La ONU critica la Transición española en materia de derechos humanos

España careció de «una política de Estado en materia de verdad» tras el fin de la dictadura franquista, dijo este miércoles el relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el colombiano Pablo de Greiff.

 

De Greiff presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra el informe sobre la visita que efectuó a España entre el 21 de enero y el 3 de febrero pasados.

 

Durante la presentacion del informe de 22 páginas, que culmina con 31 recomendaciones, de Greiff aseguro que los «esfuerzos y medidas adoptadas para atender los legados de la Guerra Civil y de la dictadura han sido caracterizados por la fragmentación y no han respondido a una política de Estado consistente.

 

«No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial sobre las violaciones o el número de víctimas, ni mecanismos oficiales de esclarecimiento de la verdad. Predomina además un modelo de ‘privatización’ de las exhumaciones, que delega la responsabilidad a las víctimas y asociaciones para buscar e identificar los restos de sus familiares», precisó el relator al someter su informe al Consejo.

 

«Esto alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad. Muchos familiares, hoy ya personas muy mayores, reclaman poder dar sepultura a sus seres queridos antes de morir», recalcó de Greiff en su intervención.

 

«En el área de la justicia, la Ley de Aministía, así como interpretaciones restrictivas de la ley y del principio de legalidad, ademas de seguir negando el acceso a la justicia, también impiden cualquier tipo de investigación y obstaculizan el derechos a la verdad», añadió de Greiff, uno de las decenas de expertos independientes elegidos por el Consejo para ocuparse de diferentes problemas de derechos humanos en el mundo, quienes no son funcionarios ni cobran sueldo de la ONU.

 

La delegación española manifestó su disconformidad con la percepción del relator sobre la mencionada norma, adoptada en 1977. Dijo en un discurso leído durante las deliberaciones que «no estamos ante una ley de punto final otorgada por la dictadura para perdonarse a sí misma, sino una ley adoptada por los partidos parlamentarios democráticamente elegidos y plenamente conscientes de la importancia del paso que estaban dando».

 

«El equilibrio entre, paz y democracia, justicia y reconciliación, se encontró en España a costa de renunciar a la justicia penal (…) existen múltiples referencias al convencimiento de que solo a través del olvido y el perdón era posible la reconciliación», resumió la diplomacia española en su respuesta.

 

El próximo viernes se presentará en Ginebra ante el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU, otro informe, del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

 

El informe pide a España a «investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales» y que las autoridades organicen un calendario de aplicacion de las medidas en 90 días tras la adopción del informe.

 

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