Tras la muerte de Alberto Nisman, la Cámara Federal decidió que su denuncia en contra de Cristina Kirchner por el caso AMIA será investigada por el juez Daniel Rafecas, a quien secundará en la instrucción el fiscal Gerardo Pollicita.
Según fuentes judiciales, éste último ya analizó el escrito que su colega presentó en la Justicia antes de morir, y habría decidido darle curso a la acusación: hoy firmaría un requerimiento fiscal en el que imputaría a la Presidenta, al canciller Héctor Timerman y también al resto de los involucrados por Nisman en esta trama, como el ex piquetero Luis D’Elía, y el diputado Andrés Larroque.
Pollicita incluiría en ese escrito, que elevará al juzgado, que se tomen varias decenas de medidas de prueba para que se inicie de hecho una pesquisa al respecto.
La decisión de Pollicita oficializaría que está convencido que la denuncia de Nisman fue redactada en base a información y pruebas sólidas, por lo que cree que la Presidenta y el resto de sus imputados deben ser investigados. Pollicita evitaría por ahora pedir la declaración indagatoria de la mandataria, algo que sí había solicitado hacer Nisman, afirmaron fuentes de los tribunales federales.
Anoche, el Gobierno adelantó que hoy presentará un escrito contra la denuncia de Nisman. Lo hará por medio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que preside Angelina Abbona. “No existe prueba alguna, siquiera de carácter ‘indiciario’, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la Presidente de la Nación o a funcionarios del Gobierno Nacional”, que puedan encuadrarse en “ilícitos penales”, sostendrán en el escrito.
Pollicita no piensa lo mismo y por eso imputaría hoy a la Presidenta.
Nisman acusó a la mandataria de haber impulsado un “plan criminal” que buscó garantizarle impunidad a los sospechosos iraníes de haber volado la AMIA en 1994.
Según él, en esa trama participaron interlocutores oficiales con Irán, como Timerman, y también dirigentes que hicieron de nexos informales, entre los que incluyó a D’Elía y a Larroque.
Nisman murió antes de defender su denuncia en el Congreso.
El fiscal Pollicita retomaría el trabajo de su colega, por lo que solicitaría al juzgado de Rafecas que tomen acciones para juntar documentación en organismos públicos, por ejemplo, que podría estar vinculada al pacto que Argentina e Irán firmando por el caso AMIA.
Clarín pudo saber que Nisman tenía pensado centrar buena parte de su investigación en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, al mando de Timerman. En ese organismo podría encontrarse, por caso, cables diplomáticos secretos sobre la relación entre la Argentina e Irán.
Nisman hizo público que su denuncia contra la Presidenta y varios de sus dirigentes de confianza se sostenía en información que había descubierto gracias a escuchas telefónicas: esas grabaciones revelan, según escribió el fiscal, parte de la trastienda de las negociaciones entre la Argentina e Irán por el tema AMIA.
Ahora, Pollicita podría pedirle al juez del caso que busque información que podría avalar lo dicho por los investigados en esos registros telefónicos interceptados por la Secretaría de Inteligencia.
Clarín pudo saber, además, que el nuevo fiscal del caso podría sugerirle al juez que llame a declarar a varios testigos que avalarían la hipótesis que motorizó a Nisman a denunciar a la Presidenta. Entre los ex funcionarios que dejaron trascender que tenían información sobre la historia del pacto entre Argentina e Irán debido al rol que tuvieron en el Gobierno, se encuentran el ex canciller Rafael Bielsa y el ex vicecanciller Roberto García Moritán. Éstos últimos dijeron que Irán había intentado negociar con la Argentina por el caso AMIA cuando Néstor Kirchner aun vivía, y que había sifo él quien descartó que ese proceso se concrete.
Todo cambió cuando el ex presidente murió, afirmó Nisman en su denuncia.
Ahora Pollicita le pediría al juez de la causa que indague sobre quiénes podría testificar sobre esa situación, entre otras medidas similares.
Al menos hasta ayer, el juez de la causa, Rafecas, no había vuelto al trabajo debido a que se encontraba de licencia. Pero su juzgado está bajo mando de su colega Sebastián Ramos. El fiscal Pollicita podría entregarle a él, entonces, el requerimiento en el que podría figurar como principal imputada la Presidenta.
GOBIERNO: IMPUTAR A CRISTINA SERÍA UNA DESESTABILIZACIÓN DEMOCRÁTICA
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, calificó como «una clara maniobra de desestabilización antidemocrática» que el fiscal Gerardo Pollicita, quien continuará las investigaciones de su fallecido colega Alberto Nisman, planee imputar a la presidenta Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA.
En su habitual conferencia de prensa matutina en la Casa Rosada, el funcionario evaluó, no obstante, que «no tiene ningún valor jurídico ser imputado. Acá pareciera que decir imputado es como que ya está semicondenado. No tiene nada que ver, no tiene ninguna importancia».
Según Fernández, la repercusión «que genera sí tiene mucha importancia. Eso es lo que cuestiono del fiscal, severamente, porque es una clara maniobra de desestabilización antidemocrática».
Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, denunció esta mañana que el Gobierno enfrenta «la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina» a raíz de la imputación que el fiscal Gerardo Pollicita podría impulsar contra la presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
En Casa de Gobierno, el ministro coordinador definió esa posibilidad como «una vulgar mentira», «una enorme operación de prensa» y «una estrategia de desestabilización política».
«Es la operación más voluminosa de golpismo judicial activo que conozca la historia argentina», enfatizó Capitanich.
clarin.com
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