El hallazgo de unos 800 esqueletos de niños en una antigua fosa séptica cercana a un convento de monjas generó este miércoles polémica en Irlanda, donde la Iglesia católica ha afrontado décadas de escándalos por los casos de abusos a miles de menores.
Aunque aún no hay confirmación oficial, la investigación de una historiadora irlandesa no deja casi lugar a dudas de que podría haber 796 bebés y otros menores enterrados sin identificar en lo que antiguamente era un convento católico en Tuam, en el condado irlandés de Galway (oeste de Irlanda).
Catherine Corless ha descubierto certificados de defunción que indican que cientos de cadáveres de niños pueden yacer en el espacio que ocupaba un tanque séptico del edificio conocido como “El Hogar”, que acogía a madres solteras y que estuvo regido de 1926 a 1961 por la hermandad de monjas de Bon Secours.
La autora dice que es solo la punta del iceberg pues el Gobierno irlandés guarda en secreto los certificados de hasta 4.000 bebés que fueron enterrados en otras fosas sin identificar durante décadas.
Los restos óseos fueron hallados en ese depósito en 1975 pero no ha sido hasta ahora, gracias a esos certificados de defunción, que se ha relacionado ambos hechos y ha llevado a pensar que las religiosas se deshicieron de los cadáveres sin darles un entierro digno.
Ante el estupor general que ha provocado la noticia, el secretario de Estado de Educación y diputado por Galway, Ciaran Cannon, pidió hoy al Gobierno, de coalición entre conservadores y laboristas, que “investigue urgentemente el caso”.
Los ministros de Justicia y de Infancia, Frances FitzGerald y Charlie Flanagan, respectivamente, se han comprometido a estudiar este asunto esta semana para determinar cuál es la mejor vía de actuación.
Los registros a los que ha tenido acceso Corless, después de muchas solicitudes, demuestran que los niños murieron principalmente por enfermedades como tuberculosis, así como por infecciones, defectos de nacimiento y partos prematuros.
Una inspección gubernamental de 1944 ya constató la existencia de malnutrición en algunos de los 271 niños que entonces vivían junto a 61 madres solteras en el convento, que anteriormente había sido una casa de trabajo para indigentes adultos y que hace décadas se demolió para construir viviendas.
En algunas de esas casas de acogida, las monjas llegaron a regentar negocios privados, como en las llamadas Lavanderías de la Magdalena, donde entre 1922 y 1996 miles de internas trabajaron en un régimen de semiesclavitud y abusos.
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Entre los motivos que llevaban a la reclusión de las mujeres, un estremecedor informe oficial en 2013 citó “rechazo de padres adoptivos”, orfandad, “abusos familiares”, “deficiencias físicas o psíquicas”, pobreza y “actitudes inmorales”.
Sobre este nuevo caso, los líderes religiosos del condado de Galway han negado de momento tener conocimiento de las muertes y se han comprometido a recaudar fondos para construir un monumento en memoria de los 796 menores.
El único líder católico que se ha manifestado con cierta contundencia ha sido el arzobispo de Dublín, Diarmuid Martin, quien durante años ha sido uno de los más críticos con la actuación de la Iglesia en los casos de abusos de menores.
“Si no se establece una investigación pública o estatal sobre las cuestiones de gran preocupación que rodean este asunto, será importante que se desarrolle un proyecto de historia social que ofrezca una imagen precisa del papel desempeñado por esas casas de acogida en nuestra historia”, dijo hoy Martin.
El prelado también se mostró partidario, “si hay pruebas”, de que se “excave” la fosa y se “erijan monumentos” en ese lugar que lleven, “cuando sea posible, los nombres de aquellos que murieron”.
Poco después de descubrirse en 1975 los restos en el tanque séptico, los vecinos de la zona levantaron en sus cercanías un pequeño templo a la virgen María en recuerdo de quienes consideraron víctimas de la Gran Hambruna (1740-1741).
La Irlanda de ahora es muy diferente a la de la década de 1970, ignorante respecto al papel desempeñado por la Iglesia católica en la ocultación y protección de sus religiosos en casos de abusos de menores, que han demostrado en los últimos años varias investigaciones del Gobierno irlandés.
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