Camuflados en el nombre de fantasía de sus firmas, funcionarios del Estado tienen contratos como proveedores de ANDE por USD 1,5 millones. Burlan la Ley de Función Pública y de Contrataciones.
Desde docentes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), incluido un decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad de Pilar, hasta un técnico de la Copaco son proveedores en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), pese a estar inhabilitados por las Leyes 2051 de Contrataciones Públicas y 1626 de la Función Pública.
El ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, había adelantado que existe una extensa red de funcionarios públicos que son a la vez proveedores del Estado y estimó que una parte importante de los contratos de compras públicas están en manos de ellos.
El ministro volvió a reiterar que ningún funcionario público está habilitado a ser proveedor del Estado.
Contratos. En algunos casos de manera directa y en otros disfrazados en la razón social de sus empresas, los funcionarios tienen millonarios contratos en calidad de proveedores de la citada entidad así como en otras instituciones del Estado.
Las investigaciones de ÚH identificaron como proveedores del Estado a Rogelio Encina Román, docente y decano de la Facultad de Ciencias Aplicadas de Pilar, con un salario de G. 22,5 millones. Así también en los registros de Contrataciones Públicas aparece como proveedor Vitalino Ojeda Ortega, técnico de la Copaco que percibe un sueldo de G. 5,7 millones al mes, y también Irene Ullón de Argüello, docente del MEC (ver info).
El decano se adjudicó contratos a través de su empresa Electro Industrial Pilar SA por valor de G. 4.500 millones en varias instituciones públicas, de los cuales los más importantes son en ANDE, donde en los dos últimos años proveyó por G. 3.650 millones.
El técnico de Copaco Vitalino Ojeda, con su empresa Tres Hermanos tiene dos contratos por valor de G. 2.167 millones. Y la docente Irene Ullón con la firma Santa María Ingeniería SRL, donde es socia, en los dos últimos años tuvo adjudicaciones varias por valor de G. 3.000 millones, de los cuales G. 1.672 millones son en ANDE.
El artículo 60 de la Ley de la Función Pública dice que queda prohibido al funcionario «intervenir directamente, por interpósita persona o con actos simulados, en la obtención de concesiones del Estado o de cualquier privilegio por parte del mismo que importe beneficio propio o de terceros». Otros artículos de la ley también establecen prohibición como proveedor.
Así también el artículo 40 inciso b) de la Ley de Contrataciones Públicas reza que quedan inhabilitados los afectados por la Ley de la Función Pública.
Rogelio Encina, el decano de la Facultad de Pilar, dijo que desconoce la prohibición. «Tengo una sociedad que hace trabajos para la ANDE, principalmente, no estoy al tanto de la prohibición, nadie me indicó», argumentó sobre su caso. Encina también es proveedor de la Gobernación de Ñeembucú.
En tanto Vitalino Ojeda, técnico de la Copaco, se negó a responder la consulta. Dijo que prefiere que se lo llame en otro momento para «fijar un encuentro y responder personalmente».
Mientras que la docente del MEC, Irene Ullón, no tiene registrado sus datos en Contrataciones Públicas. Su socio y apoderado Cleto Duré Torres es el que aparece en los contratos y respondió por ella.
«Ella está lejos de vacaciones», sostuvo al ser abordado sobre la ubicación de su socia. «Ya tiene muy pocas materias como docente, tiene el capital y cuál es el problema. Por qué no le buscan a esos que están dentro de la ANDE y que ahí nos obstaculizan todo, que se benefician desde sus cargos, usan los recursos de la institución para favorecer a sus familiares en las licitaciones», enfatizó Duré al indicar que existen funcionarios de la ANDE con negocios extras allí dentro.
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