La falta de mensura de varias áreas silvestres protegidas ha sido caldo de cultivo para negociados que –según normativas ambientales– son “inalienables e intransferibles”.
Tras la reciente mensura del Parque Nacional Defensores del Chaco (PNDCh), hecha por el Servicio Nacional de Catastro (SNC), empiezan a salir a luz la existencia de fincas privadas dentro de esta reserva natural y de otras ubicadas en la Región Occidental.
En la reserva, donde se encuentra el Cerro León, constataron –hasta ahora– tres fincas privadas, que totalizan 14.000 hectáreas.
Estas tierras fueron vendidas de forma ilegal por administraciones anteriores del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), conforme admite Justo Pastor Cárdenas, titular de la cartera de Estado.
Una de ellas, la Finca N° 13.588, fue adjudicada a Tomás Aquino Argüello, en 1988. Esta parcela de 8.000 ha. fue vendida por G. 344.000.000 –en 2007– a la Cooperativa Cooperalba, con asiento en Canindeyú.
“Según informes, habrían usado para hipotecar, como garantía para quitar un préstamo”, tiró el senador Arnoldo Wiens al justificar la polémica Ley 5392 que establece los límites del PNDCh.
Nulos. Catastro ya procedió al deslinde de estas propiedades irregulares que figuran dentro de la reserva chaqueña. Está en manos ahora de la Procaduría General de la Repúbica (PGR) “anular” los títulos de esas parcelas y devolvérselas al Estado.
Paula López, representante legal de Cooperalba, explicó a ÚH que la finca N° 13.588 no fue hipotecada.
Admitió, no obstante, que Cooperalba usa como garantía bancaria otras propiedades que tiene dentro del Parque Nacional Médanos del Chaco, el cual forma un corredor biológico junto al PNDCh en la cabecera de Alto Paraguay.
Conservación. “Muchísimos propietarios hay en la zona –reveló–. Incluso, varios tienen actividades productivas”, refirió la abogada y aseguró que la firma adquiere las fincas dentro de los parques nacionales con fines de conservación de bosques como compensación del pasivo de los socios de la cooperativa, en su mayoría sojeros de la Región Oriental.
“La finalidad de esas fincas es la conservación; allí no se realiza ninguna actividad extractiva ni productiva”, expuso al comentar que desde hace ocho años intentan “rectificar el título” de propiedad para continuar con el proceso de “certificación de servicios ambientales” –creado por la Secretaría del Ambiente (Seam) desde setiembre de 2007–, en el marco del “plan de compensación ambiental”.
Anatalia Aranda, directora de Catastro, sospecha que más parcelas en manos privadas aparezcan dentro del PNDCh en tanto siga el cruzamiento de datos con la Dirección General de Registros Públicos.
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