El contralor Carlos Pólit hace una evaluación del trabajo investigativo de la institución en el 2014 e insiste en su oposición a que, a través del proyecto de enmiendas, se elimine su facultad para hacer auditorías de gestión.
¿Cómo cierra el año la Contraloría en cuanto a su labor de investigación?
Desde el 1 de enero al 25 de noviembre pasado se realizaron 2.346 acciones de control, se confirmaron 693 resoluciones de glosas por $ 79 millones, así como 469 órdenes de reintegro que superan los $ 10 millones. Tenemos 1.100 resoluciones de sanciones administrativas por $ 600 mil. La Contraloría ha remitido a la Fiscalía 296 informes con indicios de responsabilidad penal.
¿En qué instituciones se han detectado más problemas?
Las entidades del Estado donde más problemas hay son los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), municipios y prefecturas. La Contraloría ha destituido a más de 19 alcaldes y prefectos. Hay 799 informes aprobados y 1.332 acciones de control en marcha. Se predeterminaron 219 glosas que superan los $ 3 millones y 1.038 sanciones administrativas por incumplimientos en los manejos de los recursos del Estado. Por ahí hubo un asambleísta que preguntó por qué la Contraloría fiscaliza a los GAD si tienen su propio órgano de control, que son los concejales… Ese Concejo fiscaliza políticamente al alcalde, pero no puede controlar los dineros públicos…
La prensa reportó usos de fondos públicos que no han sido explicados por las autoridades, como la contratación de la empresa MCSquared que hizo lobby en EE.UU. para contrarrestar la campaña que, según el Gobierno, Chevron tiene en su contra. ¿Cómo avanza el examen que anunció?
Dispuse el inicio del examen especial al contrato suscrito entre esta compañía y la Secretaría de la Presidencia, y entidades relacionadas, como la Secretaría de Comunicación y la Embajada de Ecuador en Washington. El objetivo fue analizar los procesos precontractual y contractual y la ejecución y recepción de los productos, y determinar si estaban conforme a la ley. La auditoría está en ejecución, ya hicimos la primera lectura del borrador… La Embajada y la Secom entregaron los insumos que hemos pedido, la representante de esta empresa (María Garay) vino al Ecuador y nos entregó documentos… El examen está por salir en un mes… Y ya que tocamos el caso Chevron, hicimos una auditoría ambiental a la zona geográfica que utilizó, los resultados están en manos del procurador y del ministerio correspondiente. Hace algunos años hicimos un examen especial y ahora pudimos actualizarlo porque el contrato seguía abierto (hasta siete años atrás, que es el plazo que le da la ley a la Contraloría).
La Contraloría se opone al proyecto de enmienda constitucional que retira las facultades para hacer auditorías de gestión; se produjo ya el primer debate en la Asamblea y el informe ratificó el cambio. ¿Irán otra vez a la Comisión Ocasional para insistir en sus tesis?
El control de los recursos y de la gestión son indisolubles. Es un principio de buenas prácticas recomendado por las máximas autoridades que agrupan a entes de control del mundo: la Olacef e Intosac. Aún más, a nivel internacional ya se debate y se implementa una perspectiva adicional: la auditoría de desempeño… Yo pediré ir nuevamente a la Comisión para volver a explicar el problema que se causaría si se elimina: los funcionarios públicos quedarán liberados para hacer lo que quieran sin control del Estado. Un ejemplo: una institución decide mandar a 20 o 30 funcionarios a un país X y resulta que le presentan a la Contraloría los pasajes y los viáticos. ¿Pero por qué se fueron 50 funcionarios? ¿Qué objetivos justifican este viaje?
¿Qué estadística manejan en ese tipo de auditorías?
De enero a noviembre, la Contraloría ha aprobado 100 informes con un enfoque de gestión y están en ejecución 24 más. En estas auditorías evaluamos el control interno y la ejecución de proyectos para determinar si se realizaron según principios de economía y eficiencia, y si se cumplieron los resultados planificados. Pero quiero decirle que todo examen incluye el componente de gestión.
¿A quiénes les incomodan este tipo de auditorías?
Hay sectores, municipales especialmente, que han reclamado a la Asamblea por los controles. Llama la atención que sean los más observados.
Si la Asamblea no toma en cuenta su pedido, ¿considera la posibilidad de renunciar?
No puedo anticiparme. Mi gestión termina en dos años. (I)
Estamos aprobando más de 100 informes con indicios de responsabilidad penal de instituciones públicas (en Esmeraldas). Los haremos públicos a partir del 15 de enero”.
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