Con el aval de Cartes, Indert aceptó donación de la firma San Agustín

Con la venia del presidente Horacio Cartes, la Junta Asesora y de Control de Gestión del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) aceptó ayer, en concepto de donación (o renuncia de cobro) G. 14.000 millones de parte de la firma San Agustín, monto que el Estado le adeudaba por la compra de 5.700 hectáreas en Cordillera.

«Ayer (por el martes), en la reunión con el presidente Cartes se plantearon 3 temas respecto a la donación. Uno, si la aceptación implicaba un perjuicio al Estado, y nos dijeron que no. Analizamos si la misma representaba un beneficio para los campesinos, la respuesta fue que sí, porque ya existen personas que quieren pagar por esas tierras. Vimos si la aceptación tendría implicancia en el proceso judicial y estamos seguros de que no, porque el propio fiscal dijo al diario Última Hora que esto no afectaba el proceso», argumentó Cárdenas.

Quienes aprobaron la donación son Jorge Torales, intendente de Repatriación; Rodolfo Friedmann, gobernador de Guairá; Erico Ibáñez, representante del Ministerio de Hacienda, y Cárdenas.

Juan Cáceres, de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), se abstuvo de votar. Por su parte, el representante de la Unión de Gremios del Paraguay (UGP), Herminio Medina, estuvo ausente.

La compra de estas tierras, en donde uno de los accionistas es Lidio Oviedo, padre del senador oviedista Jorge Oviedo Matto, se acordó días previos al pacto político entre el PLRA, entonces partido de gobierno, y el Unace, para las elecciones generales del 2013.

El monto final por el cual se acordó la venta de dicho inmueble, en marzo del 2013, fue de G. 60.294.298.050 y la suma entregada por el Indert fue del 80%, es decir, G. 46.884.846.163.

Según la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción, que investiga el hecho, estas tierras «nunca» debieron ser adquiridas para la reforma agraria porque no son aptas para el cultivo.

«Si el Indert no aceptaba esa donación nos podrían acusar por daño patrimonial porque se trata de una deuda (la que se tiene con San Agustín) y ellos pueden reclamarla jurídicamente», afirmó Cárdenas.

Al ser consultado si esta situación no blanqueaba la investigación del Ministerio Público, Cárdenas respondió que el ente a su cargo no es el que debe dirimir si la compra de las tierra fue o no correcta. «Para eso está la Justicia y ahora no vemos que esta aceptación pueda incidir en la investigación», recalcó.

Por Patricia Vargas 

Fuente Ultima Hora