El presidente de Ecuador continúa en su cruzada contra la prensa. Durante un encuentro con su fuerza política, Alianza País, adelantó que pretende impulsar una enmienda constitucional.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, planteó a la militancia de su partido debatir acerca de posibles enmiendas a la Constitución para establecer la comunicación como un servicio público.
Correa intervino en la Comisión Permanente de Formación Política del movimiento oficialista Alianza País (AP), donde sugirió a sus integrantes alejarse de la agenda que intentan marcar la oposición y ciertos medios de comunicación y profundizar en cuestiones verdaderamente revolucionarias.
El mandatario se preguntó: «¿Por qué no hacer una enmienda constitucional para establecer que la comunicación y particularmente la información no son un simple negocio privado, sino un servicio público que tiene que estar garantizado para la sociedad en forma adecuada?».
«Eso es seguir profundizando nuestra revolución», dijo el también líder de AP, quien se ha caracterizado por defender un sistema que combine la existencia de medios de comunicación públicos junto a medios privados sometidos a regulación.
El mandatario abordó también otras cuestiones, como la eliminación de la plusvalía de la tierra. «¿Qué más ilegítimo (que la plusvalía)?», se preguntó Correa, quien consideró esta reforma como algo «verdaderamente revolucionario».
El mandatario calificó de «pura y simple especulación» que un terreno pueda multiplicar su valor en pocos años sin transformación o generación de valor alguno. «¿Por qué no pensar (…) en una enmienda constitucional para quitarle la plusvalía a la tierra?», dijo.
La intervención de Correa en el foro de su partido se produjo la víspera de la celebración de un taller del bloque de AP en la Asamblea Nacional (Parlamento), donde se preparará un texto único de enmienda constitucional para presentarlo a la Cámara legislativa.
El texto incluiría alrededor de 20 temas, entre los que figuran la reelección indefinida de todas las autoridades de elección popular y la reducción de 35 a 32 años de la edad para poder acceder a la presidencia y a la vicepresidencia del país, informó la legisladora Soledad Buendía, según un comunicado de la Asamblea. Una vez que el bloque oficialista esté de acuerdo en los temas que serán objeto de modificación, se tramitará un proyecto que será sometido a la Corte Constitucional, tal como establece la carta magna ecuatoriana.
Fuente: Infobae – EFE
Foto: Starmedia
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