En los últimos seis años, el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) inició 61 procesos penales contra empresas constructoras, vendedores de terrenos y beneficiarios, de los que a la fecha solo dos concluyeron con una sentencia.
Según el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, en uno de los juicios se condenó con tres años de cárcel a Julio César Q. M. y a René C. A. por los delitos de falsedad ideológica, supresión o destrucción de documento y uso indebido de influencias.
El fiscal Róger Velásquez, que llevó adelante ese caso, calificó de “satisfactoria” la sanción porque una vez que se agoten todos los recursos de apelación y la sentencia sea ejecutoriada, esas personas pagarán su pena en la cárcel porque los delitos de corrupción, según la Ley 004, cual es el caso, no gozan del beneficio de suspensión condicional de la pena.
Para establecer cuánto es el daño económico al Estado y recuperar esos recursos, el fiscal precisó que se debe encaminar la demanda por la vía civil, en la que se solicitará el resarcimiento de daños y perjuicios.
Caso. Un segundo proceso concluyó con una sentencia en Chuquisaca. Se encontró culpable de incumplimiento de contrato a Víctor N. T., representante legal de una empresa constructora, a quien se le sentenció con la pena privativa de un año.
Igual que en el caso anterior, una vez que la condena sea ejecutoriada, esta persona cumplirá su pena en un recinto penitenciario.
El viceministro de Vivienda, Bony Morales, informó que además de esos dos procesos que ya tienen una sanción, en seis casos se formuló la acusación, por lo que están próximos al inicio del juicio. En otras 20 causas se presentó la imputación. Sin embargo, la mayor parte (33 demandas) aún están en etapa de investigación.
Los casos involucran a representantes legales de las empresas constructoras porque incumplieron los contratos de obra y se apropiaron de los recursos que les fueron desembolsados. Se procesa a los vendedores de los terrenos porque no cumplieron los acuerdos de venta de los predios y se apoderaron del dinero que recibieron. Los beneficiarios son enjuiciados porque alquilaron o vendieron sus casas.
En total, 105 personas están siendo demandadas, entre ellas tres exviceministros de Vivienda. No se tiene cuantificado el daño económico que sufrió el Estado porque los casos están en proceso de indagación y se prevé que esos montos serán recuperados luego de que se llegue a una condena en la vía penal y se instauren los juicios civiles. No obstante, se logró recuperar unos Bs 16 millones.
No obstante, según Morales, los casos no avanzan con celeridad porque los denunciados recurren a estrategias de dilación. “El retraso en los procesos se debe a las argucias jurídicas a las que recurren los querellados, es decir, abusan de los medios de defensa que la ley les otorga; a esto se suma las constantes suspensiones de audiencias que realizan los jueces y fiscales por cualquier motivo”, manifestó la autoridad.
Coincidente con este criterio, el fiscal Velásquez aseguró que los abogados de los denunciados direccionan su defensa hacia la chicana jurídica, lo que dilata el proceso.
Los presuntos delitos que pesan contra esas personas son: incumplimiento de contrato, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, falsedad material, uso de instrumento falsificado, estafa, falsedad ideológica, conducta antieconómica, impedir o estorbar el ejercicio de funciones públicas y contratos lesivos al Estado.
Debido a que las empresas constructoras incumplieron los acuerdos de construcción, el PVS no logró entregar 981 viviendas. Dicho programa dejó de operar el 31 de diciembre de 2014 y los proyectos que están pendientes de ejecución fueron transferidos a la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) para que éste los evalúe, los reactive o elabore nuevos planes, según información oficial.
Algunas tareas de Aevivienda
NormativaEl 31 de diciembre de 2014 se aprobó el Decreto 2231 que autoriza a la Agencia Estatal de Vivienda hacerse cargo del fideicomiso, mediante el cual se financia la construcción de viviendas.
ControlLa normativa también dispone que se realicen auditorías al Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) y al Programa de Financiamiento a la Vivienda (PFV).CausasEl decreto establece que los procesos judiciales y administrativos emergentes del PVS y PFV serán asumidos por AEVivienda.
Se entregaron más de 67.000 casas en el país
El Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2014 y desde 2006, año de su creación, esa entidad y otras similares entregaron 67.949 unidades habitacionales en todo el país, según información oficial del viceministerio del sector.
Una vez que el PVS cerró operaciones, todos sus recursos, bienes, activos y pasivos fueron transferidos a la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), que fue creada en 2011, según lo dispone el Decreto 2231, aprobado el 31 de diciembre de 2014.
Dicha entidad también se encarga de los procesos penales instaurados contra empresas constructoras, dueños de terrenos y beneficiarios de las viviendas que fueron entregadas y que no hicieron buen uso de ellas.
Otro tema pendiente para la AEVivienda es el comenzar a cobrar los créditos que fueron otorgados y que en este momento aún no están siendo cancelados porque los adjudicatarios no tienen el derecho propietario de las unidades habitacionales. Al no contar con el folio real, su morada no puede ser entregada en garantía hipotecaria.
La agencia estatal también se encarga de los proyectos de vivienda que el PVS tiene pendiente de ejecución, aunque el procedimiento que sigue para la construcción de las unidades habitacionales es diferente.
Mientras el PVS recibía los proyectos de los beneficiarios, que se organizaban en grupos para poder acceder a una vivienda propia, la agencia estatal lo que hace es licitar los proyectos en concurrencia con los municipios y las gobernaciones, es decir, se enfoca en la cobertura del déficit habitacional.
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