Las ventas serán a partir del martes en las farmacias a 22 pesos uruguayos el gramo, alrededor de 1 dólar, pero sólo a los que estén registrados, quienes podrán comprar hasta 10 gramos por semana con un máximo de 40 por mes, aunque habrá fuertes multas para las personas que conduzcan o trabajen bajo sus efectos.
El prosecretario de la Presidencia de Uruguay Diego Cánepa anunció que sólo los ciudadanos uruguayos naturales o legales, o aquellos que demuestren residencia permanente podrán registrarse de manera gratuita como «adquirentes de cannabis».
Las drogas podrán ser vendidas sólo en farmacias habilitadas por el ministerio de Salud Pública en donde habrá un software específico diseñado por el gobierno uruguayo.
Cánepa dio a conocer el decreto sobre el «uso personal y no médico del cannabis», que reglamenta la ley que regula el mercado de la marihuana aprobada en 2013, y que entrará en vigencia «el próximo martes, luego de que el lunes sea firmado por el Consejo de ministros».
«La primera licencia incluirá un precio de entre 20 y 22 pesos para la primera venta», definió Cánepa sobre el precio de la droga regulada, que, agregó, «será móvil y fijado por el Estado».
Añadió que «las primeras producciones de la marihuana estarán disponibles para diciembre de 2014».
Para acceder a la marihuana, según lo dispuesto por el decreto de 104 artículos, los usuarios deberán registrarse ante el nuevo Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) para comprar hasta 40 gramos por mes, en envases de hasta 10 gramos.
Los envases deberán estar rotulados, con mensajes de advertencia a la salud y con un tiempo de preservación «de hasta seis meses», destacó el funcionario uruguayo.
La marihuana, que tendrá un máximo de concentración de 15% de THC (el principio activo de la droga), no podrá ser exhibida al público en las farmacias, ni se admitirán la venta telefónica, por internet, o envío a domicilio, según afirmó el futuro presidente del IRCCA, Julio Calzada.
Cánepa explicó que «hace seis meses se está trabajando desde el gobierno nacional con más de 50 personas de siete ministerios (Relaciones Exteriores, Interior, Salud, Economía, Educación, Ganadería, Trabajo, además de Presidencia) donde hubo «más de 60 reuniones de trabajo».
De todos modos, la norma plantea que las formas de acceso a la droga que prevé la ley de 44 artículos aprobada en diciembre de 2013 serán excluyentes, por lo que aquellos que opten por comprar la droga en las farmacias no podrán hacerlo a través de autocultivo ni de clubes cannábicos.
Para la compra en farmacias, los adquirentes las comprarán a través de un sistema electrónico basado en algoritmos generados por las huellas dactilares de los usuarios, «con el fin de resguardar la identidad» de los compradores, aseveró Cánepa.
En lo que respecta al cultivo doméstico, se incluye un tope de producción de seis plantas o 480 gramos por año y por «casa habitación», sin importar cuántas personas vivan allí.
También existe la posibilidad de formar clubes de autocultivo de entre 15 y 45 miembros, con un máximo de 99 plantas, y que deberán hacerlo bajo el régimen de «asociación civil».
Otro de los ejes que establecerá la reglamentación es que quedarán inhabilitados para conducir quienes tengan su capacidad afectada por el consumo de cannabis a los que se aplicará una serie de multas.
«Serán prohibiciones similares a las que existen con el tabaco y el alcohol», aseguró Cánepa, y enumeró entre ellas a la imposibilidad de conducir en la vía pública bajo los efectos de la droga, y de consumir marihuana «en horario laboral» o «en el espacio de trabajo».
Según Calzada, «se deberán plantar un máximo de 10 hectáreas por año para producir entre 18 y 22 toneladas de cannabis», cantidad que se entiende suficiente para abastecer el mercado interno estudiado por Uruguay.
La provisión de la droga para ser distribuida en farmacias se hará a través de un sistema de licencias que distribuirá el IRCCA para aquellos productores privados interesados en plantar el cannabis.
Se hará un llamado a los productores hasta «dos semanas después» de la entrada en vigencia del decreto, con un máximo de seis licencias y un costo a definir, con alrededor de 1.5 hectárea cada una.
«La plantación se hará en un predio del Estado que será dado a conocer cuando se haga el llamado a los productores», agregó Cánepa, que explicó que habrá una serie de 15 condiciones para acceder a las licencias.
Entre ellas están «la especificación de personas físicas y jurídicas licenciatarias, el origen de las semillas y plantas, los varietales, la seguridad a aplicar para los cultivos, la garantía de cumplimiento, y requisitos vinculados al envasado y rotulado».
El IRCCA controlará todas las etapas de plantación, cultivo, cosecha, distribución y venta de cannabis, para lo que podrá contratar el servicio técnico de otras instituciones, públicas o privadas, de acuerdo al texto de la ley.
Además, Cánepa aseguró que el traslado de más de 40 gramos de marihuana «no será considerado de consumo personal» y quedará penado por la ley.
Fuente: Télam
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