelve hace casi medio año, fue acusado de «obstrucción a la justicia» y en tiempo récord enviado a la cárcel como vulgar criminal.

 

El caso de Quisbert, que levantó una densa polémica y que volvió a exponer el poder omnímodo de los fiscales que hace 15 años reemplazan a la Policía en la investigación de las denuncias o de crímenes flagrantes en medio de una reforma judicial, se registró 2 meses después que la prensa local denunciara a la titular de la Fiscalía de La Paz, Patricia Santos, de usar su cargo para no pagar el alquiler por la vivienda que ocupaba desde 2013.

 

Los gremios de periodistas interpretaron que la reclusión meteórica de Quisbert entrañó un mensaje a sus afiliados y hasta una represalia.

 

Aún más, el sitio web de la revista Oxígeno denunció que el periodista fue recluido en el sector Chonchocorito, como «un reo más», con los más avezados criminales en la cárcel de La Paz.

 

En las redes sociales se hizo viral un post que plantea la celeridad con que la Policía, la Fiscalía y un juez obraron para encarcelar a Quisbert, a contrapelo de su histórica lentitud y la benignidad con que trataron a un ensayo de policía, cerca más de matón que otra cosa, que fue liberado después de moler a un civil por una falta menor en una vía pública en la ciudad de Santa Cruz (este). 

 

La detención de Quisbert ahondó el desprestigio de la justicia y Policía bolivianas, más aún después de un juez en la ciudad de Santa Cruz pusiera en libertad 8 horas después de detenido a un aspirante a agente antimotines que poco le faltó para quebrar los huesos a un hombre 50 años mayor que él, por un incidente pueril de tránsito.

 

Por vía de su ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, bajo cuya tuición se halla la Policía, el gobierno del presidente Morales gestionó la liberación de Quisbert, finalmente consumada al filo de la tarde del miércoles.

 

El caso quemaba la manos del fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero que, tras tratar el asunto con representantes de la preocupada prensa en la ciudad de Sucre (sudeste), «instruyó el desplazamiento de una comisión de fiscales a la ciudad de La Paz, para que revisen el cuaderno de investigaciones del caso y verifiquen cuál ha sido la actuación que se tuvo en este caso», según una cartilla de prensa de su ministerio.

 

«Si es que hubiera existido alguna situación de atropello, de no cumplimiento a los derechos y garantías de las personas, actuaremos de manera estricta y rígida en el marco de nuestra atribución legal y constitucional como Ministerio Público, además en el marco de la objetividad hasta llegar a la verdad material e histórica de los hechos», anunció.

 

Desde Viena, donde asiste a una conferencia mundial antidrogas, Moldiz, además de abogado periodista, en ejercicio hasta el 22 de enero último, demandó la investigación de las causas que detonaron tanto la aprehensión cuanto el encarcelamiento de marras.

 

«Una vez puesto en libertad, el caso no debe concluir ahí, yo pienso que se debe investigarse a fondo las razones por las que fue aprehendido, pero tengo mi propia hipótesis que la haré conocer» a su vuelta, dijo vía teléfono desde la capital austriaca.

 

El viceministro de Comunicación, Marcelo Elío, anticipó la condena del gobierno de Morales a la detención y encarcelamiento precoces. «Consideramos que su detención es injustificada», apuntó.

 

En la misma corriente de indignación, la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz anunció la radicatoria de un juicio a la juez Lorena Camacho y al fiscal de Materia, Rudy Terrazas, por la «arbitraria e injusta imputación y encarcelamiento de Carlos Quisbert».

 

«El caso del compañero del periódico de El Diario no debe terminar con la libertad pura y simple, sino se iniciarán las acciones legales por prevaricato contra la juez y el fiscal que de manera ilegal y entre gallos y medianoche lo encarcelaron», justificó el dirigente Boris Quisbert.

 

De hecho, el decano y miembro de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, Roger Triveño, informó desde Sucre, sede también de la Fiscalía General del Estado, que se instaurará un proceso disciplinario a la jueza Camacho que ordenó la detención preventiva del periodista Quisbert en el Penal San Pedro de La Paz.

 

«Hay faltas disciplinarias cometidas por la jueza Lorena Camacho», señaló en declaraciones a la ABI. El consejero dijo que la apertura del proceso disciplinario fue encomendada al Encargado Distrital de este Órgano Judicial en La Paz, Francisco Mateo Tarquino. 

 

ABI

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