Los 10 países en los que es más común el soborno en América

Haití es el país americano en el que más difundido y naturalizado está el soborno, según el Barómetro de las Américas 2014 de LAPOP, que realizó encuestas en 25 países del continente. El 69,2% de los ciudadanos admitió que alguna autoridad le pidió una dádiva para otorgarle un beneficio, exonerarlo de un delito o sencillamente hacer lo que debería según establece la ley.

 

En segundo lugar está Bolivia, con 30,2%, y tercero está Paraguay, con 28,1 por ciento. Después están México (27,2%), Venezuela (26,6%), Perú (26,4%), Ecuador (26%), República Dominicana (23,3%), Honduras (23%) y Guatemala (20,7%).

 

En el extremo opuesto está Canadá, donde sólo el 4,4% de los encuestados dijo que lo habían presionado para pagar algún tipo de soborno en los 12 meses anteriores.

 

El segundo mejor ubicado es Chile, con apenas 5,3% de respuestas afirmativas. Y el tercero es Uruguay, con 6,7 por ciento. Completan la cabecera Estados Unidos (7,8%), Jamaica (9,8%), El Salvador (9,8%), Trinidad y Tobago (10,2%), Colombia (13,6%), Brasil (13,9%), y Nicaragua (14,7%).

 

En una posición intermedia entre los países donde es más y menos frecuente esta práctica, aparecen Costa Rica (15,5%), Guyana (15,8%), Argentina (16,8%), Panamá (18,8%) y Belice (20,5%).

 

 

Cuando la sociedad es corrupta

 

«El soborno no es un problema exclusivo de América Latina, es global. De tal forma que diferentes organismos internacionales empezaron a considerarlo un desafío para las políticas anticorrupción», explica Gerardo Berthin, experto y analista en temas de transparencia, consultado por Infobae.

 

«La dinámica latinoamericana sigue teniendo un serio problema de percepción de corrupción, aunque hay algunos indicadores que muestran que se está manteniendo levemente estable. Un factor es la desigualdad. Y otro es la impunidad: qué pasa con los sistemas de justicia e investigación cuando hay que aplicar una sanción», agrega.

 

El pago de sobornos es uno de los indicadores más claros de cuán corrupto es un país, porque involucra en el ilícito a ciudadanos y a funcionarios por igual. Además, cuando está muy difundido, se manifiesta en todos los sectores de la sociedad.

 

«El soborno es multinivel, aparece en prácticas cotidianas, como una multa de tránsito que se quiere evitar, hasta en funcionarios públicos que reclaman dinero para hacer la vista gorda ante ilícitos. Es una práctica recurrente en países en los que la institucionalidad no está consolidada», explica a Infobae el politólogo Jahir Dabroy, maestro en Políticas Públicas por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

 

«Hay que verlo dentro de un contexto sistémico -dice Berthin. Por lo general, cuando hay una alta percepción de sobornos en el sector público, se refleja también en los negocios privados y en las empresas. Por eso las políticas deben ser integrales».

 

Los de abajo y los de arriba

 

¿Qué diferencia a los países con baja proporción de sobornos de aquellos en los que es una práctica habitual? ¿Qué tienen en común Canadá, Chile, Uruguay y Estados Unidos? ¿Qué comparten Haití, Bolivia, Paraguay y México?

 

«La diferencia es el abordaje, tanto en el aspecto preventivo como en el castigo. En Estados Unidos, por ejemplo, si bien hay herramientas federales, cada estado tiene sus propios instrumentos para prevenir y sancionar la corrupción. Lo mismo en el caso de Canadá, que tiene una política clara, descentralizada y efectiva. Tienen una fuerte estructura institucional en materia de prevención, de control y de sanción, y hay mayor sensibilidad hacia la población», dice Berthin.

 

«En gran parte de América Latina -continúa- ocurre lo contrario. La política es principalmente promovida por los poderes ejecutivos, hay muy poca acción de los legislativos y judiciales, y faltan órganos independiente y creíbles que puedan llevar a cabo la temática con celeridad y transparencia».

 

En la misma línea se expresa Dabroy. «Se diferencian en al menos tres aspectos: estados fuertes, educación y una cultura social distinta. En la ausencia de instituciones del Estado que puedan brindar garantías a los ciudadanos, estos se vuelven más individualistas, pero en un individualismo perverso, en el cual cada uno se puede valer de cualquier cosa para solucionar sus problemas», concluye.

 

Infobae

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