“Estoy pidiendo por favor por las necesidades de la gente, un compás de recapacitación, un poco de prudencia. No se puede incurrir en lastimar a tanta gente que está necesitando las decisiones de la Justicia. No podemos atropellar así al cuerpo legislativo”, sostuvo este jueves en su audición semanal de M24.
Hizo énfasis en recordar que nuestro republicanismo se basa en la existencia de tres poderes sustantivos: el Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo.
“Y comencé por el Legislativo que es en el fondo el más fundamental porque toda su integridad con capacidad de decidir es directamente elegida por la gente. Allí en ese cuerpo legislativo están representadas todas las opiniones o los puntos de vista fundamentales que hay en nuestra sociedad”, agregó.
“Y es además —puntualizó—, el primer poder, porque en caso de crisis institucional, en cuanto a problemas de sus integrantes o en caso de conflictos importantes en el seno del Poder Judicial o Ejecutivo, es en última instancia el Legislativo el que opera institucionalmente como juez, el que lauda definitivamente las cuestiones importantes que puedan surgir en materia conflictiva”.
“Hoy tenemos no un conflicto laboral, si lo fuera, tendría que dirimirse en el Ministerio de Trabajo.
Lo que está pasando en los hechos es que existe reiteradamente un avasallamiento de las decisiones del cuerpo legislativo. Se ha dicho con enorme liviandad, tal vez sin conocer a fondo la redacción, que hubo inicialmente un error en el mensaje del Poder Ejecutivo colocado a consideración hace años en el cuerpo Legislativo con una intención: equiparar el ingreso de los ministros de Estado, en todo caso 13, al mismo ingreso que tienen los senadores de la República”.
Y esa intención —según continuó explicando— fue solucionar una situación de hecho impropia: había casos en que ministros, previamente senadores, cobraban como senadores su sueldo porque de cobrar como ministros perdían sustantivamente una parte importante del ingreso. Otros en cambio, cobraban como ministros y había una diferencia considerable en el ingreso en la misma responsabilidad.
En este punto, Mujica sostuvo que la sencilla intención de arreglar este “entuerto” que generaba molestias desde el punto de vista interno se fue transformando por otros mecanismos en esto que tenemos hoy: mecanismos de arrastre.
A juicio del mandatario el mensaje inicial era bien claro y jurídicamente se entendía de determinada manera. “Y se entendió de otra manera como suele pasar en las cuestiones jurídicas. ¿Es que acaso no tenemos la experiencia en este país que una alta corte de Justicia declaró constitucional la Ley de Caducidad y otra, cambiada su composición, decidió lo contrario?”.
“Como vemos —añadió— mil veces en las cuestiones jurídicas suelen darse interpretaciones que son distintas. Entonces no se puede decir que esto fue un error; después hubo dos mensajes más intentando definir con claridad cuál fue la intención del cuerpo legislativo y por apreciaciones de forma, no de fondo, se les consideró no viable”.
“Y lo que reiteradamente se intentaba era dejar bien claro cuál había sido la intención inicial que se había tenido. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Qué se está forzando la legalidad para imponer un aumento de sueldo? ¿Será así? ¿Tenemos que pensar que es posible ser juez y parte en una cuestión sustantiva que esto es en nombre de la legalidad y se puede pensar que eso es ético? ¿Quiénes son los funcionarios de este país que son capaces de decidir por sí mismos los aumentos que le corresponden? ¿Es posible dejar de funcionar nada menos que un poder del Estado, dejarlo desde el punto de vista práctico inoperante? ¿Es posible insultar con grosería al Parlamento como aconteció la otra tarde? ¿Es posible esa pérdida de falta de respeto nada más ni nada menos por aquellos que tienen la responsabilidad de ejercer y de monitorear las acciones jurídicas de este país?”.
Luego de todas estas interrogantes, el Presidente se preguntó si aquellos en los que se deposita la confianza de la nación, a quienes se les otorga y se les defiende la independencia para que puedan ejercer su “sagrada función”, que además, recordó, perciben buenísimos ingresos que son en términos corrientes espléndidos en relación a lo que gana la masa del pueblo uruguayo, son capaces de tomar medidas que de hecho clausuran el funcionamiento de un poder del Estado.
El Presidente volvió a preguntarse: “¿Será posible que por un ingreso que se considera legalmente necesario se pueda llegar a tomar medidas de este tipo de paralizar un poder del Estado?¿Qué le pasaría a este país si el Poder Ejecutivo asumiera una actitud de ese tipo y no firmara ni un papel, ni una orden, ni nada? “.
En la vida —continuó reflexionando— hay que tener un concepto de límite en todo lo que se realiza y percibir las consecuencias, sobre todo las consecuencias sobre terceros que nada tienen que ver.
“Entiendo que se pueden esgrimir multitud de razones, pero moralmente, ¿se puede perjudicar a tanta gente por una causa económica? ¿De gente que no está pasando hambre, de gente que gana y vive bien, que no tiene urgencias para comer esta noche o mañana?”.
“Yo creo que hemos ido demasiado lejos, estoy pidiendo por favor por las necesidades de la gente, un compás de recapacitación, estoy pidiendo un poco de prudencia, estoy pidiéndole a la cabeza de la Justicia, cordura. No se puede incurrir en lastimar a tanta gente que está necesitando las decisiones de la justicia. No podemos atropellar así al cuerpo legislativo. Tenemos que darnos cuenta, todos, poder Ejecutivo y Judicial, que en definitiva, la convivencia significa mutuo respeto”, concluyó.
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