La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo obtuvo esta tarde dictamen de comisiones en el Senado. El proyecto prevé incentivos para las microempresas que cumplan con los requisitos de registrar a sus trabajadores.
La iniciativa fue pasada a la firma al finalizar el plenario de las comisiones de Trabajo, Presupuesto y Hacienda y Justicia y Asuntos Penales al que asistió el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
“Vamos a emitir el dictamen hoy. La intención y la voluntad es tratarlo en el recinto el miércoles que viene”, anunció el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto.
El senador rionegrino sostuvo que “hay apoyo favorable” para la iniciativa, aunque destacó “algunas miradas en disidencia con respecto a cuestión de sanciones”.
En ese sentido, se refirió a un cuestionamiento hecho por el radical Gerardo Morales, quien si bien destacó que el bloque que él integra “acompañó todos los proyectos sobre trabajo presentados por el Ejecutivo”, echó algunas dudas sobre lo que consideró la “lógica sancionatoria”.
No obstante, el opositor jujeño confió que “el proyecto hace un aporte importante sobre las micro empresas que tienen entre uno y cinco trabajadores”.
En el Salón Azul del Senado el ministro Tomada había mencionado que el objetivo del proyecto es “continuar con la extensión de derechos y con la incorporación de los excluidos y de los más vulnerables que arrancó en mayo de 2003”.
En ese sentido, el funcionario sostuvo que “el trabajo no registrado ha vuelto a ser una anomalía”, aunque aclaró que no cree que el empleo crezca solo por la sanción de esta ley.
Respecto del proyecto, Tomada añadió que “está comprobado que hay un 40 por ciento de empresas formales, todavía, después de 10 años de cambio de paradigma, que mantienen trabajadores no registrados”; y recordó que el índice de trabajo no registrado alcanza al “33 por ciento de los empleados”.
“Necesitamos trabajar sobre un sector de empresas formales y competitivas para que esas empresas formalicen el trabajo no registrado”, dijo Tomada.
El proyecto crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y/o que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
A las empresas que tengan infracciones, además de las sanciones que correspondan, se las incluirá en el mencionado Registro y se les aplicará restricciones que irán desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos.
De la misma forma, se detalla que se incorporarán las sanciones aplicadas por la AFIP en materia de trabajo no registrado y las impuestas por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea).
Los fundamentos del proyecto advierten que durante el plazo en que las empresas sancionadas figuren en el Registro “no podrán acceder a los programas de fomento, beneficios o subsidios financiados por el Estado, ni celebrar contratos con el mismo”.
“Tampoco podrán acceder a las líneas de crédito de bancos públicos”, describe el texto.
Además, el proyecto amplía dos instrumentos actualmente existentes para fomentar la contratación de trabajadores de manera formal.
Por un lado, la Ley 26.476, que prevé beneficios para la contratación de nuevos trabajadores, incluirá mayores incentivos a las pequeñas empresas.
Asimismo, incluye los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, un instrumento que, a través de un acuerdo entre cámaras empresarias y sindicatos, facilitará la registración en actividades agrarias o forestales de gran estacionalidad.
La iniciativa también crea un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas de Menores Niveles de Productividad y Competitividad.
Ese régimen abarca a empresas que tienen hasta cinco trabajadores, que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual.
Para ellas habrá una reducción en las contribuciones patronales de hasta un 50 por ciento de manera permanente y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en ese sector.
Las empresas de hasta 15 trabajadores van a tener un régimen transitorio para la creación de nuevos puestos de trabajo que implicará una disminución de cargas sociales; en tanto que habrá otra escala para las empresas que tengan entre 17 y 80 trabajadores y más de 80 empleados.
Fuente: Télam
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