El Senado debate desde hace algunas semanas un proyecto de ley que termina de prohibir la publidad de cigarrillos en todos sus términos. Los kiosqueros se han quejado al señalar que la medida los perjudicará porque los dejará en desventaja frente a los vendedores de cigarrillos ilegales. Sin publicidad, argumentan, ya no tendrán cómo competir con los cerca de $ 30 que cuestan las cajillas de contrabando, cuando las suyas valen en el entorno de los $ 80.
En ese marco, los senadores invitaron a una delegación de la Dirección Nacional de Aduanas para que les informara acerca de los controles al contrabando de tabaco. De alguna manera, el oficialismo –que defiende el proyecto de ley– esperaba demostrar con ese aporte que los contrabandistas no la tienen tan fácil.
Sin embargo, la estrategia falló: el personal de Aduanas que concurrió al Senado este martes reconoció que no aplica ningún control a los vendedores informales, lo cual dejó perplejos a los legisladores frenteamplistas y dio pie a la oposición para criticar la política antitabaco.
Según consta en el acta de la sesión, el senador Luis Gallo, de Asamblea Uruguay, planteó como “hecho evidente” que “hay lugares de venta de cigarrillos de contrabando que están a la vista de todo el mundo. Entonces, además del control que se hace en la entrada y en la circulación de los productos de contrabando, ¿se considera que hay que actuar en las bocas de salida? ¿Hay un programa para actuar ahí, o la práctica de la que hablamos se hace en forma libre, prácticamente sin control?”, preguntó.
El gerente del Área Operativa de Aduanas, Andrés Méndez, se sinceró: “Específicamente para eso no tenemos ningún programa. La estrategia es evitar el ingreso, allí donde vienen los mayoristas; es ahí donde podemos concentrar los recursos. No nos sirve correr detrás de un kiosquero que vende uno o dos cartones, porque eso insumiría muchísimos recursos que, por otra parte, no tenemos. Podríamos pasar días y días en las camionetas, vigilando, para juntar dos bolsas con cigarros. Por eso, la estrategia diseñada es otra”.
Gallo, que antes había señalado a Aduanas como “el organismo de contralor” por excelencia, no volvió a intervenir. El único senador que habló luego de las palabras de Méndez fue Luis Alberto Lacalle, que tildó la situación de “paradojal”. Lacalle se refirió con ironía al hecho de que los cigarrillos legales tengan controles sanitarios, restricciones de venta e impuestos, mientras que los ilegales se venden sin vigilancia y sin información sobre qué contienen exactamente.
El gerente de Aduanas señaló que la política de control del tabaco ilegal pasa esencialmente por los operativos en la frontera. Afirmó que en 2013 se incautaron US$ 700 mil en cigarrillos de contrabando. “El año pasado, por ejemplo, hicimos un par de operativos en la frontera norte con Brasil, los cuales arrojaron personas detenidas”, alegó.
Méndez también mencionó que recientemente se inaguraron cuatro “sedes regionales de vigilancia móvil” en Rocha, Salto, Dolores y Tranqueras, para tener “mayor presencia y eficacia” en las rutas.
Consumo de tabaco ilegal bajó, pero poco
Según datos de la Dirección General Impositiva y la empresa de análisis de mercado Euromonitor, el consumo de cigarrillos en Uruguay viene bajando desde 1999, aunque la caída se frenó a partir de 2010. Bajó más la venta de los productos legales (-36,7%) que de los que ingresaron por contrabando (-9,7%), A su vez, en 2013 se comercializaron 27 millones de cajillas de cigarrillos ilegales cuando 15 años atrás se vendían 30 millones.
Fuente: El Observador
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