En una solicitada, el Gobierno destacó la decisión de Rafecas de desestimar la denuncia de Nisman

El Ejecutivo nacional volvió a cuestionar la denuncia del fallecido fiscal contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto encubrimiento de los acusados iraníes del atentado a la AMIA y, en ese marco, se preguntó si el objetivo de esa acusación era «buscar un efecto político desestabilizador».

 

El texto se titula «Compromiso, verdad y justicia» y allí «el Gobierno de la República Argentina pone en conocimiento del pueblo argentino y de toda la comunidad internacional la decisión adoptada el día 26 de febrero por la Justicia Federal, mediante la cual se desestimó la denuncia efectuada por el Fiscal Alberto Nisman, sostenida luego por el Fiscal Gerardo Pollicita».

 

«La importancia de dar a conocer esta resolución se funda en la gravedad institucional y política de la denuncia», señala la nota, y agrega que «en ella se involucró a las más altas autoridades de la República Argentina en el entorpecimiento de la causa que investiga el atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en el año 1994».

 

Asimismo, subraya que en su decisión, el juez federal Daniel Rafecas «rechazó categóricamente el escrito presentado por el fiscal y ratificó lo que muchos especialistas de renombre internacional sostuvieron luego de leer la denuncia con detenimiento: la evidencia reunida, ‘lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario'».

 

También remarca que en la resolución «se destaca que ‘no hay documento alguno, ni testimonio alguno, ni escucha alguna’ que sostenga la acusación de presionar a Interpol para el levantamiento de las alertas rojas, sino que las pruebas y la postura oficial de Argentina ‘son concluyentes en señalar que los sucesos ocurrieron exactamente al revés'», y que se «transcribe la aseveración de la autoridad máxima de Interpol, Ronald Noble», en el mismo sentido.

 

Así es como el juez concluye en que «no se sostiene mínimamente porque el delito nunca se cometió».

 

En otro tramo de la solicitada, que fue publicada en varios diarios, el Gobierno destaca que «el juez presenta documentos hasta ahora desconocidos».

 

«En efecto, un elemento de prueba en el que especialmente sustenta el desestimiento de la denuncia es el hallazgo en la fiscalía especial de la causa AMIA de dos escritos judiciales idénticos -firmados por el fallecido fiscal Nisman y fechados en los meses de diciembre de 2014 y enero de 2015-, nunca presentados», donde se «solicitaba al Poder Ejecutivo que remitiera al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas un pedido de conminación de la República de Irán a fin de que detenga y extradite a sus nacionales acusados por el atentado terrorista», agrega.

 

En ese sentido, añade que «de acuerdo a la valoración del juez, el Fiscal Nisman ‘no solo no hace ningún tipo de alusión a la inminente o consumada presentación de la denuncia en contra de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, sino que …presenta una postura diametralmente opuesta, en el sentido de que realiza consideraciones sumamente positivas de la política de Estado del gobierno nacional, desde 2004 hasta la actualidad’, destacando los discursos de Néstor KIrchner y Cristina Kirchner ante la Asamblea General de la ONU».

 

«En esos documentos, el Fiscal Nisman inclusive hacia hincapié en el ofrecimiento a Irán de realizar el juicio en un tercer país y en la firma del memorándum de entendimiento, como dos intentos del gobierno para lograr sentar a los acusados ante el juez y permitir avanzar en la causa hacia el juicio oral», sostiene luego.

 

En ese marco, recuerda que «el juez resaltó la falta de ‘coherencia e integración’ de estos dos escritos con la denuncia presentada y afirma que ‘si cabía alguna duda acerca de lo que corresponde hacer con la presentación, este último acontecimiento lo despeja'».

 

«Es decir que el Fiscal, mientras dedicaba los dos últimos años -según sus propias palabras- a investigar el alegado plan criminal para encubrir el atentado terrorista a la AMIA, preparaba un escrito donde resaltaba los esfuerzos de la Presidenta para llevar a los acusados a juicio», completa.

 

Sobre el final, el Poder Ejecutivo se pregunta «¿por qué el Fiscal trabajaba en paralelo con dos objetivos exactamente opuestos? e indica que «desestimada la denuncia, queda preguntarse qué objetivos perseguía el Fiscal Nisman con su denuncia plagada de contradicciones, carencia lógica y sustento jurídico».

 

«¿Puede haber pensarse una hipótesis diferente que no sea la de buscar generar un efecto político desestabilizador?», añade.

 

En la misma línea, sostiene que «en el oficio presentado al juez junto a los escritos judiciales, los seis secretarios de mayor jerarquía del Fiscal afirmaron tener conocimiento de que Nisman había dejado firmados ambos escritos antes de partir de vacaciones. ¿De qué dependía la opción de impulsar una estrategia conjunta con e Poder Ejecutivo ante las Naciones Unidas o de denunciar a la Presidenta de encubrimiento? Las respuestas a estas preguntas, no tienen la virtud de buscar la verdad y menos aún de garantizar la justicia a las víctimas y sus familiares».

 

Por estos argumentos, el Gobierno concluye en que «solo es posible ratificar el camino trazado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional a través del memorándum, una herramienta que permitiría interrogar a los ciudadanos iraníes acusados, y a partir de allí, llevar el caso hacia un juicio oral y público. Esa situación, pondría al Estado argentino en un mejor contexto frente a Irán y la comunidad internacional para exigir la extradición o al menos para negociar la realización del juicio oral en un tercer estado».

 

«Es menester hacer un llamado a la sociedad argentina y a la comunidad internacional a escuchar a las víctimas del atentado y a sus familiares, a quienes todos dicen representar, pero pocos realmente le prestan atención», exhorta la Casa Rosada en la solicitada.

 

También pide «acompañar el juicio oral que se llevará adelante por el verdadero encubrimiento del atentado, en el que están acusados un ex presidente, su jefe de la Secretaría de Inteligencia, el juez de la causa, los fiscales, un alto jefe policial, entre otros funcionarios públicos de alta jerarquía. Un juicio que no implica solamente a los altos funcionarios del Poder Ejecutivo de aquellos tiempos, sino que también pone bajo la lupa al sistema de justicia penal federal».

 

«El atentado a la sede de la AMIA constituye uno de los crímenes más dolorosos de nuestra historia reciente. Tal como ha quedado plasmado en cada uno de los hechos y políticas impulsadas por el Estado Nacional, se reafirma el compromiso del Gobierno argentino en la búsqueda de verdad y justicia», concluye la nota firmada por «Gobierno de la República Argentina».

 

Télam

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